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La Fiscalía pide documentación para investigar un expediente urbanístico que benefició al promotor de El Camisón en Guaza

- El Ayuntamiento de Arona consolidó el uso de una nave industrial abandonada propiedad del mismo empresario que impulsa el centro comercial que ha sido denunciado por un presunto delito urbanístico

- Las irregularidades fueron detectadas por la secretaria municipal y provocaron una guerra interna entre funcionarios municipales

 

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado al Ayuntamiento de Arona "testimonio íntegro" de los expedientes urbanísticos relacionados con una nave industrial ubicada en Guaza y cuyo uso comercial fue consolidado antes de que su propietario, el promotor del centro comercial de El Camisón, vendiera el inmueble a una empresa de alquiler de vehículos, Canary Islands Cars SL (Cicar).

El documento remitido por el Ministerio Público, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, tuvo registro de entrada en el Ayuntamiento de Arona el 19 de abril de 2021 y pide al Consistorio que remita los expedientes "a la mayor brevedad posible".

La polémica de Guaza surgió cuando la secretaria municipal apreció "graves irregularidades" en los expedientes y una posible falsedad documental por parte de la empresa que se benefició de la consolidación del uso, Melisofi Consulting SL, encargada de la construcción del Artslife & Shoppping, el centro comercial que ha sido denunciado por la Fiscalía por presuntos delitos urbanísticos al incumplir el planeamiento municipal y la Ley de Costas.

A pesar de que la nave industrial estaba abandona desde 2014, después de que cesara su actividad la anterior empresa propietaria del edificio, Igara Renault, el Ayuntamiento consolidó el uso comercial del inmueble en contra de lo que establece la Ley del Suelo, que obliga a que exista actividad en los últimos cuatro años. Así lo pusieron de manifiesto tanto la secretaria como un jurista municipal que, tras informar de forma favorable durante la tramitación del expediente, se retractó en escritos posteriores.

La apertura de una investigación por parte de la Fiscalía, que ahora tendrá que decidir si, como ocurrió en el caso del centro comercial, existen indicios suficientes para presentar una denuncia en la vía penal, vuelve a poner el foco en las relaciones del administrador de Melisofi Consulting SL, Diego Cano, y el Ayuntamiento.

En el expediente de Guaza, al igual que en los procedimientos de El Camisón, es clave el papel desarrollado por el exconcejal de Urbanismo Luis García y por el arquitecto que estaba al frente de la sección de Disciplina Urbanística, Damián Hernández. Junto con Diego Cano, forman un triángulo cuyos vértices ya conoce el Ministerio Público tras examinar con detalle toda la documentación vinculada al Artslife & Shopping.

Las presuntas irregularidades en el expediente de Guaza motivaron que en octubre de 2020, ya con el Gobierno municipal dividido a raíz del enfrentamiento entre el alcalde y el propio Luis García, el Ayuntamiento diera inicio al procedimiento de revisión de oficio de la resolución que permitió consolidar el uso de la nave e incrementar su valor antes de su venta.

La decisión partió de una petición de la secretaria municipal que destapó las supuestas irregularidades y que fue respaldada por su sucesor en el puesto en un informe emitido el pasado 22 de octubre. La posición de la funcionaria ya había desencadenado un enfrentamiento con el jefe de Servicio de Disciplina Urbanística, que defendió durante la tramitación del expediente la legalidad de la consolidación del uso de la nave.

Mientras que la secretaria, que es la máxima autoridad jurídica de un ayuntamiento, considera que es necesario acreditar que haya existido actividad comercial en los últimos cuatro años de forma ininterrumpida para consolidar el uso; el arquitecto municipal sostiene que basta con demostrar que el inmueble se ha utilizado una sola vez en los 48 meses previos a la resolución.

La controversia es importante en el caso de la nave industrial de Guaza, ya que tanto los informes de la Policía Local como las facturas de agua y de luz aportadas por el promotor demuestran que el inmueble no ha tenido actividad en, al menos, los últimos seis años. Una situación que corroboran los vecinos de la zona, que aseguran que el edificio ha estado abandonado desde que cerró el anterior concesionario de coches, y que se puede comprobar en las imágenes aéreas de la parcela publicadas por la empresa Grafcan.

 

Certificado

La clave para entender por qué un expediente con las dudas que ahora genera pasó en un primer momento todos los filtros está en un certificado aportado por la empresa y que se dio por bueno durante la tramitación por parte de los técnicos del Ayuntamiento de Arona.

El propio jefe de Servicio de Disciplina y Gestión Urbanística concluyó en su dictamen previo a la resolución del concejal que "se considera, en atención a lo declarado en el referido certificado y bajo la exclusiva responsabilidad de su autor, que la edificación y el local concreto que son objeto del presente informe se encuentran totalmente terminados, que cuentan con una antigüedad superior a cuatro años, y que en el referido local viene realizándose, durante ese mismo período de tiempo y de manera efectiva, el uso comercial en planta baja". Con todos los informes favorables, el concejal Luis García dictó la resolución que estimaba la petición de la empresa promotora.

Fue un segundo procedimiento, iniciado después de que el empresario reclamara que también se consolidara de forma compatible el uso del sótano del inmueble, lo que provocó la intervención de la secretaria, que advirtió de la posible existencia de irregularidades por no quedar acreditada la utilización del edificio en los últimos cuatro años. Fue entonces cuando la funcionaria solicitó un informe de la Policía Local con el que, el 3 de diciembre de 2018, emitió el dictamen para solicitar la revisión de oficio del acto administrativo.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife tiene ahora seis meses de plazo para investigar el expediente urbanístico y decidir si existen indicios delictivos para denunciar los hechos o, en caso de no apreciar una posible responsabilidad penal, archivar las diligencias abiertas.