Mirame Tv

Un pelotazo en Geneto con el manual de Las Teresitas

La operación urbanística impulsada por el Cabildo en la ciudad deportiva del CD Tenerife repite protagonistas y un patrón similar al practicado en la trama que culminó con la compraventa de la playa chicharrera 
 

Año 2001. El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife acuerda comprar el frente de playa de Las Teresitas por algo más de 50 millones de euros a dos conocidos empresarios, a pesar de que la tasación de una funcionaria municipal había fijado un precio tres veces inferior. Año 2012. Parque Científico Tecnológico, una empresa del Cabildo, adquiere al CD Tenerife unos terrenos de la ciudad deportiva de Geneto por 18,9 millones, una cuantía que supera en un 524% el valor real de las parcelas.

Entre una operación y otra hay once años de distancia, pero ambas siguen un patrón similar y comparten nombres propios. La corrupción de Las Teresitas se saldó con condenas de cárcel y con la obligación de devolver el dinero malversado. La compra de los terrenos de Geneto acaba de llegar a la mesa de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife, que ha abierto unas diligencias preprocesales de investigación a raíz de un informe remitido por el interventor general del Cabildo. Estos son los rasgos gemelos que saltan a la vista:


Delitos. El conocido como caso Las Teresitas terminó en una condena a dos empresarios, dos políticos de Coalición Canaria (CC) y dos funcionarios por malversación de fondos públicos y prevaricación. Según el informe del interventor del Cabildo, además de una supuesta administración desleal, son los mismos delitos que, presuntamente, se podrían haber cometido en la operación de Geneto. Habrá que esperar a la decisión que adopte la Fiscalía, en caso de que no archive las diligencias abiertas, para conocer en qué tipos penales se terminan de encuadrar los hechos denunciados. 

Pelotazo. La Real Academia Española define un pelotazo como "una operación económica que produce una gran ganancia fácil y rápida". En Las Teresitas, los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González compraron unos terrenos por 33 millones que vendieron al Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y a una filial de Mapfre por más de 150 millones. La Intervención del Estado catalogó el negocio como un "pelotazo de libro".

En Geneto, accionistas del CD Tenerife compraron unos terrenos por valor de 1,6 millones. Quince años después ya habían vendido una tercera parte del suelo inicial a empresas vinculadas con el Cabildo por más de 22 millones de euros.

Justificación. En ambas operaciones, las administraciones siempre intentaron convencer a la opinión pública de la necesidad de comprar los terrenos. En Las Teresitas, el exalcalde Miguel Zerolo (CC) insistía una y otra vez en la pertinencia de adquirir el frente de playa para evitar que los constructores que poseían el suelo convirtieran la zona en un foco de atracción turística plagado de hoteles y comercios. 

En la hemeroteca que narra el pasado del suelo de la ciudad deportiva aparecen declaraciones de los dos miembros más destacados del Cabildo en el momento de la compra, Ricardo Melchior y Carlos Alonso, en las que se hace referencia a diferentes proyectos relacionados con el ámbito de la investigación y de la nueva economía: desde un centro de datos vinculado al proyecto del NAP hasta un parque de empresas tecnológicas. Cuando se adquirieron las parcelas de Geneto, la Corporación insular sabía de sobra que ninguno de los dos proyectos se desarrollaría en La Laguna. Por eso también se apelaba al corazón de los aficionados ante el riesgo de que el club descendiera en los despachos. Había que salvar la deuda del CD Tenerife y eso pasaba por llevar a cabo la operación. “Ganamos todos”, repetían Melchior y Alonso en la prensa.

Urbanismo. La mayor parte de los discursos políticos eran cantos de sirena, sobre todo si se tienen en cuenta los obstáculos urbanísticos que existían tanto en Las Teresitas como en Geneto. En el frente de la playa chicharrera, como quedó acreditado en la sentencia de la Audiencia Provincial, no se podía construir ni la recepción de un solo hotel. La moratoria turística y otras normativas vigentes en el momento de la compraventa impedían que los empresarios tuvieran alguna posibilidad de convertir un pequeño trozo del litoral chicharrero en una copia moderna de Las Américas.

Tampoco eran viables en Geneto los proyectos con los que se disfrazó de interés general la operación. Tanto el centro de datos del NAP como el parque tecnológico fueron ubicados en otros emplazamientos, Granadilla y Cuevas Blancas, respectivamente, por las dificultades urbanísticas que provocaba su desarrollo en La Laguna. Incluso el precio que se pagó por los terrenos, en base a una tasación que elevó su valor un 524%, estaba condicionado a la obtención de una serie de permisos urbanísticos de diferentes administraciones que nunca se concedieron y que, según algunos expertos consultados, difícilmente podían haberse conseguido dada la ordenación de la zona y la ubicación de las parcelas (en un área de servidumbre del aeropuerto y atravesadas por un barranco). Esto no es baladí, si se recuerda que de las arcas del Cabildo salieron más de 23 millones en las diferentes fases del proceso.

Tasación. Si hay una coincidencia que destaca sobre el resto entre ambos pelotazos esa es, sin duda, la forma en la que se fijó el precio de los terrenos. En el juicio de Las Teresitas quedó probado que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife encargó varias tasaciones externas, a pesar de que contaba con la valoración de una arquitecta municipal, para inflar el precio del frente de playa. Desde la Gerencia de Urbanismo se marcaban las directrices que tenían que seguir los técnicos de las tasadoras contratadas. Una de ellas fue Tinsa, cuyo informe aparece firmado, entre otros, por el aparejador Javier Risco Ceniceros.

La operación de Geneto siguió un recorrido administrativo distinto, al llevarse a cabo mediante una empresa del Cabildo, Parque Científico y Tecnológico, lo que permitía eliminar los sistemas de fiscalización y reducir los requisitos. Pero era necesario contar con una tasación y ese trabajo, al igual que en Las Teresitas, lo hizo Tinsa. La tasadora elevó el precio un 524% y tomó como testigos locales de las principales calles de la capital. Las parcelas que compró la Corporación insular por 18,9 millones valían, según datos catastrales actualizados en 2017, poco más de tres millones. El informe aparece firmado por un viejo conocido, Javier Risco Ceniceros.

Financiación. No es una casualidad que Tinsa aparezca en ambas operaciones. La tasadora era la empresa a la que siempre recurría la extinta CajaCanarias para avalar las actuaciones urbanísticas en las que participaba. La entidad financiera fue quien puso el dinero con el que se hincharon los balones usados en los pelotazos de Las Teresitas y de Geneto.

En 1998, CajaCanarias concedió un crédito de alto riesgo a Antonio Plasencia e Ignacio González para comprar los terrenos del frente de playa y la trasera de Las Huertas. La entidad puso la semilla, al igual que hizo en Geneto con los accionistas del CD Tenerife que habían montado una sociedad paralela al club, la conocida como Promotora, para especular con los terrenos. En 2006 financió la operación de la compra de las dos parcelas aledañas a la ciudad deportiva y, en 2007, también le prestó al NAP los nueve millones con los que adquirió una de las fincas que después vendió al Cabildo en 2012. Con CajaCanarias presente, y a pesar de las dificultades para desarrollar la inversión, los empresarios conseguían poner en marcha ambiciosas operaciones urbanísticas sin que saliera un céntimo de sus bolsillos. 

Empresarios. Los empresarios de Las Teresitas no formaron parte del desenlace del pelotazo de Geneto, pero estaban al principio de la operación. Antonio Plasencia e Ignacio González, de la mano del constructor Ambrosio Jiménez, participaron en la adquisición de los terrenos que en 1997, un año antes de que metieran en sus activos el frente de la playa chicharrera, compró en Geneto el CD Tenerife. Los tres promotores poseían una serie de derechos sobre el suelo y una opción de compra, pero dieron un paso a un lado para que fueran otros los que hicieran negocio con las parcelas.

El motivo que llevó a los tres empresarios a salirse de la foto es un enigma, sobre todo porque en la hemeroteca se encuentran duras declaraciones de Ambrosio Jiménez contra el clan que encabezaban Miguel Concepción y Amid Achi. En unas afirmaciones realizadas a la prensa, el también condenado por el caso El Trompo, un centro comercial levantado en La Orotava sin respetar el planeamiento vigente, explica que decidieron desistir después de que les compensaran con unos tres millones de euros. Esa es la versión pública, porque entre bastidores siempre se señala como decisiva la intervención de otro peso pesado de Coalición Canaria, Paulino Rivero.

Coalición Canaria. El partido político que impulsó las operaciones de Las Teresitas y de Geneto tiene nombre propio: Coalición Canaria. Si en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife fueron Miguel Zerolo y Manuel Parejo los políticos que idearon y llevaron el peso de las decisiones de la compraventa, en el Cabildo hicieron lo propio los expresidentes Ricardo Melchior y Carlos Alonso, que se afanaron en convencer al Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico de las bondades de adquirir los terrenos de la ciudad deportiva.

Pero en Geneto entra en juego otra figura destacada de la formación nacionalista. El expresidente de Canarias, cuando todavía era diputado nacional, reunió alrededor de una mesa a los principales empresarios de la isla. Desde el municipio de El Sauzal se desbloqueó todo. Paulino Rivero logró convencer a los constructores de Las Teresitas y a Ambrosio de Jiménez de que se apartaran del pelotazo de Geneto, mientras que con otra mano empujaba una operación destinada a salvar al CD Tenerife y, con ello, a sus principales accionistas. 

Coalición Canaria tiene un papel protagonista, pero ni en Las Teresitas ni en Geneto estuvo sola. Que ambas operaciones se aprobaran por unanimidad tampoco es una casualidad.

Unanimidad. El Pleno del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife aprobó en 2001, con el voto a favor de todas las formaciones, la compraventa del frente de playa de Las Teresitas. La unanimidad de la decisión siempre fue uno de los escudos en los que se protegió CC para justificar la operación. El apoyo del PSOE y del PP amplió durante años el abanico de las posibles responsabilidades pero, más allá del peso que puedan cargar en sus conciencias, la causa judicial se saldó con condenas solo para los principales representantes nacionalistas.

El PSOE, que ahora preside el Cabildo e impulsa las investigaciones internas que han desvelado el pelotazo de Geneto, también dio el visto bueno a la operación. Lo hizo a través de José Luis Delgado, actual director general del Gobierno de Canarias, que formaba parte del Consejo de Administración de Parque Científico y Tecnológico que en enero de 2012 dio luz verde a la compra de los terrenos. Eso sí, después de escuchar las explicaciones de Carlos Alonso y de leer la carta enviada dos semanas antes por Ricardo Melchior, se atrevió a preguntar por la legalidad de la compra a un asesor jurídico de la empresa pública presente en la sesión, que le dio su bendición. El resto de consejeros eran miembros de Coalición Canaria, así que la operación salió adelante sin más contratiempos y con la garantía de que era viable. Nada más lejos de la realidad.

Viabilidad. Ni la compraventa de Las Teresitas ni la adquisición de los terrenos de Geneto era viable económicamente. Pagar más de 50 millones por el frente de playa provocó un agujero de grandes dimensiones en las arcas del Ayuntamiento capitalino. La operación comprometió la prestación de servicios básicos, tal y como quedó acreditado durante el juicio, y obligó al Consistorio a vender, también de manera irregular, la empresa pública de aguas, que hasta entonces era rentable, a la multinacional Sacyr. 

La compra de las parcelas de la ciudad deportiva tampoco fue un buen negocio para la salud financiera de Parque Científico y Tecnológico. La adquisición se adoptó sin tener ninguna garantía real de recuperar los cerca de 20 millones que costaron los terrenos. No hubo informe técnico que avalara la operación, como tampoco se adoptó nunca un acuerdo plenario que comprometiera al Cabildo a tapar el sumidero de Geneto. Solo existía una promesa de ampliar el capital de la sociedad en cuatro años, insuficiente a todas luces según el interventor, plasmada en forma de una carta que, dos semanas antes de la sesión definitiva, Ricardo Melchior envió a todos los miembros del Consejo. La inversión nunca llegó y el pelotazo dejó maltrechas las arcas de la entidad pública, que ha tenido que ser rescatada a lo largo de estos años por la Corporación insular, que paga seis de cada siete euros de la deuda. En total, más de 1,7 millones al año que siguen saliendo desde la plaza de España hasta la sede de Caixabank, la entidad que absorbió a la extinta CajaCanarias.

Comprar lo que es tuyo. Uno de los aspectos que más llamó la atención durante el juicio de Las Teresitas fue constatar que el Ayuntamiento compró unos terrenos que, en parte, ya eran suyos. Una escritura desvelada durante el proceso penal puso de manifiesto que la Junta de Compensación ya había cedido parcelas del frente de playa al Consistorio en 1967. Un hecho que, sumado a que no se tuvo en cuenta el deslinde de la zona, provocó que saliera dinero de las arcas municipales para comprar suelo que ya era de titularidad pública.

En Geneto, la coincidencia está en que una de las dos parcelas que Parque Científico y Tecnológico compró en 2012 era propiedad de NAP, una empresa participada al 50% por el Cabildo de Tenerife, por la que pagó 5,9 millones a pesar de que, cinco años antes, la sociedad había adquirido el mismo suelo a la Promotora del CD Tenerife por nueve millones. Además de que las cifras no cuadran, lo que también ha despertado las sospechas del interventor, lo más significativo es que en 2013 la Corporación insular, a través del ITER, adquirió todas las acciones de NAP. Si la decisión se hubiera adoptado unos años antes, no hubiera sido necesario desembolsar 5,9 millones porque la finca ya habría formado parte del patrimonio público, a raíz de la compra de las participaciones privadas.

Notaría. La guinda del pastel de las coincidencias entre ambas operaciones está vinculada con la formalización de los actos que se iban adoptando. Solo en el distrito de Santa Cruz de Tenerife, según datos del Colegio Oficial, hay registradas 14 notarías. Sin embargo, tanto la adquisición del frente de playa de Las Teresitas como la de los terrenos de Geneto, como ocurrió con el préstamo de CajaCanarias a la Promotora, alcanzaron fe pública en un mismo despacho: el que ocupa el notario Nicolás Quintana Plasencia en una céntrica vía de la capital chicharrera.