La Laguna denuncia en la Fiscalía la actividad sin licencia de una empresa que ocupa 100.000 metros cuadrados como depósito de vehículos
- El Ayuntamiento traslada al Ministerio Público el expediente de actividad clandestina abierto contra una entidad dedicada a prestar sin permiso un servicio de campa en una parcela de Geneto
- La decisión se adopta después de que Tricampa desobedeciera de forma reiterada el precinto de la instalación ordenado por la Gerencia de Urbanismo
- La empresa presenta un recurso judicial contra el cierre y solicita una medida cautelar para mantener el negocio en funcionamiento
El Ayuntamiento de La Laguna ha remitido a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife el expediente de actividad clandestina abierto contra la empresa Tricampa Servicios de la Automoción SL, que desarrolla sin licencia usos de depósito y mantenimiento de vehículos en una parcela de 100.000 metros cuadrados ubicada en San Bartolomé de Geneto.
El escrito remitido a la Fiscalía, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, fue firmado por la jefa del Servicio de Actividades de la Gerencia de Urbanismo el pasado 4 de junio. En el documento se justifica la decisión "por si los antecedentes expuestos fueran constitutivos de ilícito penal" y se solicita "que se inicien, en su caso, las actuaciones judiciales que correspondan".
Los hechos denunciados están relacionados con la actividad desarrollada desde 2016 por la empresa Tricampa en una parcela de 100.000 metros cuadrados situada en San Bartolomé de Geneto. El uso, básicamente centrado en el almacenaje de vehículos antes de ser entregados a sus propietarios y en labores de mantenimiento, se ha llevado a cabo sin contar con licencia municipal y sin respetar las reiteradas advertencias realizadas por la Gerencia de Urbanismo, que llegó a ordenar en varias ocasiones el precinto de las instalaciones.
La parcela que ocupa Tricampa está situada en San Bartolomé de Geneto, en el municipio tinerfeño de La Laguna. En la década de los noventa y durante los primeros años del nuevo siglo se utilizó como depósito de vehículos; hasta 2011, cuando cesó casi por completó la actividad, según muestran las imágenes aéreas captadas por la empresa pública Grafcan.
Entre 2011 y 2016, año en el que fue adquirida por los nuevos propietarios, solo se aprecia un uso residual de la parcela, ocupada puntualmente por algunos vehículos. A partir de entonces se reactiva la antigua actividad de campa, que se complementa con un servicio de limpieza y taller de mantenimiento, para lo que amplía la superficie de uso mediante la realización de diversas actuaciones urbanísticas.
Según consta en los distintos expedientes abiertos contra Tricampa por parte del Ayuntamiento de La Laguna, ni las obras ejecutadas para ampliar la parcela ni la actividad desarrollada cuentan con licencia municipal. Este hecho ha llevado a la Gerencia de Urbanismo desde el pasado mandato, cuando estaba en manos de Coalición Canaria, hasta hoy, bajo la dirección del socialista Santiago Pérez, a poner en marcha diversos procedimientos para restablecer el orden perturbado e intentar frenar una actividad clandestina que invade más de 100.000 metros cuadrados de suelo.
La empresa ha respondido mediante numerosas alegaciones y recursos que han sido rechazados casi en su totalidad por el Consistorio de Aguere. Ante el fracaso en la vía administrativa, Tricampa ha llevado el precinto a un contencioso judicial, el segundo que presenta, y ha solicitado la adopción de una medida cautelar que le permita continuar con la actividad mientras se resuelve el fondo del conflicto.
La actividad de Tricampa se desarrolla sobre una parcela catalogada en la adaptación básica del Plan General de Ordenación (PGO) como suelo urbanizable sectorizado no ordenado, sujeto a la redacción de un plan parcial. Como no se ha llevado a cabo el desarrollo del ámbito, a efectos prácticos tiene categoría de suelo rústico. Esto haría incompatible el uso actual, o al menos así lo defiende jurídicamente el Ayuntamiento de La Laguna.
La empresa, por su parte, sostiene que cabe ejercer una actividad transitoria mientras se desarrolla urbanísticamente la zona a través de un nuevo instrumento de ordenación, pero este argumento ya fue desestimado por los tribunales cuando Tricampa recurrió en 2020 la denegación expresa de la licencia de usos y obras provisionales.
Así las cosas, la decisión que tome ahora el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo sobre la medida cautelar solicitada será determinante para conocer, además de si Tricampa tiene que bajar la persiana o puede mantener su actividad temporalmente, el posible desarrollo de la investigación que se ha solicitado a la Fiscalía.
Actividad clandestina
En el escrito remitido a la Fiscalía se realiza un repaso a las diversas resoluciones que componen el expediente sobre la actividad clandestina de Tricampa, que parte de la comunicación previa presentada por la empresa en noviembre de 2017 para el ejercicio de "limpieza de vehículos y taller de mantenimiento sin tratamiento de chapa ni de pintura y depósito temporal".
La Gerencia de Urbanismo consideró "inválido e ineficaz" el escrito presentado por Tricampa por "falta de abono de la tasa del procedimiento, falta de procedimiento de comunicación previa de la instalación y falta de licencia de uso y obra provisional". El 26 de agosto de 2019 se ordenó la clausura de la actividad.
La decisión de Urbanismo fue recurrida por la promotora, pero sus argumentos volvieron a ser rechazados por los técnicos municipales. El 18 de noviembre se realizó una visita a las instalaciones y se comprobó que se encontraban abiertas y en uso. Ante la negativa de Tricampa de obedecer la resolución del Ayuntamiento, doce días después de la inspección se inició el expediente por actividad clandestina.
El procedimiento iniciado en noviembre de 2019 culminó con una resolución dictada por el concejal Santiago Pérez el 13 de febrero de 2020, donde se vuelve a exigir la clausura de la actividad "hasta que se obtenga, si procede, la correspondiente licencia municipal de apertura o el título jurídico que corresponda". También se advirtió a la empresa de que, en caso de no cumplir con el precinto, se llevaría a cabo la ejecución forzosa de la orden por parte del Ayuntamiento.
Una nueva visita girada a las instalaciones el 5 de marzo de 2020 volvió a ratificar el incumplimiento de la orden de clausura. Una semana después se decretaba el estado de alarma ante el avance del virus de la COVID-19. En este contexto, hay que esperar al 14 de julio para encontrar la resolución de Urbanismo en la que se dictó la ejecución forzosa y el precinto de la instalación.
La empresa inició entonces su estrategia de estirar al límite las herramientas de defensa que le otorga la normativa. Primero con un recurso contra la orden de ejecución forzosa, que fue desestimado por el Ayuntamiento, y después mediante la presentación de una nueva comunicación previa para el inicio de la actividad, que también fue rechazada.
El tira y afloja entre la empresa y la Gerencia de Urbanismo se mantuvo hasta enero de 2021, cuando se comunicó a la promotora la decisión de declarar inválida la comunicación previa y se recordó que ya no cabía la posibilidad de nuevos intentos. Pero la advertencia no hizo mella en Tricampa, que el 18 de marzo volvió a la carga y planteó una nueva comunicación previa para legalizar el uso de depósito y taller de vehículos, que nuevamente, por tercera vez, fue rechazada un mes después por el Ayuntamiento de La Laguna.
El 28 de mayo se produjo una nueva inspección a las instalaciones, pero la empresa impidió la entrada del técnico municipal hasta la llegada del abogado de Tricampa, según consta en el escrito remitido a la Fiscalía. Veinte minutos después, tras personarse el letrado, se volvió a ratificar que "la actividad se encuentra abierta y ejerciendo", además de que "no se observa personal en las dependencias, se comprueba que las luces y la música del taller se encuentran en funcionamiento y la zona del tren de lavado se encuentra con el pavimento mojado". A ello se añadió que "una grúa transportando coches accede al interior de la actividad".
Esta última actuación es la que ha motivado la decisión de la Gerencia de Urbanismo de trasladar todos los expedientes relacionados con Tricampa a la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
Empresarios del sector del automóvil
La empresa Tricampa Servicios de la Automoción SL fue constituida, según consta en el Registro Mercantil, el 16 de febrero de 2016. En los cargos vigentes de la entidad figuran otras tres sociedades: Archipiélago Renting SL, Kiko Inversiones SL, y Transportes y Gruas Cuchi SL.
Archipiélago Renting SL, que ostenta la presidencia de Tricampa, es una entidad propiedad del empresario del sector del automóvil Jesús Orozco, que a su vez es el presidente de Motor Sport Tenerife SA, una sociedad especializada en el mundo del deporte sobre ruedas, y de Automóviles de Archipiélago Archiauto SA, el concesionario oficial de la marca Ford en Canarias, entre otras.
Kiko Inversiones SL es una empresa cuyo socio único es el empresario Andrés Izquier, que también es el administrador de Arimotor Tenerife SL, la entidad que comercializa los vehículos de la marca Nissan y Kia. Su nombre aparece en el Registro Mercantil vinculado a un total de siete sociedades distintas.
Por su parte, Transportes y Grúas Cuchi SL es una entidad que opera en la isla de Tenerife desde 1997 y pertenece al empresario Trino de Vera Rodríguez.