La Audiencia ordena la investigación del alcalde de La Laguna con un nuevo varapalo para la jueza del caso Grúas
La Sala estima el recurso de la acusación popular y vuelve a contradecir a la instructora de la causa / El auto destaca la participación de José Alberto Díaz en el expediente que provocó la concesión de un préstamo de 120.000 euros a una concesionaria arruinada y en la prórroga del servicio para la retirada de vehículos / La decisión de tomar declaración como imputado al dirigente de Coalición Canaria acerca la investigación a la figura de Fernando Clavijo
La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha dictado un auto, al que ha tenido acceso mirametv.com, en el que ordena que se tome declaración en calidad de investigado al alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz (CC). La resolución judicial, adelantada este miércoles por Canarias Ahora y Diario de Avisos, supone un nuevo varapalo para la jueza que instruye el caso Grúas, Celia Blanco, que el pasado mes de febrero rechazó un recurso de la acusación popular, que representa a XTF-Nueva Canarias, donde se solicitaba la imputación del dirigente nacionalista.
No es la primera vez que la Audiencia Provincial obliga a rectificar a la jueza que se encarga de la causa desde el Juzgado de Instrucción Número 2 de La Laguna, que poco después del inicio de las diligencias dictó el sobreseimiento provisional sin llevar a cabo gran parte de las actuaciones reclamadas por las acusaciones. La decisión desencadenó un recurso de los denunciantes, los concejales Santiago Pérez y Juan Luis Herrera, estimado por la Sala que preside Joaquín Astor Landete, que obligó a continuar con unas pesquisas que apuntan en el horizonte a la figura del actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
El nuevo auto judicial da la razón a la acusación popular y ordena que se tome declaración al alcalde de La Laguna en calidad de investigado. La Audiencia Provincial considera que de las diligencias practicadas hasta el momento "se desprende indiciariamente que el señor Díaz Domínguez participó, mediante la emisión de informes y propuestas favorables, en la tramitación del expediente administrativo" del caso Grúas. No hay que olvidar que el actual máximo representante del Ayuntamiento de Aguere ocupaba la Concejalía de Seguridad Ciudadana en el momento de los hechos investigados, aunque no firmó los decretos que sirvieron para levantar los reparos del interventor municipal a la concesión de un préstamo de 120.000 euros a la concesionaria del servicio municipal de grúas y la prórroga del servicio.
La acusación popular, que lleva una marcha más rápida que la usada hasta el momento por la Fiscalía, recuerda en su recurso que cuando el Decreto de 27 de agosto de 2014 fue firmado por el edil Antonio Pérez Godiño, hasta hoy el único investigado en la causa, José Alberto Díaz se encontraba de vacaciones. Los denunciantes destacan que fue el actual alcalde la persona que "propuso la concesión del préstamo de 4 de junio de 2014, la prórroga del contrato con la empresa y el levantamiento de los reparos".
La Audiencia considera que la participación activa de José Alberto Díaz en el expediente investigado es motivo suficiente para que su citación como investigado "esté fundamentada en este momento procesal". El auto estima el recurso de la acusación popular sobre la imputación del alcalde de La Laguna y considera que ha quedado "subsanado" el error de la jueza de instrucción que provocó que se citara en calidad de testigos-peritos a los asesores externos en los que se apoyó Clavijo para conceder el préstamo a Autogrúas Poli SL, después de que durante su declaración se aclarase que lo hacían solo como testigos.
(AMPLIACIÓN)
Cabe recordar que se trata de otro de los tirones de oreja (ya van unos cuantos) que le han dado a la jueza desde instancias superiores debido a su errática instrucción del caso Grúas.
Primero, fue el propio Landete desde la misma Audiencia Provincial, quien ordenó la reapertura del caso en un auto que criticó con inusual dureza que la jueza, con apoyo de la Fiscalía, decidiera archivarlo provisionalmente sin realizar ninguna diligencia de investigación pese a que el presidente de la Audiencia apreció que existían "suficientes indicios de la comisión de delitos de prevaricación administrativa, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias" y centró la presunta autoría en el actual presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo.
Luego fue el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) el que afeó la labor de la titular del juzgado nº2 de La Laguna al quejarse del corta y pega que hizo Celia Blanco del auto de reapertura de Landete, con el que intentó darle otra patada al caso y elevarlo al TSJC, el tribunal encargado de decidir si finalmente imputa a Clavijo ya que el presidente canario es aforado. En su escrito, el presidente del TSJC, le ordenó a la jueza que terminara con las diligencias de investigación, es decir, con las declaraciones de testigos e imputados para luego elevar una “nueva exposición razonada” que esta vez no plagiara la de la Audiencia Provincial y “que contenga los indicios, a tenor de las diligencias practicadas y obrantes en las actuaciones, por lo que considere que el aforado Exmo. Sr Clavijo Batlle [sic], ha podido o debido participar en alguna de las actuaciones irregulares denunciadas, referidas a los supuestos delitos de prevaricación, malversación y/o tráfico de influencias”.
Dos días después del escrito del TSJC, el 14 de diciembre de 2017, la jueza en primera instancia del caso Grúas responde a la solicitud de las acusaciones (XTF-NC y Unid@s de Puede) denegando que el actual alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, declarase “de momento” como imputado en la causa. Y un día después, citó a un testigo clave, el interventor municipal en funciones quien, justo un mes después, el 15 de enero, no quiso firmar su declaración sin señalar a Díaz como protagonista del caso Grúas.
Esta declaración provocó que, dos días después, la jueza llamase a declarar a los dos catedráticos de Derecho de la Universidad de la Laguna en cuyo informe externo, que resultó ser sólo “teórico”, se apoyó el hoy presidente del Gobierno canario y entonces alcalde de La Laguna, Fernando Clavijo, para levantar los reparos legales que el Interventor formuló.
Los dos catedráticos declararon finalmente como testigos (en dos jornadas con 15 días de diferencia por culpa de un aviso de bomba) pero la jueza los había citado como “testigo-perito” lo que motivó que XTF-NC recurriera el auto de Celia Blanco ya que la condición de “peritos” otorgaba cierta imparcialidad a sus declaraciones. Finalmente, la Audiencia Provincial aceptó la explicación de la titular del juzgado de instrucción nº2 de La Laguna que asegura que se trató de un “error informático” y que los catedráticos firmaron sus declaraciones como “testigos” exclusivamente.
Cabe señalar que estos dos catedráticos (uno, familiar de Clavijo y, otro, su jurista de cabecera), se reunieron con Interventor, quien declaró que el encuentro fue a petición del entonces concejal de Seguridad Ciudadana y hoy alcalde de La Laguna, José Alberto Díaz, cuando le llamó a su despacho para pedirle explicaciones por el primero de sus informes de reparos legales.
Fue el pasado 5 de febrero cuando la jueza Celia Blanco volvió a rechazar en un auto desestimando el recurso de reforma presentado por Santiago Pérez y Juan Luis Herrera (XTF-NC) para que el alcalde de La Laguna declarase como imputado, algo que ahora deberá hacer porque quien ordenó la reapertura del caso también “revoca” ahora la decisión de la jueza para que “sea acordada la diligencia de investigación solicitada por los recurrentes”, es decir, la declaración como “investigado” (imputado) del actual alcalde de La Laguna.