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La Fiscalía amplía el plazo para investigar al Cabildo por la compra de los terrenos de Geneto

El Ministerio Público solicita una prórroga de seis meses para decidir si existen indicios de delito en la operación que llevó a la Corporación insular a pagar un 500% más por dos parcelas de la ciudad deportiva del CD Tenerife

 

La Fiscalía Provincial ha solicitado una prórroga de seis meses para ampliar el plazo de la investigación abierta por la compra de los terrenos de la ciudad deportiva de Geneto, después de que el interventor general del Cabildo denunciara en octubre una operación que llevó a la Corporación insular a pagar casi 19 millones de euros al CD Tenerife por dos parcelas cuyo valor catastral no llega a cuatro millones de euros.

Según  fuentes oficiales del Ministerio Público, las diligencias de investigación penal abiertas a raíz de la denuncia del interventor del Cabildo de Tenerife siguen en trámite, a la espera de que la Fiscalía General del Estado autorice la prórroga de seis meses que se ha solicitado para continuar con las pesquisas "dada la complejidad de las mismas".

En paralelo, también se investiga una denuncia de la actual consejera delegada del Instituto Tecnológico y de Energías Renovables (ITER), empresa dependiente del Cabildo, por una presunta malversación de fondos de más de 12 millones de euros en la empresa NAP de África Occidental-Islas Canarias SA. Una operación que también está conectada con la compra de los terrenos de la ciudad deportiva de Geneto y por la que ya se han producido las primeras comparecencias en la Fiscalía.

Según la denuncia del interventor general, el Cabildo de Tenerife, bajo la presidencia de Coalición Canaria, compró en enero de 2012 por 18,9 millones de euros dos fincas propiedad del CD Tenerife y de la empresa NAP de África Occidental SA, ubicadas en la ciudad deportiva, cuyo preció se infló mediante una tasación que elevó el coste un 524% por encima del valor de mercado.

La tasación de los terrenos fue encargada a Tinsa, la tasadora de cabecera de CajaCanarias, principal acreedor del CD Tenerife en el momento de la operación, y elaborada por el aparejador Javier Risco Ceniceros, uno de los técnicos que firmó el dictamen que infló el valor de los terrenos del frente de playa de Las Teresitas. Según el informe del funcionario, fechado el pasado 9 de octubre, la cantidad abonada por el Cabildo “representa un incremento del 524%” con respecto al valor catastral de las parcelas en 2017.

Para llegar al precio final que aceptó el Cabildo, según relata el funcionario, la tasación utilizó como referencia valores de las vías más céntricas de Santa Cruz de Tenerife. El informe asevera que se usaron como testigos datos de las calles del Castillo, del Pilar o Valentín Sanz; a pesar de que los terrenos adquiridos se encuentran a 12 kilómetros, en San Bartolomé de Geneto.


NAP

La denuncia que ha presentado la actual consejera delegada del ITER en la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, por una presunta malversación de fondos en el NAP, describe con detalle cómo se desviaron más de 12 millones de dinero público para tapar los agujeros de una empresa en números rojos y permitir  que los accionistas privados, que acumulaban más del 50% de la entidad, no sacrificaran ni un céntimo de su patrimonio. Un negocio sin riesgos alicatado desde las arcas del Cabildo y donde también jugó un papel clave la extinta CajaCanarias.

Una vez que reciba el visto bueno de la Fiscalía General del Estado, el Ministerio Público tendrá seis meses para decidir si archiva la investigación abierta o presenta una denuncia por apreciar indicios delictivos en las operaciones desarrolladas por el Cabildo de Tenerife. El tiempo juega un papel determinante en la causa, ya que el propio interventor advirtió en su escrito del temor a que los hechos denunciados pudieran estar prescritos.