La transparencia del Cabildo de Tenerife no incluye el gasto de la publicidad institucional
La transparencia del Cabildo de Tenerife no incluye a las partidas que destina a la publicidad institucional. La corporación insular rechazó, con los votos Coalición Canaria y PSOE, una moción del grupo Podemos que pedía que se publicaran, pero la formación morada se ha propuesto que se conozcan antes de las elecciones locales del 26 de mayo y está dispuesta a llegar hasta los tribunales “si es necesario”.
La negativa del grupo de gobierno de la corporación insular a facilitar el gasto que realiza la institución en publicidad vulnera las leyes de transparencia estatal y canaria, el reglamento del propio Cabildo de Tenerife y las normas nacionales y regionales sobre la contratación de las administraciones públicas.
Aunque la moción que defendió Fernando Sabaté quedó en saco roto, Podemos exigirá por escrito esta información y si no obtiene respuesta recurrirá al Comisionado de la Transparencia, para finalmente llevar el asunto ante la Justicia.
La opacidad de las administraciones públicas canarias sobre cómo gastan el dinero público en los medios de comunicación ya ha sido objeto de resoluciones por parte del Comisionado de la Transparencia, que advirtió en 2017 al Ayuntamiento de Las Palmas y este mismo año a la Consejería de Turismo del Gobierno de Canarias que no solo están obligados “por la norma canaria a entregar la información sobre publicidad institucional a aquel solicitante que la reclama sino que ha de publicarla en su portal de transparencia o página web”.
Para realizar esta afirmación, el Comisionado recuerda que la publicidad institucional está regulada en las leyes 29/2005, de 29 de diciembre, de Publicidad y Comunicación Institucional; y en la 2/2007, de 9 de febrero, y que en ellas se cita el principio de transparencia “como uno de los elementos básicos al que debe estar sometida la publicidad institucional”. A estas dos leyes canarias añade otras dos estatales, de 2005 y 2013, que dejan claro que los organismos públicos han de dar a conocer todas las actividades de publicidad y de comunicación que desarrollen. Finalmente, cita la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y que recoge que se deberán publicar "los gastos realizados en campañas de publicidad o comunicación institucional, los contratos celebrados incluyendo la información”, incluyendo los contratos menores, así como los planes de medios correspondientes en el caso de las campañas publicitarias.
Las sentencias
La Administración estatal tampoco se libra a la hora de escatimar datos e información sobre su gasto en medios de comunicación y campañas publicitarias. Algunas de las reclamaciones de ciudadanos y de medios de comunicación han acabado en los tribunales.
En 2017 el Ministerio de Defensa se vio obligado a facilitar los datos de su publicidad institucional después de perder un recurso ante el Juzgado Central de lo Contencioso-Administrativo nº 2 contra la resolución del Consejo de Transparencia. En esta ocasión, la iniciativa partió de un ciudadano, que presentó varias solicitudes de acceso a la información dirigidas a todos los Ministerios y que tenían por objeto conocer el listado de campañas realizadas y el presupuesto ejecutado, de cada uno de ellos, desde 2012 a 2015, desglosado por los medios de comunicación participantes en las campañas.
Medios de comunicación como eldiario.es también han logrado que los tribunales les den la razón. Este digital consiguió en 2018 una sentencia favorable que obligaba al Ministerio de Sanidad a informar cómo distribuía el dinero público de la publicidad institucional entre la prensa, diarios digitales, radio y televisiones españolas. Esta era la segunda sentencia que eldiario.es ganaba, después de lograr otra en los mismos términos para el Ministerio de Defensa en la Audiencia Nacional.