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El Cabildo grancanario concede al empresario Miguel Ángel Ramírez la licencia urbanística que le costó una condena de prisión

Aplica una sentencia que da la razón al presidente de la UD Las Palmas para hacer unas obras en su finca de La Milagrosa

El Cabildo  de Gran Canaria asume la sentencia de 2017, que se hizo firme en 2019,  que concede a Miguel Ángel Ramírez la autorización ara construir su pérgola, su pajarera y su muro en La Milagrosa. 

Según informa el digital canariasahora.com, una condena a tres años de prisión, un indulto parcial, una demanda contencioso-administrativa, una prescripción de aquella condena… Y, sobre todo, un enorme desgaste reputacional, han terminado este mes de julio, 16 años después, con una resolución que da la razón al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas: las obras en su finca de La Milagrosa (Las Palmas de Gran Canaria) por las que se le condenó por un delito contra la ordenación del territorio a tres años de prisión y 43.200 euros de multa, y que derribó en aplicación de esa sentencia, ya pueden realizarse con plenas garantías legales.

El Cabildo de Gran Canaria emitió el día 8 de julio una resolución en la que anula otra del año 2014 por la que se le denegaba la calificación territorial solicitada por el promotor de las obras. La corporación aplica una sentencia de lo contencioso-administrativo de 2017 y , autoriza a Ramírez la construcción de un alpende, una pérgola, una pajarera, unos muros de contención y unos accesos en su finca, de más de 30.000 metros cuadrados, a las afueras de la capital grancanaria.

Ramírez ejecutó las obras, pese a que en 2004 el Cabildo le denegó la calificación territorial por considerar que afectaba a un paraje natural. Entonces, el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil interpuso una denuncia que fue acogida p por el entonces fiscal jefe de Las Palmas, Guillermo García-Panasco, que llevó hasta el final unas diligencias penales que acabaron con en condena por un delito contra la ordenación del territorio.

Al mismo tiempo, inició un procedimiento contencioso-administrativo para tratar de demostrar que el Cabildo se equivocaba al denegándole las autorizaciones. Y logró demostrar que el paraje natural protegido que hubiera impedido las obras no existía como tal en el momento en el que se tramitó la licencia.

El digital canariasahora.com, recuerda que,  tras ser condenado en 2010, el empresario movió sus resortes para conseguir un indulto parcial que le permitiera una rebaja suficiente de la condena que esquivara el ingreso en prisión.  Logró un indulto que fue anulado por defectostos formales, per que el proceso sirvió para  que prescribiera la condena a tres años de prisión.