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CSIF anuncia huelga para antes de Semana Santa en el 1-1-2, el SUC y el Transporte Sanitario No Urgentes

Exige el cumplimiento de acuerdo con el Gobierno de Canarias para la subida del 5% de sus salarios dispuesto por la Ley

La Central Sindical Intependiente y de Funcionarios (CSIF) anucia una huelga para antes de semana santa de los trabajadores de la empresa pública Gestión de Servicios para la Saldud del Gobierno de Canarias, que gestiona el CECOES 1-1-2, El Servicio de Urgencias Canario (SUC )y el Transporte Sanitario No Urgente (TSNU) entre otros, por el incump.imiento del acuerdo judicial de noviembre de 2001 ante el Tribunal superior de Justicia de Canrais, por el que esta empresa como el Ejecutivo regional se comprometían a actualizar los salarios de estos trabajadores el 5%. 

El abogado de CSIF Canarias, Cristo Llurda Faro, informa de que en una asamblea celebrada el pasado 7 de marzo se trasladó a los trabajadores la situación tras el acuerdo judicial alcanzado, y en el que tanto Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias como el Gobierno de Canarias se comprometían a “actualizar los salarios de los trabajadores en un 5% por lo dispuesto en la Ley 7/2018 de 28 de diciembre de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma de Canarias”, hecho que debió ser ejecutado el pasado día 01 de enero de 2022, según indica una nota de esta central sindical. 

La huelga indefinida comenzará previsiblemente antes de Semana Santa, con el compromiso de la práctica totalidad de trabajadores y organizaciones sindicales hasta que el Gobierno de Canarias "asuma el conflicto y mantenga un compromiso firme para cumplir con un acuerdo judicial conseguido ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias”.

CSIF Canarias considera una "falta de respeto" hacia la plantilla y hacia la ciudadanía, el menosprecio que reciben del Gobierno de Canarias con una "situación de precariedad de los servicios esenciales de emergencias que prestan estos profesionales en la Comunidad Autónoma de Canarias y el riesgo que ello puede suponer para las personas”.

El comunicado añade que la plantilla de profesionales pide disculpas anticipadas a los ciudadanos por la posible precariedad en el servicio y el presidente del Comité de Empresa y delegado de CSIF Canarias, Lorenzo Galindo García, explica que  “nuestra empresa y el servicio que llevamos prestando desde el año 1998, se convirtió en algo vital para la salud y seguridad de los canarios y canarias y de quienes nos visitan, ¿quién no conoce el 1-1-2? Detrás de ese número hay una gran cantidad y calidad de profesionales como gestores de recursos, enfermeros coordinadores, coordinadores multisectoriales, médicos coordinadores, gestores operativos, técnicos, personal administrativo, médicos y enfermeros de helicópteros y avión sanitarizado, etc. que dan respuesta mediante la atención, gestión y coordinación a todas las llamadas que entran por 1-1-2, pero hace un tiempo, se está convirtiendo, por culpa de una gestión política nefasta por intereses partidistas (NC y PSOE son quienes forman nuestro Consejo de Administración), en una empresa sin valor alguno de cara la sociedad, con la frustración de todos los profesionales que sacamos adelante la gestión, coordinación y resolución de las llamadas al teléfono de emergencias 1-1-2 y con las consecuencias que ello ineludiblemente conllevará".

El texto insiste en que "no debemos olvidar que no sólo estamos en el día a día, estamos en las grandes emergencias como incendios forestales, derrumbes, fenómenos meteorológicos adversos como lluvias torrenciales, vientos, y recientemente, hemos estado y estamos, en la actual crisis sanitaria y en la emergencia vulcanológica de La Palma", por lo que pedimos a la sociedad canaria el apoyo y comprensión", puesto que "sólo queremos que, un derecho que en el año 2012 nos quitaron y que en el año 2014 fue declarado inconstitucional esa medida, ahora, en diciembre de 2021, después de años de trabajo hemos llegado a un acuerdo con nuestra empresa para recuperarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, pero parece que, por problemas personales y/o partidistas entre NC y PSOE no dan el visto bueno para cumplir con ese acuerdo".

Asimismo, continúa "le pedimos también públicamente a Ángel Víctor Torres, presidente del Gobierno de Canarias, que medie en solucionar esto como máximo responsable de esta empresa y servicio, dado que, parece que, entre Julio Pérez (PSOE) y Román Rodríguez (NC) no han hecho lo que deben para cumplir con los derechos de los profesionales de nuestra empresa pública Gestión de Servicios para la Salud y Seguridad en Canarias, S.A.”.