El caso Kokorev y “el corralito canario”: presos preventivos de primera y de segunda
La Audiencia Provincial de Las Palmas revocó un auto de la juez Ana Isabel de Vega, del Juzgado de Instrucción nº5, por el que se prorrogaba la prisión provisional a un vecino de Canarias que sumaba entonces 9 meses entre rejas. Los magistrados puntualizan en su auto que la prisión provisional “por tratarse de una institución cuyo contenido material coincide con el de las penas privativas de libertad, pero que recae sobre ciudadanos que gozan de la presunción de inocencia, en su adopción y mantenimiento ha de ser concebida como una medida excepcional, subsidiaria necesaria y proporcionada a la consecución de dichos fines”.
Así, en el caso de este vecino de Canarias, al que se le imputaban hechos graves que podían acarrear penas que oscilaban entre los seis años y un día y los nueve años, la AP pondera que “hay que tener en cuenta que el recurrente es canario y que tiene un negocio en esta Isla, lo que (…) hace que el riesgo de fuga se aminore”.
Es por esta razón capital, entre otras, que los magistrados consideraron la fijación de una fianza de 10.000 euros (por estar al alcance del recurrente) y la retención del pasaporte, lo que consideran necesario y suficiente para “garantizar la presencia del procesado en el juicio”. La Sala decidió que, una vez en libertad, el hasta ese momento preso preventivo debía comparecer los días 1 y 15 de cada mes en el Juzgado que conocía de la causa.
Esa misma Audiencia Provincial se viene pronunciando de forma reiterada y mecánica contra los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de la misma Ana Isabel de Vega de mantener preventivamente (comunicada y sin fianza) en la cárcel del Salto del Negro, (ya durante un año y medio) a la familia formada por Vladimir Kokorev, Julia Kokoreva y su hijo Igor, de nacionalidad española aunque de origen ruso y residentes durante años en Las Palmas como en Madrid.
La institución presidida por Emilio Moya sí entiende aquí, en el caso de los Kokorev, que la privación de la libertad es “una medida restrictiva, limitada temporalmente, necesaria y proporcional para la instrucción de la causa”. No sólo eso. Añade que la continuación del secreto de la investigación durante un lustro, lejos de lesionar el derecho de defensa, provoca “el aseguramiento de la protección del valor constitucional de la justicia”; y puntualiza que será en juicio plenario cuando la defensa de los Kokorev tenga “la oportunidad procesal de conocer y contradecir la prueba practicada durante el periodo secreto o proponer y practicar las contradictorias”.
La Audiencia Provincial de Las Palmas rechaza que la familia hispano-rusa se encuentre en situación de indefensión. Paradójicamente, argumenta y admite que el derecho de defensa sólo se podrá ejercitar plenamente “cuando se alce el secreto”, y señala con suficiencia que la instructora ha ido proporcionando a la familia (acusada presuntamente de ejercer de testaferro de Teodoro Obiang en España) “los elementos esenciales sobre los hechos a que se refiere la imputación”, hechos que -más allá de vagas generalidades y filtraciones a la prensa- la defensa desconoce por completo.
A diferencia del ciudadano canario puesto en libertad por la AP de Las Palmas porque le ayudaba el hecho de “ser canario”, y a pesar de que los Kokorev se enfrentarían en todo caso a penas menores de prisión que las de aquel (entre 6 meses y 6 años de prisión), la Sala entiende aquí que sí hay “un potencial riesgo de fuga considerable” ya que falta “cierto arraigo (…) con la suficiente fuerza disuasoria como para impedir la fuga”. Ello a pesar de que el empresario Vladimir padece severos problemas de salud, principalmente cardiovasculares, y fue sometido antes de su ingreso en prisión a una intervención de próstata de la que arrastra secuelas que condicionan sobremanera y diariamente su movilidad.
A juicio de los magistrados de la Audiencia Provincial de Las Palmas, Vladimir Kokorev “carece del más mínimo arraigo acreditado, al margen de su nacionalidad, en territorio español”, lo que se contradice con las dos décadas que la familia española de origen ruso vivió entre Las Palmas y Madrid, donde crió a su hijo Igor (hoy preso), y donde éste se formó antes de iniciar su vida profesional.
Desde el entorno de la familia se ha llegado a precisar a medios como ‘La Provincia’ que éste es un caso “que suena a guión de película de serie B” y denuncian la investigación por “chapucera” y por los trastornos humanitarios que está provocando. Se preguntan “por qué tanta prisa para arrestarlos y encarcelarlos para luego dejarlos “marinar” tantos meses, cada uno en una celda”. Y añaden que hoy se sienten decepcionados porque “aceptaron firmar la orden de extradición a España confiando en que un Estado democrático y de derecho aclararía su caso y les devolvería su libertad y dignidad muy pronto”.
Asimismo, en un manuscrito al que ha accedido ‘Madrid Code’ escrito por Igor Kokorev, éste se pregunta en medio de una larga reflexión: “¿No tengo derecho a la presunción de inocencia por ser de origen ruso, “jovencito” y vivir fuera de Rusia? (…) ¿Por qué no se ha producido ninguna condena, ni siquiera retórica (institucional, colectiva o individual de jueces o fiscales), de la intolerable xenofobia exhibida por los magistrados de la Audiencia Provincial? (…) Cómo es que un juez se atribuye la capacidad de determinar con certeza la culpabilidad de una persona a partir de su etnia y/o aspecto físico (…) ¿Por qué los demás jueces no parecen sentirse en absoluto incómodos de la xenofobia de su compañero? (…) Sus palabras en la sala y en sus resoluciones, ¿no están disfrazando prejuicios xenófobos?”.
En medio de un carrusel de escándalos que han afectado y afectan a personalidades de la máxima magnitud, como el juez Santiago Alba, la jueza de Podemos Victoria Rosell o el ex ministro del Partido Popular José Manuel Soria, con el escándalo Kokorev crece la impresión de que en los engranajes del sistema judicial canario operan ciertos principios de ‘corralito’.
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*En la fotografía de portada, carta escrita por Igor Kokorev desde la cárcel canaria en la que cumple un año y medio como "preso provisional"