La jueza ordena a la Unidad de Delitos Económicos de la Policía investigar a Ricardo Melchior
Una providencia activa a la brigada especializada en perseguir el patrimonio opaco y los movimientos fiscales de los imputados en casos de presunta corrupción / La resolución judicial también fija a las 10.30 horas del 5 de febrero la nueva fecha de la declaración del histórico dirigente de Coalición Canaria, bajo sospecha por su gestión en Puertos de Tenerife
La magistrada que instruye la causa contra Ricardo Melchior, expresidente de la Autoridad Portuaria y del Cabildo de Tenerife, ha ordenado a la Unidad de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial que "realice averiguación y emita informe en relación a los delitos investigados", según consta en una providencia a la que ha tenido acceso Mírame Televisión.
La decisión de la jueza supone un impulso a la causa y estrecha el cerco contra el histórico dirigente de Coalición Canaria (CC), investigado por presuntos delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias, prevaricación y falsedad en documento mercantil; todos ellos relacionados con su etapa como máximo responsable de Puertos de Tenerife.
La orden de la magistrada del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife fue emitida el pasado 22 de enero, fecha en la que estaba previsto tomar declaración a Ricardo Melchior que, como ya ocurriera en diciembre, logró por segunda vez un aplazamiento tras alegar problemas de salud. En la misma providencia donde se activa a la Policía Judicial, la jueza vuelve a citar al expresidente de la Autoridad Portuaria el 5 de febrero, a las 10.30 horas, para proceder a su interrogatorio en calidad de investigado.
Junto a Ricardo Melchior hay otras seis personas imputadas en la causa, cuya declaración se dividirá entre los días 5 y 12 de febrero, así como siete testigos que también han sido citados por la jueza. Empresarios, periodistas y trabajadoras cercanas al exdirigente de CC se encuentran bajo la lupa del Juzgado de Instrucción Número 5 de Santa Cruz de Tenerife.
La complejidad que adquiere por momentos la investigación, en un mes decisivo en el que se tomaran 13 declaraciones, así como los indicios que se desprenden hasta el momento, han llevado a la jueza instructora a implicar en la causa al Grupo VII de la Unidad de Delitos Económicos de la Brigada Provincial de la Policía Judicial de Santa Cruz de Tenerife.
La unidad especializada de la Policía Judicial en delitos económicos y blanqueo de capitales se suele poner en marcha en las instrucciones donde es necesario profundizar en el patrimonio y los movimientos fiscales de los investigados. El Grupo VII ha jugado un papel clave en otras intervenciones contra la corrupción en Tenerife, como el caso Las Teresitas o el caso Corredor.
Las diligencias previas por las que se investiga al expresidente de Puertos se sostienen sobre varias patas. Una está relacionada con supuestos pagos encubiertos realizados a una asesora de Melchior que fue contratada de manera irregular. En la documentación que obra en poder de la jueza constan facturas que se habrían abonado a determinadas empresas con la intención de desviar el dinero hacia cuentas de la trabajadora. Es el caso de una boutique de moda y lencería de la capital tinerfeña, cuyo propietario reconoció que llegó a cobrar 2.300 euros por un servicio de "apoyo informativo y logístico de medios de comunicación" que nunca prestó.
La contratación de servicios que no se llegaban a realizar o cuyo resultado distaba mucho del objeto inicial, la mayoría de las veces relacionados con trabajos de asesoramiento en materia de comunicación, el ámbito en el que desarrollaban sus funciones las dos trabajadoras afines a Melchior contratadas de forma irregular, es otra de las cuestiones que tienen en el punto de mira la jueza instructora y la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife.
También se investiga el presunto trato de favor a una empresa que opera en el puerto de la capital tinerfeña, así como supuestos regalos que habría recibido Ricardo Melchior durante su gestión al frente de la Autoridad Portuaria, tal y como se desprende de la documentación que compone la causa judicial.