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La jueza del caso Corredor ve indicios para juzgar a 17 miembros de la trama por defraudar 4,5 millones a la Seguridad Social

El Juzgado da por finalizada la instrucción de una pieza separada que relaciona al abogado Evaristo González con una red de 38 empresas vinculadas con el ocio lagunero / El auto describe la telaraña de sociedades como "una presunta organización criminal perfectamente estructurada y con una jerarquía clara"

El Juzgado de Instrucción Número 1 de La Laguna dictó el pasdo 15 de febrero un auto, al que ha tenido acceso mirametv.com, que da por finalizada la investigación de una pieza separada del caso Corredor y abre la fase de procedimiento abreviado. La juez Celia Blanco, que también se encarga de instruir el conocido como caso Grúas, ve indicios de delito para sentar en el banquillo al empresario Evaristo González Reyes y a otros 16 miembros de la trama por un presunto fraude a la Seguridad Social de 4,5 millones de euros.

Ocho años después de que se abrieran las primeras diligencias, una de las investigaciones más extensas de los últimos años en Canarias, con un sumario que supera los 10.000 folios, avanza hacia la meta. Después de que en 2015 se archivara la conocida como pieza 22, por la que se investigó a velocidad de crucero al actual presidente de Canarias, Fernando Clavijo, el resto de la instrucción del caso Corredor ha seguido un camino que conducirá al banquillo de los acusados a un empresario que se ha enriquecido al calor del ocio lagunero.  Evaristo González Reyes y varios de sus colaboradores serán juzgados a partir del próximo 7 de mayo por seis delitos de estafa, por los que la Fiscalía pide 16 años de cárcel para el considerado cabecilla de la trama.

Con el auto de la jueza Celia Blanco se cierra ahora el único fleco pendiente, el de la pieza 21, en la que se han investigado delitos contra la Seguridad Social, falsificación de documentos dentro de organización o grupo criminal, y estafa. Durante la instrucción, tal y como relata la resolución judicial, se ha desvelado la existencia de una red de 38 empresas controladas por Evaristo González, por medio de las que habría defraudado una cantidad que, según la Policía Judicial, supera los 4,5 millones de euros.

Aunque parte de las actuaciones del caso Corredor se vieron afectadas por la anulación de las escuchas telefónicas practicadas entre septiembre de 2010 y enero de 2011, detonante que conllevó el rápido archivo de la pieza separada por la que se investigó a Clavijo, en el sumario constan indicios suficientes para sentar en el banquillo al conocido empresario lagunero y a un grupo importante de personas que supusieron "una cooperación imprescindible", según el auto judicial. Son los denominados hombres de paja, como los describió durante la instrucción uno de los cinco jueces que han llevado el caso, César Romero Pamparacuatro, apartado de la investigación por una querella de Evaristo González, que fue archivada. 

El auto de la jueza Celia Blanco relata las prácticas habituales de la red orquestada por el abogado lagunero, como la realización de contratos falsos para defraudar a la Seguridad Social o a terceras personas. Las investigaciones vinculan a González Reyes con la "dirección" de, al menos, un total de 38 sociedades. Muchas de ellas están relacionadas con destacados establecimientos, algunos ya cerrados, del ocio lagunero: el pub Kapitel, la discoteca Palco, el Café Don Tito, el pub Mónaco, la Cafetería Royal, o la Tasca El Obispado.

Los hechos probados durante la instrucción, según el auto dictado el pasado 15 de febrero, ponen al descubierto "una presunta organización criminal destinada a ocultar beneficios y defraudar a la Seguridad Social, organización perfectamente estructurada, permanente en el tiempo, con una jerarquía clara del señor González Reyes, tanto ideológica como operativa".

La creación del entramado empresarial permitió al letrado lagunero "dividir las responsabilidades pecuniarias, utilizando de modo indistinto las entidades", explica la jueza. El modo de proceder consistía en no abonar las cuotas de los trabajadores a la Seguridad Social por una supuesta insolvencia, pese a que los negocios eran "productivos", o imputarlas a otras sociedades de la red. También ha quedado acreditado el uso de la trama para defraudar a terceras personas y adquirir bienes o servicios, que luego no eran abonados, mediante entidades en las que figuraba una "solvencia inexistente".

En algunos de los establecimientos se encontraron múltiples ilegalidades de carácter laboral. En el pub Kapitel, la Inspección de Trabajo detectó en 2011 a nueve trabajadoras que no estaban dadas de alta, pese a que una de ellas cobraba la prestación por desempleo. Una práctica que también se descubrió en otros negocios de la trama, como la Tasca El Obispado. La instrucción del caso identificó a un total de 17 personas que trabajaron para la red de empresas de González Reyes con contratos falsos o sin estar dadas de alta.


Crédito en El Corte Inglés

La resolución de la jueza Celia Blanco recuerda que "además de vulnerarse los derechos de los trabajadores, no dándoles de alta, y vulnerarse los derechos de la propia Seguridad Social, con la elaboración de contratos y nóminas falsas, también se perjudicaron los derechos de otros terceros".

Es el caso de una estafa que tuvo como víctimas a El Corte Inglés y a Saturn. Gracias a nóminas falsas, una empleada de González Reyes logró tarjetas de crédito de ambas financieras, con las que realizó diversas compras por valor de 2.067 euros y 2.958 euros, respectivamente. No fue la única vez, ya que poco después lo intentó con Corporación Dermoestética, pero no lo consiguió al "sospechar la entidad de la validez de los documentos", afirma el auto. También se alude a un contrato falso que se utilizó para obtener la nacionalidad española de una tercera persona y a otro que se empleó para cobrar el subsidio por desempleo.

La jueza considera probada la existencia de indicios suficientes para juzgar a 17 personas vinculadas con la trama, incluido su cabecilla, Evaristo González. Además de contra el abogado lagunero, el procedimiento de la pieza separada continuará contra la secretaria del empresario, Yolanda Geara; el asesor laboral Hercilio Padrón; Ricardo González, "encargado de ofrecer contratos falsos a cambio de una comisión"; un intermediario entre este y González Reyes, Juan Carlos Alonso Molina; Juan Carlos Martín, responsable del Café Don Tito y del pub Mónaco; Carlos Machín, al frente, "de facto", del pub Kapitel y la discoteca El Palco; Israel Barreto, administrador de la empresa que gestiona la Tasca El Obispado; Óscar González; Eudes Leandro Silva; Isidro Santano; Cosme Quintero; Fabián Echeverry; Alejandra Echeverry; Mercedes Noda; Lourdes González Jérez; y Josefa Geara.