Un pelotazo llamado Las Teresitas
La decisión de abrir juicio oral por parte del Juzgado de Instrucción de Santa Cruz de Tenerife que lleva el Caso de Las Teresitas ha vuelto a impulsar a la actualidad una de las investigaciones más extensas por delitos de corrupción que ha conocido Canarias. A la espera de lo que ocurra con el exalcalde Miguel Zerolo, que abandonó el pasado 31 de diciembre el Senado después de que el Tribunal Supremo pidiera a la Cámara Alta el suplicatorio para sentarlo en el banquillo, los imputados restantes son conscientes ya de que serán juzgados acusados de prevaricación y malversación de caudales públicos, aunque aún habrá que esperar a que se resuelvan los últimos recursos que puedan presentar las partes. Ocho años después de que la Fiscalía Anticorrupción presentase la querella más sonada de la historia judicial de las Islas, la causa entra en su recta final con otros doce nombres bajo sospecha: Antonio Plasencia, presidente de la patronal tinerfeña de la construcción, Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio, sus hijos Pedro González y Carlos Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, los exportavoces del PP y PSOE, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, así como los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate, José Tomás Martín, José Luis Roca y Antonio Messía de Yraola.
Todo hubiese quedado en una simple actuación política, que según Coalición Canaria (CC) siempre respondió a satisfacer una demanda popular que quería que la playa fuese pública, de no ser porque el colectivo Ínsula Viable dio la voz de alarma en junio de 2005, cuando advirtió que solo en tres años Inversiones Las Teresitas, la empresa constituida por Antonio Plasencia e Ignacio González, había adquirido los terrenos que vendió al Ayuntamiento por unos 52 millones, y otras 90 parcelas más, a la Junta de Compensación por poco más de 33 millones de euros. Las cuentas no cuadraban.
El gran negocio de Plasencia y González no se quedó ahí, ya que la cuadratura del círculo se cerró cuando Inversiones Las Teresitas vendió ese mismo año las 90 parcelas que no adquirió el Consistorio a Mapfre Inmuebles por cerca de 100 millones de euros. Entre tanto mar de cifras nadan un total de 13 imputados, en el ojo de la sospecha desde que la fiscal Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife, María Farnés, presentó una querella el 19 de diciembre de 2006.
La Fiscalía señaló entonces, entre otros, a varios miembros de la primera plana política de la capital tinerfeña, entre los que destacan el exalcalde Miguel Zerolo y el que fuera concejal de Urbanismo Manuel Parejo, a punto de entrar en prisión por un caso derivado, la construcción ilegal del edificio de aparcamientos que incluía el proyecto elegido para urbanizar la playa, el conocido como mamotreto.
El Caso de Las Teresitas se convirtió en un debate popular que afectaba a la imagen de los principales querellados, todo ello en la antesala de las elecciones municipales que tuvieron lugar el 27 de mayo de 2007. La defensa de Zerolo intentó en numerosas ocasiones parar la imputación del alcalde y evitar las filtraciones a la prensa, con la intención de proteger la imagen del político nacionalista y evitar un juicio paralelo. Pero la maquinaria de las diligencias previas ya estaba en marcha y dio pie a la instrucción judicial que llevó la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) Carla Bellini tras el aforamiento del exalcalde como diputado autonómico de CC.
Además de a la clase política, el dedo acusador de la Fiscalía apuntó también a una serie de funcionarios del Ayuntamiento capitalino, cuya participación fue clave en el presunto entramado corrupto que se tejió alrededor de la arena de la principal playa de Santa Cruz de Tenerife.
Un sumario cargado de indicios
Uno de los momentos más importantes se produjo en enero de 2008 cuando, tras la insistencia de los imputados, la magistrada instructora decidió levantar parte del sumario que, hasta ese momento, se encontraba bajo secreto. Momento en el que Bellini ya advertía, en el auto dictado al efecto, que la investigación iba a continuar porque "estaba dando sus frutos". Y vaya si continuó.
Cerca de 20.000 folios vieron la luz con gran parte de la información requerida por el TSJC a lo largo del procedimiento, además de las reveladores declaraciones de más de 40 personas, entre imputados y testigos, que en aquel momento se habían llevado a cabo. Sospechas alrededor de las decisiones políticas que se tomaron, especialmente por las tasaciones externas que se encargaron para elevar el precio fijada por la arquitecta municipal Pía Oramas, pero también sobre el polémico crédito que concedió la extinta CajaCanarias a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González.
Años después, la totalidad del sumario vio la luz, lo que puso el foco en la intensa investigación que siguió la Policía Judicial para dirimir si, además de los delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se podían extender las acusaciones a un presunto cohecho. Las imputaciones por el posible cobro de sobornos, a pesar de los ingresos de origen desconocido detectados en el patrimonio de algunos de los investigados, fueron sobreseídas por la magistrada instructora antes de que el caso pasase al Tribunal Supremo en 2011 por el nuevo aforamiento de Zerolo, esta vez como senador, y el grueso de la causa se trasladase a los juzgados ordinarios.
Un préstamo de alto riesgo
La operación de compra de los terrenos de Las Teresitas no se hubiese podido llevar a cabo de no ser por el crédito de casi 34 millones de euros que CajaCanarias concedió a la sociedad que en aquel momento formaban Antonio Plasencia y Felipe Manuel de Armas, un trabajador de la empresa Vultesa, propiedad de Ignacio González.
El préstamo, el mayor que concedió la entidad a lo largo de su historia, esconde muchas interrogantes. El problema radica en que CajaCanarias concedió un crédito de esas dimensiones a una sociedad que todavía no estaba formalmente constituida, y que solo aportaba como aval el valor de las parcelas de la compra. Hay que recordar que se dio luz verde al préstamo solo cinco días después de que fuese solicitado, además de que en el Consejo de Administración que aprobó la operación estaba presente por su condición de presidente de la Cámara de Comercio provincial, y votó a favor, el propio Ignacio González, que tres días después adquiriría el cincuenta por ciento de la sociedad a su empleado Felipe Manuel de Armas.
CajaCanarias no hubiese podido conceder un crédito de esa magnitud de constar como beneficiario uno de los miembros del Consejo de Administración. Este hecho provocó que el Banco de España sancionara a la entidad con una "incoación de expediente a las personas que ejercitan cargos de administración y dirección".
Tasaciones externas
El Ayuntamiento capitalino contaba en la Gerencia de Urbanismo con al menos cinco arquitectos en el momento de la compraventa. Un motivo que no fue obstáculo para que el Consistorio solicitase la tasación de las parcelas que tenía pensado adquirir a tres empresas externas. Antes, una de los miembros del equipo técnico municipal, Pía Oramas, hermana de la actual diputada de CC en el Congreso, Ana Oramas, había valorado los terrenos en 19,2 millones de euros, pese a que no se tuvo en cuenta su opinión en los informes posteriores, al considerar que ofrecía, según el testimonio del por entonces gerente de Urbanismo, José Tomás Martín, "un abanico de valoraciones que no era posible certificar una cifra concreta". El Tribunal Supremo anuló la compraventa en 2007 al no haberse incorporado, precisamente, una tasación de un técnico del Ayuntamiento.
Lo cierto es que de haberse realizado la compra en base a la estimación de Pía Oramas, el ahorro para las arcas municipales hubiese superado los 30 millones de euros. Urbanismo solicitó en total hasta tres valoraciones a empresas externas al Consistorio. La que ofreció un valor más elevado fue la elaborada por la Universidad Politécnica de Cataluña, que cifró el precio de las parcelas en 60 millones de euros, mientras que la más baja fue obra de la empresa Sociedad de Tasación, recomendada por el interventor Messía de Yraola, que suponía un desembolso de más de 42 millones de euros. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife optó por la valoración de Tinsa, la misma entidad que había tasado los terrenos para CajaCanarias antes de conceder el crédito, por el precio que finalmente se pagó, poco más de 52 millones de euros.
Urbanismo no solo hizo caso omiso al informe de Pía Oramas, sino que fue presionada hasta en tres ocasiones por altos cargos de la Gerencia para que diese el visto bueno a las estimaciones de las empresas externas sin ni siquiera verlas, a lo que la arquitecta municipal se negó. Cuando tuvo acceso a ellas, concluyó que la metodología era correcta, pero que las hipótesis de partida “distorsionaban el resultado”, por lo que nunca llegó a asumirlas.
Beneficios de 120 millones sin arriesgar nada
El Caso Las Teresitas ha puesto sobre la mesa un negocio con letras mayúsculas. La sociedad capitaneada por Plasencia y González consiguió una plusvalía con la operación cercana a los 120 millones de euros, y todo sin arriesgar ni un céntimo. La empresa se constituyó con un capital de 180.000 euros, de los que 90.000 los puso, al menos sobre el papel, el empleado Felipe Armas, al que posteriormente le fueron devueltos con el cambio de titular tras burlar las posibles trabas al crédito de CajaCanarias.
La clave del negocio estuvo en el préstamo de la entidad financiera, cuyo único aval eran los terrenos objeto de la compraventa. Los 33 millones que recibió Inversiones Las Teresitas fueron fundamentales para llevar a cabo la compra de las 101 parcelas del frente de la playa y del valle de Las Huertas a la Junta de Compensación en 1998. Tres años después, Plasencia y González vendieron al Ayuntamiento las once parcelas del acantilado de la playa por algo más de 52 millones. Sólo con esta venta, los beneficios alcanzaron los 30 millones. Las ganancias se completaron en 2005, cuando Mapfre Inmuebles pagó más de 90 millones por el resto de parcelas.
No es de extrañar que la Intervención General de la Administración del Estado, dependiente del Ministerio de Hacienda, llegase a la siguiente conclusión en su informe: "Nos encontramos ante un pelotazo urbanístico de los que son denominados de libro y no solamente por la tramitación previa a la firma del convenio de 18 de septiembre de 2001, sino por las circunstancias posteriores para hacerlo viable".
Cronología de los hechos
19 de abril de 1964: La Junta de Compensación de Playa se constituye ante notario con la asistencia del 60% de los propietarios de los terrenos del frente de la playa, de Montaña Morera, y del valle y ladera de Las Huertas.
21 de agosto de 1967: Se formaliza el primer convenio y cesión de los terrenos a favor del Ayuntamiento, así como la realización de las obras de defensa y mejora de la playa.
26 de noviembre de 1973: Se firma el convenio entre el Consistorio municipal y la Junta de Compensación para modificar el plan parcial territorial específico para el frente litoral de la zona, aprobado por el Estado en 1970, año en el que comenzaron las negociaciones.
21 de noviembre de 1986: Nuevo convenio entre el Ayuntamiento capitalino y la Junta de Compensación en el que se reducía la edificabilidad prevista. La Junta cede gratos 63.000 metros cuadrados de playa.
19 de enero de 1987: La Junta aprueba el proyecto de compensación y lo eleva al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife para que proceda a su aprobación definitiva.
21 de julio de 1988: El convenio firmado en 1987 por la Junta, que fijaba los pormenores del proyecto de compensación, da lugar a la revisión del plan parcial de Las Teresitas por parte del Consistorio capitalino.
24 de agosto de 1989: El proyecto de compensación es aprobado por el Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y elevado a escritura pública.
7 de enero de 1992: Se aprueba de forma definitiva el Plan General de Ordenación de Santa Cruz de Tenerife. El planeamiento deja en suspenso su aplicación en el ámbito de Las Teresitas hasta que se dicte una sentencia, después de que el PSOE y el Estado recurrieran el plan parcial de 1988.
11 de marzo de 1992: Como consecuencia de los recursos presentados, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJC dicta sentencia y declara nula la revisión del plan parcial de Las Teresitas, realizada en 1988, tras la firma del convenio de compensación de la Junta.
16 de junio de 1998: La Junta de Compensación se compromete a vender por 5.500 millones de pesetas las 101 parcelas del frente de la playa y el valle de Las Huertas a la sociedad Inversiones Las Teresitas.
17 de junio de 1998: Inversiones Las Teresitas solicita al Registro Mercantil la reserva de su nombre y abre una cuenta en CajaCanarias por un importe de 30 millones de pesetas.
18 de junio de 1998: La sociedad Inversiones Las Teresitas, todavía en trámite de constitución, solicita a CajaCanarias un préstamo por un importe de 5.600 millones de pesetas, con la única garantía hipotecaria de las fincas que pretendía adquirir. Ese mismo día, el subdirector general de la entidad financiera realiza un estudio provisional de viabilidad en el que da luz verde al préstamo porque "los solicitantes son personas de una gran capacidad inversora". No hace mención a que uno de los socios, Felipe Manuel de Armas, es apoderado de Ignacio González, miembro del Consejo de Administración de la entidad, con una profesión reconocida de peón.
23 de junio de 1998: El Consejo de Administración de CajaCanarias aprueba la operación de préstamo. Entre los asistentes está Ignacio González.
26 de junio de 1998: Felipe Armas vende sus participaciones en Inversiones Las Teresitas, que se había constituido el día anterior, a Ignacio González y su esposa. Este mismo día, la sociedad compra las 101 parcelas del frente de la playa y el valle de Las Huertas.
29 de junio de 1998: El Tribunal Supremo dicta sentencia y revoca la resolución del TSJC, lo que convierte en firme la revisión del plan parcial de Las Teresitas de 1988.
27 de octubre de 1999: El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, por medio de un decreto de su alcalde, Miguel Zerolo, convoca un concurso de ideas para el ordenamiento de la playa, que finalmente gana el arquitecto francés Dominique Perrault.
24 de octubre de 2000: La Junta de Compensación, en aquel momento formada por Inversiones Las Teresitas, comunica al Consistorio que el resultado del concurso no les vincula, además de que no es viable, así que ofrece la compra o permuta de las parcelas del frente de la playa.
20 de noviembre de 2000: Por medio de nuevo decreto de Miguel Zerolo, el Ayuntamiento rechaza las ofertas de Inversiones Las Teresitas, que termina por retirar su ofrecimiento de venta o permuta en varios escritos posteriores.
16 de febrero de 2001: La Junta de Compensación envía un nuevo escrito al Ayuntamiento en el vuelve a hacer una oferta en la que ya no se plantea la permuta, sino la adquisición de los terrenos.
2 de abril de 2001: El Consistorio capitalino también cambia de parecer y decide adquirir las parcelas del frente de la playa a los empresarios Ignacio González y Antonio Plasencia.
18 de julio de 2001: Se lleva a cabo con carácter de urgencia un Consejo Rector de la Gerencia de Urbanismo en el que se acuerda una transferencia de crédito para hacer frente al convenio de compraventa, que se aprueba ese mismo día.
23 de julio de 2001: El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife da su conformidad por unanimidad al convenio.
18 de septiembre de 2001: Se firma el convenio urbanístico con Inversiones Las Teresitas y se formaliza la compraventa de las once parcelas del frente de la playa por 8.750 millones de pesetas. Ese mismo día, la sociedad de Plasencia y González cancela la hipoteca con CajaCanarias.
8 de octubre de 2005: El Consejo de Administración de Mapfre Inmuebles aprueba la operación de compra de las 90 parcelas del valle de Las Huertas a Inversiones Las Teresitas por unos 96 millones de euros.
29 de octubre de 2006: La Junta de Compensación comunica al Ayuntamiento que ninguno de los propietarios de los terrenos del valle de Las Huertas ha formulado reclamación alguna. Al día siguiente, decenas de dueños de las parcelas empiezan a protestar por encontrarse en indefensión absoluta ante la venta de su terrenos.
19 de diciembre de 2006: La fiscal Anticorrupción, María Farnés, presenta una querella por prevaricación y malversación de caudales públicos y pide la imputación, entre otros, de Miguel Zerolo y el concejal de Urbanismo, Manuel Parejo.
11 de mayo de 2007: El Tribunal Supremo dicta sentencia y anula la compraventa de Las Teresitas por parte del Ayuntamiento "al ser contraria al ordenamiento jurídico".