El Gobierno destina 120.000 euros a contratar un informe para cuantificar los daños de las extracciones en Güímar
- La Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático de Canarias publica la convocatoria del concurso tras el fallo judicial que sustituyó la obligación de los condenados de reparar los barrancos por la indemnización económica
- El pliego exige a los participantes la elaboración de un estudio que permita determinar tanto el impacto directo como el riesgo provocado por la actividad minera ilegal
- El trabajo también tendrá que analizar la posibilidad de instalar una central hidroeléctrica en alguna de las canteras afectadas
El Gobierno de Canarias, a través de la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático, publicó el pasado 24 de abril la convocatoria de un concurso público para la contratación de un informe para "la determinación y cuantificación económica de los daños y perjuicios ocasionados al medio ambiente" por las extracciones ilegales de áridos en los barrancos de Güímar. El presupuesto base de la licitación, sin contar impuestos, se cifra en 119.780 euros.
La decisión del Gobierno autonómico se produce después del último fallo de la Audiencia Provincial que, ante la imposibilidad de restaurar el equilibrio ecológico perturbado, ordenó sustituir la reparación del daño por una indemnización económica que tendrán que pagar de su bolsillo los cuatro empresarios condenados: Antonio Plasencia, Pedro Sicilia, Enrique Morales y Francisco del Rosario.
La primera sentencia firme, que data de 2016, condenó a los areneros por un delito ecológico y estableció la obligación de reponer a su estado original los barrancos afectados por las extracciones ilegales de áridos. Hasta 2020, ninguna de las administraciones desarrolló los necesarios planes de restauración, pese a que los empresarios llegaron a presentar varias propuestas, que fueron rechazadas. El año pasado, la Viceconsejería de Lucha contra el Cambio Climático concluyó que la reparación de los terrenos devastados por la actividad minera era imposible, lo que a su vez llevó a la Audiencia Provincial a cambiar el modo de ejecución de la responsabilidad derivada de la sentencia.
Aunque durante la instrucción de la causa se elaboró un dictamen pericial que ya cifró el coste de la reparación de los barrancos en cerca de 280 millones, el Gobierno de Canarias encarga ahora un informe más detallado que se centra en la cuantificación económica del daño directo provocado por las extracciones, pero también en el riesgo potencial que provocaron en Güímar.
El Ejecutivo autonómico está considerado como una de las partes perjudicadas por la actuación de los areneros, por lo que tiene la responsabilidad de presentar ante la Audiencia Provincial un informe que detalle el daño sufrido. En el pliego de condiciones técnicas de la licitación se describen todos los requisitos que debe cumplir la adjudicataria, que tendrá que centrar su estudio en el impacto provocado por las extracciones sobre el sistema de drenaje de los barrancos, la actividad agrícola, el suelo y el subsuelo, el paisaje o la biota.
El informe también deberá ir acompañado de una cartografía digital que "permita visualizar la problemática de conjunto y percibir las distintas áreas afectadas por la actividad extractiva". Las bases de la licitación también consideran "imprescindible" que se definan los ámbitos afectados, tanto "reales" como "potenciales".
Red de drenaje
En el pliego de condiciones técnicas se hace especial hincapié en la necesidad de aclarar el estado en el que se encuentra la red de drenaje que forman los barrancos del valle de Güímar.
El documento recuerda que, en el caso de la cantera Baden II, "ha quedado destruido un tramo muy importante del barranco de Badajoz, generando una discontinuidad hidrológica con efectos imprevisibles en el comportamiento hidráulico de las avenidas".
La realización del estudio para valorar económicamente el daño requerirá de la constitución de un "equipo multidisciplinar en varias áreas de conocimiento, especialmente minería, obra civil, hidrología superficial y subterránea, ciencias ambientales y derecho".
La propuesta tendrá que incluir un plan de restauración integral con el mínimo impacto visible y que evite "mantener la zona en un estado continuo de obras".
Central Hidroeléctrica
La convocatoria también plantea que se tenga en cuenta la posibilidad de implantar una central hidroeléctrica "aprovechando parcialmente el estado de alguno de los huecos de la excavación", con el objetivo de generar un "impacto económico y restaurador" en la zona de Güímar.
El documento explica que "para ello se estudiará" la opción de la central "junto al trazado de los cauces para que las modificaciones morfológicas no impidan el desarrollo de esta industria" en la zona.
El pliego concluye que "el alcance del trabajo necesario para evaluar los daños se debe basar en la hipótesis de los costes de una posible restauración para el ámbito de los barrancos de Güímar, con el análisis de las distintas y potenciales alternativas de remodelación geomorfológica y criterios de uso final del suelo que se puedan plantear", entre las que se incluye la posibilidad de construir la central hidroeléctrica.