Carlos Alonso coloca de asesora a la exconsejera que dimitió durante la investigación de Sinpromi
La exconsejera de la Sociedad Insular para la Promoción de Personas con Discapacidad (Sinpromi) Carmen Rosa García Montenegro, que dimitió de su cargo en enero de 2016, figura en la web de transparencia del Cabildo de Tenerife como personal de confianza del área de Presidencia, en calidad de asesora-técnica, con un sueldo bruto anual de 35.842 euros, aunque fuentes oficiales aclaran que su labor está vinculada con el Programa de Deporte Adaptado.
En marzo de 2016, el presidente del Cabildo, Carlos Alonso, presentó de forma pública el Programa Insular de Deporte Adaptado, enmarcado dentro de la estrategia Tenerife 2030, que para el presente ejercicio de 2018 tiene asignada una partida de 150.000 euros en concepto de subvenciones de explotación. A pesar de que García Montenegro se encarga de su coordinación, el contrato de la exconsejera no está ligado a la iniciativa que ejecuta la sociedad pública Ideco, sino al presupuesto destinado para el pago del personal de confianza.
En la presentación del Programa Insular de Deporte Adaptado, el propio Alonso reconoció que la iniciativa sería coordinada por García Montenegro, lo que motivó que Podemos presentase una pregunta al Pleno del Cabildo para conocer la relación laboral de la exconsejera con la Corporación. En el momento en el que se celebró la sesión plenaria, el 28 de marzo de 2016, estaba abierta la investigación judicial por el desvió de 1,2 millones de euros desde la sociedad que gestionaba García Montenegro al Uruguay Fútbol Sala, el conocido como caso Sinpromi, que sentará en el banquillo al expresidente del club y exdirector financiero de la entidad insular, Andrés Pedreira.
García Montenegro prestó declaración como testigo durante las diligencias previas abiertas por el caso Sinpromi un mes antes de dimitir de su cargo por "razones personales". No llegó a estar imputada ni ha sido formalmente acusada, en una causa que está pendiente de la celebración del juicio oral, pero su nueva situación fue cuestionada por Podemos al no considerar ética su contratación en medio de la causa judicial.
En el Pleno celebrado el pasado 28 de marzo, la consejera delegada de Deportes, Cristo Pérez, respondió a Podemos que Carmen Rosa García Montenegro "no está contratada, por lo que no existe relación alguna con el Cabildo de Tenerife", tal y como se puede comprobar en el acta de la sesión. La responsable de la Corporación también explicó que "lo que se ha hecho, y en el presupuesto de 2016 aparece una partida específica, es presentar un Plan donde se va a recoger todo lo que se viene realizando y potenciándolo [sic]", en referencia al Programa Insular de Deporte Adaptado. "Lo que se ha manifestado es que sea coordinado" por la exconsejera de Sinpromi, recalcó Pérez, "una mujer formada y con una experiencia de más de 15 años en el sector de la discapacidad".
Las declaraciones que en su día realizó la consejera delegada de Deportes chocan con la vía que ha utilizado el Cabildo para contratar a Montenegro que, al menos desde enero de 2018, mantiene una relación laboral directa con la Institución insular, con un sueldo estable vinculado directamente al área de Presidencia.
El Cabildo de Tenerife cuenta con 27 personas contratadas bajo la figura de personal de confianza, que suponen un gasto anual para las arcas públicas de 895.114 euros. La mayoría de los contratados a través de esta vía ejercen funciones de comunicación o secretaría, con algunas excepciones, como el caso de la exconsejera de Sinpromi, que coordina una iniciativa de Deportes mediante un contrato como asesora-técnica del área de Presidencia.