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La Intervención General remite al Tribunal de Cuentas irregularidades detectadas en Puertos Canarios entre 2014 y 2017

El órgano fiscalizador aprecia una posible responsabilidad contable de los gestores del ente público en diversos expedientes relacionados con la contratación de personal mediante sociedades externas / Nueve sentencias de los juzgados de lo social reconocen la existencia de una cesión ilegal de trabajadores provocada por la política laboral de la empresa dependiente de la Consejería regional de Obras Públicas

 

La Intervención General de la Comunidad Autónoma de Canarias ha remitido al Tribunal de Cuentas un informe sobre las irregularidades detectadas en la gestión de la empresa pública de Puertos, dependiente de la Consejería de Obras Públicas del Gobierno regional, entre los años 2014 y 2017. El escrito se apoya en las auditorias realizadas al ente durante cuatro ejercicios consecutivos, donde se detectan incumplimientos de la legislación vigente relacionados con la contratación de personal mediante empresas de trabajo temporal y el pago de complementos salariales. 

La funcionaria encargada de fiscalizar las cuentas de la Comunidad Autónoma, Natalia de Luis Yanes, considera que de las anomalías detectadas puede derivarse una presunta responsabilidad contable por parte de los gestores de Puertos Canarios. Un motivo que sustenta la remisión al Tribunal de Cuentas de las irregularidades puestas de manifiesto en un informe elaborado el 17 de septiembre de 2019, al que se ha añadido un nuevo escrito de la interventora general, de 24 de abril de 2020, por el que se rechazan las alegaciones planteadas por la empresa pública y la Consejería.

La contratación ilegal de personal a través de empresas externas y el pago de complementos salariales injustificados, según las conclusiones de la Intervención General, generó un gasto indebido para las arcas públicas de más de 1,4 millones de euros en los cuatro ejercicios fiscalizados: 2014, 2015, 2016 y 2017.

La mayor parte del tiempo analizado en las auditorías, la Consejería de Obras Públicas, desde donde cuelga el ente de Puertos, ha estado gobernada por Coalición Canaria (CC), con la excepción de un período gestionado por el PSOE, entre junio de 2015 y diciembre de 2016. El área ha tenido al frente a los nacionalistas Domingo Berriel y Pablo Rodríguez, así como a la socialista Ornella Chacón. En el siguiente escalón del organigrama, el cargo de director-gerente de la empresa ha sido ocupado por Juan José Martínez (CC), actual concejal del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife; por Gustavo Santana (PSOE), hoy viceconsejero regional de Infraestructuras y Transportes; y por Manuel Ortega (CC), que continúa en el puesto pese al último cambio de Gobierno autonómico.

 
Incumplimientos

En los escritos de la Intervención General se concluye que Puertos Canarios ha "incumplido la normativa contractual aplicable al haber contratado elevados importes con empresas de trabajo temporal, superiores a los límites exigidos, sin haberse verificado el desarrollo de los oportunos procedimientos de contratación". Una situación que, según las explicaciones del propio ente, tiene su origen en el déficit de personal que afecta a la empresa pública. Una justificación que no es suficiente para la funcionaria encargada de fiscalizar las cuentas.

A través de empresas de trabajo temporal, Puertos Canarios ha realizado un gasto total que ronda los 1,3 millones de euros durante los cuatro años auditados. En 2014, la cifra alcanzó los 177.454 euros y las contrataciones se realizaron a través de las entidades Herescan y Emplea Selección; en 2015, las sociedades elegidas fueron Activa Canarias, Nortempo y Emplea Selección, por un montante de 241.393 euros; el desembolso aumentó en 2016 hasta los 449.320 euros, a través de Activa Canarias y Nortempo; en 2017 solo se contrató mediante Activa Canarias por un total de 402.495 euros.

En julio de 2017, el actual director-gerente de Puertos Canarios, Manuel Ortega, suscribió un contrato marco de arrendamiento de servicios con Forum Activa Canarias SLU para centralizar todo el gasto de contrataciones con empresas externas. La sociedad es una filial vinculada a Activa Trabajo Canarias SL, ya que ambas comparten a la misma persona como administradora única. El acuerdo, que contempla una duración inicial de dos años, permite prórrogas automáticas por el mismo período "salvo denuncia de las partes".

Fuentes oficiales de Puertos Canarios explican que este tipo de actuaciones a través de empresas de trabajo temporal dejaron de celebrarse desde 2019, una vez que los Presupuestos de la Comunidad Autónoma permitieron a la sociedad pública realizar contratos laborales. El próximo martes, la entidad llevará al Consejo de Administración una convocatoria para cubrir plazas vacantes y actualizar la RPT.

El método irregular seguido por Puertos Canarios ha desencadenado que nueve sentencias dictadas por juzgados de lo social hayan reconocido la existencia de una cesión ilegal de trabajadores, lo que ha permitido a once empleados contratados mediante empresas externas blindar su relación laboral con la sociedad pública. La propia interventora recuerda en que aún están abiertos ocho procedimientos que atañen a otras ocho personas. 

Además de advertir de que esta situación afectará "a la masa salarial recogida en los presupuestos de explotación de la entidad incluidos en las Leyes de Presupuestos Generales de la Comunidad Autónoma para los ejercicios 2019 y 2020", la interventora general concluye que "aquellos perjuicios económicos que pudieran causarse a la administración o al propio ente público empresarial podrían ser causa de indicios de posible responsabilidad contable".

La normativa vigente, así como la doctrina del Tribunal de Cuentas, permite que una entidad o un tercero perjudicado por las decisiones de los funcionarios o cargos públicos pueda exigir, por vía de responsabilidad contable, que los directivos y gestores que ordenen los pagos irregulares, o que no realizaron las actuaciones oportunas para su recuperación, indemnicen a la empresa por el montante del perjuicio sufrido.


Pluses

Otros incumplimientos detectados por la Intervención General están relacionados con el pago de diferentes pluses y complementos salariales a trabajadores de Puertos Canarios que la funcionaria considera anómalos. Solo por esta vía, el desembolso irregular en los cuatro años analizados ascendió a 170.000 euros.

A pesar de que esta controversia fue replicada de forma insistente en las alegaciones presentadas por el ente público, la interventora general, en su escrito de abril de 2020, se mantuvo firme a la hora de aseverar que "no se aceptan las observaciones formuladas por esta Consejería (...) dado que no se tiene constancia de que Puertos Canarios haya procedido a la efectiva subsanación de las incidencias puestas de manifiesto ni al inicio de las actuaciones tendentes a la recuperación de las cantidades abonadas en exceso".

Desde Puertos Canarios se asegura que, a raíz de un informe técnico de la Consejería de Hacienda emitido en julio, se ha logrado convencer a la Intervención General de que no existe responsabilidad contable ya que, según las fuentes consultadas, se ha justificado la decisión de no exigir a los trabajadores el reintegro de los complementos cuestionados. Un hecho del que también se habría informado al Tribunal de Cuentas para pedir su archivo.

Entre los pluses irregulares detectados se encuentran complementos especiales por responsabilidad, trabajos en turnos, atención especializada a los ciudadanos, o el pago extra mensual de 500 euros a un auxiliar administrativo.

En las conclusiones y los informes de la Intervención General también se alude a pagos indebidos por algunas obras impulsadas por Puertos Canarios y otras anomalías detectadas en expedientes de diferentes infraestructuras vinculadas al ente público.