La investigación del patrimonio de Ricardo Melchior conduce a la Policía hasta Malta
La Unidad de Delitos Económicos pide a la magistrada que solicite una orden europea de investigación a la autoridad judicial del Estado maltés, donde opera una de las empresas bajo sospecha por un presunto trato de favor del expresidente de Puertos de Tenerife
La Unidad de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de la Policía ha pedido a la jueza que instruye la causa penal contra Ricardo Melchior, abierta por presuntas actuaciones delictivas cometidas durante su gestión en la Autoridad Portuaria de Santa Cruz de Tenerife, que solicite "una orden europea de investigación a la autoridad judicial de Malta", según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Mírame Televisión.
Los agentes de la Unidad de Delitos Económicos, tras una primera investigación que se inició el pasado mes de enero a petición de la magistrada, concluyen en un oficio que existen razones para solicitar una orden internacional que permita seguir en Malta la pista del presunto patrimonio opaco del histórico dirigente de Coalición Canaria (CC).
Malta es un país donde opera una de las empresas a las que supuestamente habría beneficiado el expresidente de Puertos. En la providencia dictada el pasado 3 de junio, el Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife dio traslado de la petición de la Policía a la Fiscalía para conocer su opinión. Una vez que se pronuncie el Ministerio Público, la magistrada decidirá si libra la solicitud de la orden europea que permitiría profundizar en las posibles relaciones de Ricardo Melchior con Palumbo Shipyard, una empresa de reparación naval, de matriz italiana, que tiene como uno de sus principales centros de operaciones el puerto de Cospicua, en la isla del Mediterráneo.
En la causa abierta contra Ricardo Melchior por presuntos delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación y falsedad documental, también se investiga a la representante de Palumbo Shipyard en Tenerife, donde la compañía se ha beneficiado en los últimos años de diversas concesiones administrativas otorgadas por la Autoridad Portuaria.
Entre los episodios que componen la documentación de la causa figura el cambio de ubicación de una plataforma petrolífera para evitar que perjudicara a una concesión de la compañía Palumbo Shipyard, lo que comprometió la seguridad laboral en el puerto de la capital tinerfeña. También se investiga si Ricardo Melchior llegó a recibir regalos u otras compensaciones por el supuesto trato de favor dispensado a la empresa de reparación naval italiana.
Más testigos
La causa abierta contra Ricardo Melchior va más allá de las relaciones con Palumbo Shipyard. Las diligencias que impulsa el Juzgado de Instrucción Número 5 también se centran en diversas irregularidades detectadas por la Intervención General del Estado, como los pagos realizados a determinados medios de comunicación y asociaciones por conceptos no relacionados con la actividad portuaria o por servicios que no se habrían llegado a prestar.
En la providencia dictada por la jueza se cita a cinco nuevos testigos para el próximo 23 de septiembre, entre los que figura una de las dos asesoras de Ricardo Melchior en Puertos cuyo despido fue anulado y dio pie a una investigación de oficio. La otra trabajadora de confianza del expresidente de Puertos se encuentra en calidad de investigada en el procedimiento.
También se cita como testigos al jefe de Prensa de la Autoridad Portuaria y a representantes de la Asociación Folclórica Tajadre, de la Federación de Rondallas, de la Federación Tinerfeña de Montañismo y de la Asociación de Amigos de la Zarzuela.
Según consta en otra providencia dictada el pasado 8 de junio, el Juzgado no pudo localizar para su notificación al representante legal de la Asociación de Amigos de la Zarzuela, por lo que la magistrada decidió librar una nueva cédula de notificación dirigida al domicilio del presidente del colectivo para que acuda a declarar en calidad de testigo.
Ricardo Melchior ya ha sido inhabilitado por una infracción muy grave al incumplir la ley que regula las compatibilidades de los altos cargos de la Administración del Estado. Los hechos están relacionados con la incorporación en 2019 del dirigente de CC a la empresa Loro Parque, a la que había concedido concesiones administrativas durante su etapa de presidente de la Autoridad Portuaria.