El fiscal ve cohecho en el caso de las obras del hotel Sir Anthony
El fiscal de la pieza separada del caso Arona, que se ha juzgado esta semana en la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, afirmó esta mañana en sus conclusiones, durante la última sesión de la vista oral, que ve "indicios de cohecho" en la causa del hotel Sir Anthony, perteneciente al grupo Mare Nostrum. El representante del Ministerio Público cuestiona las contrapartidas que recibió el exalcalde de Arona, José Alberto González Reverón, pero no incluye este delito en su acusación, que limita a una presunta prevaricación por permitir obras mayores sin licencia urbanística en el complejo turístico (pincha aquí para ver la exposición de las conclusiones del fiscal).
El representante de la Fiscalía Anticorrupción, Jaime Serrano-Jover, mantiene las acusaciones que ya formuló el Ministerio Público antes de la celebración del juicio, por las que pide nueve años de inhabilitación para el exalcalde de Coalición Canaria y un año de cárcel y diez de inhabilitación para el exedil de Urbanismo Antonio Sosa, al que añade un supuesto delito de malversación de caudales públicos.
Tras la declaración de los últimos testigos, a lo largo de la jornada de hoy, las acusaciones contra el exconcejal de Urbanismo se desinflaron, especialmente las relacionadas con el delito de malversación, vinculado a las dietas que Antonio Sosa cobró, y posteriormente devolvió, por su asistencia a una feria en la ciudad alemana de Münich, a través de un viaje que pagó la empresa concesionaria del servicio de residuos del municipio tinerfeño.
A pesar de que el fiscal considera que se habría cometido cohecho en el caso del Sir Anthony, no incluirá esta acusación en su escrito al haber sido descartado este delito durante la última fase de la instrucción, que no llevó él directamente sino su homóloga para cuestiones medioambientales. El hotel reformó toda la fachada del edificio y algunas partes del interior sin tener la preceptiva licencia de obra mayor y con la permisividad del Ayuntamiento de Arona, que no paralizó los trabajos hasta que ya estaban prácticamente concluidos. En paralelo, González Reverón se beneficiaba del uso de habitaciones para su disfrute personal en el propio complejo Mare Nostrum, como ha quedado acreditado en distintas conversaciones telefónicas intervenidas en la causa.
Jaime Serrano-Jover insistió durante sus conclusiones en que el hotel "no tenía ninguna licencia para hacer las obras, ni menor ni mayor", y recordó, como ratificó una de las inspectoras de Urbanismo que visitó las instalaciones, que desde mayo de 2008 se podían haber parado los trabajos. La orden de suspensión, sin embargo, no se produjo hasta enero de 2009.
"El alcalde conocía la infracción desde el primer momento", aseveró en referencia a las constantes conversaciones telefónicas que mantenía con uno de los responsables del hotel, Rafael Estartús, que incluso admitió durante su declaración como testigo que González Reverón "era consciente" de la ilegalidad. "Podía haber mandado a los técnicos a parar las obras o podía habérselo comentado al concejal de Urbanismo, pero prefiero comenzar con algo a lo que estamos acostumbrados, los atajos". Aunque también mantiene su acusación por este caso contra Antonio Sosa, el fiscal admitió que su participación no está tan clara.
Igual de contundente se mostró el fiscal, con argumentos similares, en el caso de la vivienda de un primo segundo de González Reverón, que realizó obras sin licencia en un inmueble del barrio de Buzanada. El representante del Ministerio Público insistió en que el exalcalde "conocía la situación" y tenía fórmulas para solucionar la ilegalidad: "Está autorizado para mandar a los técnicos y también podía haber avocado las competencias", que en ese momento estaban delegadas en el concejal de Urbanismo.
En relación a la contratación de cuatro trabajadores externos en el área de Medio Ambiente, cuyo responsable era Antonio Sosa, Serrano-Jover defendió que existe un "fraude de ley", ya que aunque la legislación permite este tipo de contratos menores, siempre y cuando no superen los 18.000 euros y no duren más de un año, insistió en que "no se puede contratar cualquier cosa". El fiscal no entiende por qué se incorporó a personas sin formación específica en la materia cuando, en algunos casos, "los servicios eran muy técnicos".
Aunque también mantiene la acusación por malversación de caudales públicos contra Antonio Sosa por cobrar dietas por un viaje a Münich que le pagó la empresa concesionaria del servicio de residuos, y que posteriormente devolvió, reconoció que "no tiene mucho recorrido" y dejó "sobre la mesa" de los magistrados de la Audiencia Provincial la interpretación del caso.
Defensas
Como era de esperar, los abogados de los dos acusados pidieron la libre absolución para sus representados. La letrada que defiende al exalcalde, Olga López, aprovechó su intervención para criticar duramente al juez instructor, Nelsón Díaz, decano de los Juzgados de Arona, al que acusó de "partidista", y volvió a recordar que pedirá la nulidad de las intervenciones telefónicas.
Olga López (pincha aquí para ver sus conclusiones) admitió que "ha habido irregularidades", pero aseveró que "son administrativas, no penales". La abogada, que afirmó que un alcalde "no puede estar haciendo de policía", se refirió a las obras del hotel Sir Anthony y la vivienda de Buzanada como trabajos "legalizables". También basó su defensa en que finalmente se abrieron expedientes sancionadores y achacó que se tardara años en dictar las resoluciones a "la patente mala organización" administrativa del Ayuntamiento de Arona.
"No ha habido intención de delinquir, si la hubiera habido lo que habría hecho el alcalde es tapar el caso", concluyó. Para Olga López, González Reverón, que a partir de enero será juzgado por el grueso del caso Arona, ha sufrido "la pena de banquillo" durante estos años.
Por su parte, Fredy Santos, abogado del exconcejal de Urbanismo (pincha aquí para ver sus conclusiones), se felicitó por el hecho de que el fiscal "no tenga claros" los delitos de los que acusa a Antonio Sosa. Así, destacó que "se ha demostrado" que su defendido no tenía por qué saber lo sucedido con las licencias del hotel Sir Anthony y la vivienda de Buzanada.
Además de aplaudir las dudas del fiscal sobre la presunta malversación en el cobro de las dietas por el desplazamiento a Münich, insistió en que el "delito no cabe" en este caso "porque el viaje estaba justificado". Aunque breve, dedicó más tiempo a argumentar la absolución que pide para Sosa por la incorporación de personal externo. "No se cumplen los principios de igualdad porque los contratos menores son una excepción a esos principios", explicó. También recordó, como aseguró el jefe de Sección durante su declaración como testigo, que "no había personal" en Medio Ambiente que pudiera haber desempeñado las labores "de interés general" que llevaron a cabo los autónomos que se contrataron.
La pieza separada queda ahora pendiente de la sentencia que dicten los tres magistrados que componen la Sección Sexta de la Audiencia Provincial. En enero, a partir del día 12, comenzará el juicio por el sumario principal del caso Arona, por el que 16 personas, entre ellas González Reverón y Antonio Sosa, se sentarán en el banquillo acusados por múltiples delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y cohecho.
(Fotos: arriba, el fiscal (d) charla con el abogado Fredy Santos (i); abajo, los dos acusados).