El testigo clave insiste en señalar al actual alcalde como protagonista del 'caso Grúas'

Llegó a las y 27, sólo 3 minutos antes de la hora a la que había sido citado a declarar, con paso firme, pero tranquilo… Y se fue casi cuatro horas después… a la carrera. No para huir de periodistas (apenas quedaban dos) sino del temporal de lluvia y viento que ya el lunes a mediodía había arreciado. Mediados los poco más de 100 metros lisos que separan el Palacio de Justicia de La Laguna del Ayuntamiento, justo en el centro de la plaza de El Adelantado, el que es considerado "el testigo clave" del caso, fue alcanzado. “¿Qué tal fue la declaración?”... “¿Me estabas esperando con este frío?”, reaccionó, sorprendido, pero de forma amable y con semblante sonriente. Sí, ¿qué le ha contado a la jueza y a los abogados?... “Lo siento, no puedo decírtelo, me debo al sigilo”… No es una respuesta baladí, no. No es una excusa y no es de esas que hay que leer entre líneas, como tampoco hay que leer entre líneas la transcripción que había dejado atrás, firmada.  Gerardo Armas Davara se debe al sigilo porque el ‘deber de sigilo’ es una obligación legal del personal funcionarial. Y de su respuesta al periodista subyace un perfil que es necesario analizar para entender cuánta importancia tiene la literalidad de sus respuestas a las preguntas de la jueza, los abogados de la acusación y el de la defensa.   

Gerardo Armas Davara es viceinterventor municipal del Ayuntamiento de La Laguna, por concurso de méritos (por “concurso de méritos”, esta aclaración es  importante),  pero en funciones de Interventor porque esta plaza, clave en las administraciones públicas ya que se encarga del control legal en el ámbito económico, está “vacante por inexistencia de titular”. Aunque la lógica lleva a pensar que es necesario para realizar esta función que se garantice la independencia y, precisamente por ello, los interventores no son funcionarios municipales sino nacionales,  en 1995, el Gobierno del alcalde Elfidio Alonso modificó la Relación de Puestos de Trabajo para elegir al Interventor “por libre designación”, es decir, como “personal de confianza” o, para ser más claros, seleccionado a dedo. En 1996, el Gobierno de otro fundador de ATI, Manuel Hermoso, se lo permitió y lo hizo apoyándose en una decisión de su predecesor en la presidencia del Gobierno autonómico.  

Jerónimo Saavedra, hoy ‘Defensor del Pueblo’ de Canarias, elegido en 2011 por un Parlamento (y un Gobierno) de mayoría CC-PSOE,  es otro de los protagonistas de la historia política desde que, en 1978 y siendo vicepresidente de la Junta de Canarias (primer órgano de gobierno de las Islas en la proclamada Democracia), compartió sillón con quienes, años después, también fundarían ATI. Saavedra fue expulsado de la presidencia con una moción de censura impulsada por Hermoso pero, meses después, Coalición Canaria escenificaba en Madrid su habitual y tradicional entendimiento con el Gobierno estatal de turno, y allí también estaba Saavedra. En 1994, el entonces ministro de Administraciones Públicas socialista firmó un Real Decreto que deja claro en su artículo 10 que “los puestos de trabajo reservados a funcionarios con habilitación de carácter nacional se proveerán por concurso de méritos”, como es el caso de Gerardo Armas y “será el sistema normal de provisión”. Pero,  a renglón seguido, Saavedra añade que “excepcionalmente, podrán proveerse por el de libre designación” en municipios con más de 100.000 habitantes y más de, ahora, 18 millones de euros de presupuesto. Pues bien, esa “excepción”, ese “podrán” (no “deberán”) se ha convertido en la regla, no sólo en diferentes administraciones públicas de todo el Estado en las que se está alertando de que se pone en riesgo la independencia, sino también en el propio Ayuntamiento lagunero desde que, a finales de 2016, una resolución del Gobierno de Canarias presidido por el exalcalde lagunero Fernando Clavijo, acepta la propuesta del gobierno de José Alberto Díaz para que otros puestos de trabajo en el consistorio lagunero también destinados a garantizar la legalidad  (la Secretaría técnica, la Secretaría General del Pleno, la Dirección del Órgano de Gestión Económico-Financiera… y por supuesto, la Interventor General), sean por “libre designación”.

Gerardo Armas [en la foto de Sergio Méndez para Diario de Avisos] se ha convertido ahora en la excepción o, según se mire, personifica la regla que no se cumple: ese grado de garantía de independencia funcionarial que otorga el no haber sido nombrado a dedo. Y se nota en toda la transcripción de su declaración. La declaración del "testigo clave", sí... pero ¿Por qué es el "testigo clave"? Precisamente porque ejerció su función de control y, nada más empezar  declarar, deja claro cuál es: “El control interno”, que “tiene por objeto verificar que la actuación económica se ajusta a la norma”.

Los “no está entre mis funciones”, o “no me corresponde emitir juicio”, o “no forma parte del ámbito de mi gestión”, o  “excede de mi función”… salpican toda la declaración, dando aún más relevancia, no a lo que deja de decir porque no considera que sea su deber, sino a lo que considera que sí lo es:  Acabando por negarse a firmar su declaración si no se dejaba claro que fue el actual alcalde, y entonces concejal de Seguridad Ciudadana José Alberto Díaz, quien le pidió que se reuniera con los catedráticos de la ULL, y que es la primera vez en su carrera que se usa informes de Catedráticos externos al Ayuntamiento para rebatirle.  También acabando por asegurar que fue Díaz quien le llamó a su despacho para pedirle explicaciones por sus reparos legales al préstamo y a la prórroga de contratación del servicio de Grúas. Y, empezando, por insistir en que sus mantuvo sus reparos en contra de la prórroga ni el préstamo porque “no tenían fundamento jurídico”, que “no estaban amparados legalmente”, “que no se ajustaban a la norma”, que “ no cumplían con las obligaciones del pliego de condiciones”... Pese a toda esa retahíla de consideraciones en sus informes, Clavijo decidió levantar por decreto los reparos. Es decir, que emitió decretos, supuestamente, “a sabiendas” de que sus decisiones eran contrarias a Derecho. Esa es, precisamente,  la definición de `prevaricación’ que citó la Audiencia Provincial en el auto que reabrió este caso.

Cabe recordar que el auto de la Audiencia Provincial que ordenó a la jueza a que reabriera el caso que había archivado, dejó claro que "no se puede excluir" que el levantamiento de reparos realizado por Clavijo "no atente de forma patente y grosera contra la legalidad y la normativa vigente sobre contratos del sector público y haciendas locales que menciona en sus informes Intervención Municipal", así como "tampoco cabe excluir en este momento que [...] no haya actuado con plena conciencia de que resolvía al margen del ordenamiento jurídico y voluntad de hacerlo". Por los "mismos motivos, no cabe excluir en este momento, que estemos ante una conducta típica de malversación de caudales públicos". El presidente de la sala, Joaquín Astor Landete consideró que exisitían “suficientes indicios de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias" en la actuación del presidente y le recriminó a la magistrada de instrucción, Celia Blanco, el haber archivado el caso sin haber investigado. Esto provocó que, dada la mala praxis, la acusación le pidiera a la jueza que elevara la causa al Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) y Blanco lo intentó… pero con un ‘corta y pega’ del auto de la Audiencia, que al TSJC le pareció fuera de lugar.  El Tribunal Superior le ordenó terminar con la instrucción del caso antes y reenviárselo luego con una fundamentación propia en base a esa investigación. La declaración del lunes del Interventor puede que no sea la última antes de que la causa se vuelva a enviar al TSJC para que decida si imputa al presidente del Gobierno de Canarias. Las acusaciones populares han pedido, a la jueza de instrucción, más testificales, entre las que se encuentran las de los trabajadores del servicio de Grúas. También han pedido la del primer concesionario del servicio. José Padilla, que aseguró en su declaración ante la Guardia Civil que, primero, le presionaron desde el entorno de Fernando Clavijo para que contratara a quienes han reconocido en sede judicial haber mantenido una relación de amistad con el hoy presidente canario y, luego, para que vendiera a estos amigos su empresa. El Auto de la Audiencia Provincial recuerda que esos beneficiados por las decisiones de Clavijo registraron la nueva sede de la empresa Grúas, ya a su nombre, en la Administración de Fincas que, hasta 2009, fue propiedad de Fernando Clavijo. Pero la declaración en la que insisten las acusaciones de NC-XTF y Unidxs Se Puede es la del actual alcalde, José Alberto Díaz, y no como testigo.

 Para el portavoz de XTF-NC, el recién profesor jubilado de Derecho constitucional de la ULL Santiago Pérez, la declaración del Interventor fue clave y “marca un antes y un después”. Pérez espera que la jueza recapacite y llame a declarar como imputado a Díaz después de ver como el Interventor no quiso firmar su declaración hasta dejar claro el papel del entonces concejal de Seguridad Ciudadana y hoy máximo mandatario en el Ayuntamiento de la Laguna. Santiago Pérez ha anunciado que ha recurrido la decisión de la jueza de no llamar a declarar a Díaz aunque, en su escrito, la magistrada añadió una coletilla a su respuesta: No, “en este momento”.

Pérez, denunciante del caso, espera que con lo dicho y hecho por Gerardo Armas, ya estemos en otro momento. Y hablando de ‘momentos’, el alcalde ha respondido, a través de su servicio de comunicación que, "de momento", prefiere no hacer declaraciones a este medio. Cabe recordar que el alcalde José Alberto Díaz sí quiso acudir a una entrevista a Mírame TV Canarias para responder a preguntas por el ‘caso Grúas’ hace unas semanas y allí aseguró, ante la insistencia de las preguntas, que él no fue quién le encargó a los catedráticos de la ULL el informe del que aún se desconoce el coste. Lo que sí ha confirmado el Interventor es que sí fue el alcalde quién le pidió que se reuniera con estos catedráticos que hicieron el informe en contra de sus reparos legales.

Por su parte, el otro denunciante, el portavoz de Unidxs Se Puede, Rubens Ascanio, considera que, "con las declaraciones del Interventor, se despejan varias dudas fundamentales: ratifica que las decisiones tomadas carecían de cobertura legal, que no se ajusta a la norma y que es una situación atípica una  concesión de préstamos a una empresa concesionaria además de que, sin ese préstamo, la prorroga del servicio hubiese sido muy difícil”. Para Ascanio, estas declaraciones “que parece que certifican reuniones para tratar de forzar el criterio del Interventor”, hacen que “la imputación de Díaz sea inminente”.  El concejal del grupo mayoritario en la oposición también destacó “el papel clave de los empleados públicos, ya que su negativa a ceder a las artimañas de un Gobierno al servicio de sus amistades, es una parte fundamental que sustenta este caso”.

En la memoria de muchos de esos funcionarios y funcionarias está aquella sala del TEA (Tenerife Espacio de las Artes) que abarrotaron en 2010. La entonces exitosa Fiscal contra los Delitos contra la Ordenación del Territorio y el Medio Ambiente de Canarias y hoy miembro de la Fiscalía Anticorrupción Estatal, Inmaculada Violán, participó en un debate sobre la aplicación del Código Penal en las Administraciones Públicas y sus consideraciones no fueron precisamente bien recibidas por una minoría ruidosa. Lo que prendió los ánimos de los técnicos fue que Violán asegurara que percibe “el miedo, la tensión y la presión a la que se ven sometidos los funcionarios públicos y que me hacen ver que están en situaciones difíciles dentro de la Administración”. Para la fiscal, los empleados públicos “juegan un papel fundamental”, y considera que “la clave, más que en los responsables políticos, está en los funcionarios”.

El adversario de Violán en ese debate era… el abogado defensor que, con acierto, ha titulado esta información.