Los areneros tendrán que pagar 170 millones para evitar la cárcel
Los tres areneros que se declararon culpables de extraer áridos de forma ilegal en los barrancos de Güímar, entre los que destaca Antonio Plasencia, expresidente de la patronal de la construcción y condenado por el caso Las Teresitas, tendrán que hacer frente a una fianza de casi 170 millones de euros para evitar su entrada en la cárcel.
Un auto de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, al que ha tenido acceso mirametv.com, ha acordado este jueves la prórroga durante un año de las penas privativas de libertad a las que fueron condenados Antonio Plasencia, Pedro Sicilia y Enrique Morales. A cambio, los areneros tendrán que cumplir con "la obligación de afianzamiento de sus responsabilidades", tal y como se adoptó en la resolución que ordenó la apertura del juicio oral, en diciembre de 2014.
Con la intención de que los condenados garanticen el dinero necesario para la restauración de las canteras de Güímar, el auto pide a los areneros que depositen una fianza total que ronda los 170 millones de euros. El empresario que tendrá que hacer frente a una mayor cuantía es Antonio Plasencia, cuya responsabilidad supera los 66 millones. Enrique Morales deberá abonar cerca de 63 millones, mientras que Pedro Sicilia se enfrenta a un desembolso de 39 millones. La resolución judicial no establece plazo, por lo que el abogado de la acusación popular, Carlos Álvarez, considera que los areneros deben asumir su responsabilidad económica "de forma inmediata".
Hay que recordar que el único de los acusados que no se declaró culpable antes del juicio, Francisco Javier Del Rosario, cumple en la cárcel una pena de tres años de prisión. El resto de acusados fueron condenados a solo un año y tres meses al aceptar una sentencia de conformidad. Todos están obligados a la restauración del equilibrio ecológico perturbado en los barrancos de Güímar.
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial, que preside el magistrado Joaquín Astor Landete, ha rechazado todos los argumentos usados por los condenados en su defensa. Los areneros culpan a las administraciones del retraso de los planes de restauración, pero la Sala replica en el auto que esta situación no les exime "de la obligación de presentar un proyecto restaurativo y acomodarlo a las exigencias derivadas de la normativa en vigor", lo que no se ha producido en ninguno de los casos.
Para saber más sobre el atentado ecológico en los barrancos de Güímar, aquí está el enlace del programa de Despiertos Hoyos de Ambición.