La Justicia investiga precios inflados y pagos irregulares en la obra del canal de Barlovento

La Fiscalía Anticorrupción denuncia a dos ex altos cargos del Gobierno de Canarias y a dos funcionarios por prevaricación y malversación

El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de Santa Cruz de La Palma investiga presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos vinculados con la segunda fase de los trabajos de reparación del canal Barlovento-Fuencaliente, una obra de emergencia que el Gobierno de Canarias adjudicó a Dragados en 2010 por 3,6 millones de euros. Las diligencias parten de una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que detectó indicios delictivos en las actuaciones del exconsejero del Gobierno de Canarias Juan Ramón Hernández, del exdirector general de Aguas Mariano León, y de los funcionarios Pedro Calderón y Francisco Javier González.

Según consta en la documentación a la que ha tenido acceso mirametv.com, la Policía Judicial de la Guardia Civil elaboró un atestado en 2016 en el que describió la existencia de diversas irregularidades en los trabajos de reparación del canal de Barlovento-Fuencaliente, consistentes en la construcción de un túnel de trasvase sobre el Barranco del Río. Los agentes que llevaron a cabo la investigación pusieron de manifiesto la presencia de indicios que apuntaban a precios inflados, pagos por medidas que no se correspondían con las obras ejecutadas y otros gastos sin justificar.

La Guardia Civil también interrogó al primer director de la obra, el ingeniero Carlos Soler, después de que hiciera públicas sus discrepancias con la empresa en diversos medios de comunicación. Las presuntas irregularidades que encontró durante los trabajos desencadenaron su negativa a certificar precios que presentaba Dragados. La actitud del funcionario y sus declaraciones a la prensa provocaron que fuera expedientado por el Gobierno de Canarias, suspendido de empleo y sueldo, además de trasladado a la Consejería de Hacienda. El Supremo ratificó recientemente una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) que dio la razón a Soler y condenó al Ejecutivo autonómico a devolverle las retribuciones que dejó de ingresar.  

El atestado de la Guardia Civil dio pie a una investigación de la fiscal jefa de Anticorrupción en la provincia tinerfeña, María Farnés Martínez, que culminó en enero de 2017 con una denuncia por presuntos delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos en el Juzgado Decano de Santa Cruz de La Palma, así como la posterior apertura de diligencias previas.

El Ministerio Público, aunque admite que durante la investigación han aparecido "indicios de la posible comisión de un hecho delictivo por parte de Juan Ramón Hernández", exconsejero del Gobierno autonómico y actual diputado regional de Coalición Canaria, propuso al Juzgado en su denuncia que no se instruyera la causa contra el parlamentario por su condición de aforado, lo que obligaría a remitir el procedimiento al TSJC.

En la línea que ha marcado la jurisprudencia en otros procedimientos similares por delitos de corrupción, la fiscal María Farnés Martínez solicitó que el Juzgado llevará a cabo "las actuaciones pertinentes para la averiguación de los hechos, debiendo abstenerse de practicar diligencia alguna que suponga la investigación de la concreta responsabilidad de la persona sometida a fuero". Una estrategia jurídica que persigue, como se argumenta en la denuncia, consolidar unos "indicios fundados de responsabilidad penal" que permitan dirigir el procedimiento contra el exconsejero, si así se acordase, previa exposición motivada de las actuaciones a la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

Una indicación que ha seguido el Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de La Palma, que hasta el momento ha tramitado las diligencias sin apuntar directamente a la figura de Juan Ramón Hernández. En los últimos meses se ha tomado declaración a diversos testigos, entre los que figura el propio Carlos Soler. El testimonio del funcionario, que se produjo el pasado 7 de noviembre de 2017, fue interrumpido por la petición de uno de los abogados de las defensas, que solicitó la declaración del primer director de la obra, así como de otra de las personas de su equipo, en calidad de investigados. La reclamación ha sido desestimada por el instructor del caso.  


Indicios de delito

Anticorrupción encontró indicios de delito en varias actuaciones y pagos que constan en el expediente. La primera irregularidad está relacionado con la vía administrativa que se adoptó para adjudicar la obra, ya que el Ministerio Público concluyó en su denuncia que la decisión de utilizar la declaración de emergencia se tomó sin que "fuera acompañada o amparada en ningún informe técnico". La iniciativa partió de uno los funcionarios investigados, el ingeniero Pedro Calderón, que también solicitó a la Dirección General de Aguas que se contratara a Dragados para realizar los trabajos por ser una empresa que "cuenta con suficiente implantación en la isla, medios humanos y materiales, solvencia y conocimiento de la zona como para llevarlos a cabo con la máxima rapidez y eficacia".

La petición del técnico fue correspondida por el exdirector general de Aguas del Ejecutivo regional, Mariano León, también investigado, que elevó la propuesta al exconsjero Juan Ramón Hernández. La emergencia se justificó debido a dos averías que se descubrieron en el canal, provocadas por un temporal que tuvo lugar a finales de 2009, y que suponían "un grave peligro de desabastecimiento de parte de la isla de La Palma". El incidente meteorológico aceleró un expediente que se había iniciado en 2005 con la redacción de un proyecto básico por encargo del Consejo Insular de Aguas. 

La denuncia de la Fiscalía cuestiona el procedimiento al considerar que las obras de emergencia "podían haber sido ejecutadas de forma totalmente independiente al proyecto básico, que podía haber continuado su tramitación por vía ordinaria". La Consejería de Obras Públicas optó por adjudicar todos los trabajos, y no solo las actuaciones para solucionar las averías, a la empresa Dragados por 3,6 millones de euros, lo que permitió a la constructora acceder a un importante contrato público sin tener que concurrir a un concurso abierto

En las diligencias que se siguen en el Juzgado de Santa Cruz de La Palma consta un informe realizado por un consultor de servicios para el Gobierno de Canarias en el que se hizo constar que "en el expediente de contratación no concurrían los requisitos exigidos para declarar la tramitación de emergencia". El dictamen también concluyó que "la existencia de un proyecto básico no debió ser suficiente para abordar unas obras de tal magnitud". La complejidad de los trabajos se vio agravada por la decisión del Consejo Insular de Aguas de que se garantizase el caudal durante el tiempo que duraran las obras. 

Al igual que hiciera el ingeniero que puso sobre la mesa la propuesta inicial, el exdirector de Aguas también recomendó que la obra se adjudicase a Dragados. A la fiscal María Farnés Martínez le llamó la atención que, en el momento de los hechos investigados, la constructora estaba representada en Canarias por el marido de la entonces gerente del Consejo Insular de Aguas de La Palma, Mercedes Rodríguez. La representante de Anticorrupción lo resumió en un frase extraída de la denuncia: "La obra impulsada por el titular del órgano administrativo es ejecutada por la empresa constructora de la que es delegado su esposo". 

La Consejería de Obras Públicas, como consta en la certificación final de los trabajos, pagó a Dragados de forma íntegra los 3,6 millones de euros del contrato, a pesar de que durante la ejecución del proyecto se llevaron a cabo modificaciones que, en opinión del Ministerio Público, "podían haber disminuido el precio". Por ejemplo, desde el kilómetro 13 de la excavación se redujo el tamaño del túnel, que pasó de 3,20 x 3 metros a 3 x 2,95 metros, lo que supuso un ahorro en la cuantía fijada en el proyecto básico. 

No le salen tampoco las cuentas a la Fiscalía cuando se trata de calcular el coste de los explosivos empleados durante los trabajos. El proyecto básico establecía que el 60% de la excavación se llevaría a cabo por medios manuales y el resto mediante detonaciones controladas. Unas cifras que se invirtieron a la hora de pagar a Dragados, que cobró como si los explosivos se hubieran utilizado durante el 60% de la excavación. La empresa pasó un gasto de 13.623 kilogramos de carga explosiva, cuando "la realidad es que el consumo que se efectuó fue de 6.630 kilogramos", como explicó en su denuncia la representante de Anticorrupción. 

Otra de las irregularidades que no pasa por alto la fiscal tiene que ver con la desviación que se produjo en los últimos metros del túnel. El cambio en el proyecto inicial hacía innecesaria la construcción del acueducto que iba a comunicar con la futura boca norte. En la denuncia de Anticorrupción se asegura que, pese a ello, se cambió "la tubería de vidrio originalmente contemplada por otra de polietileno". 

La fiscal ha solicitado, además de que se tome declaración a los tres investigados, a la espera de la necesaria remisión del caso al TSJC por la parte que afecta al exconsejero aforado, que se realice una prueba pericial que determine el valor real de la obra. 

La segunda fase de la obra de reparación del canal de Barlovento-Fuencaliente fue incluida en un convenio de colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y el Gobierno de Canarias, de manera que el Estado se encargaba de sufragar las obras y el Ejecutivo autonómico se hacía responsable de su contratación y dirección. Aunque el proyecto básico se presentó en 2005, el procedimiento administrativo para la licitación de la obra no comenzó hasta 2009. Después se produjeron las averías causadas por el temporal y se llevó a cabo la declaración de emergencia, que culminó con la adjudicación de los trabajos a Dragados por 3,6 millones de euros.