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Más de 25 ONG reclaman al Gobierno de Canarias una revisión de las subvenciones concedidas a cargo de IRPF

Afirman que el 59,04% del presupuesto se destina a dos entidades y piden medidas especiales para 330 proyectos dirigidos a los más vulnerables

Más de 25 Asociaciones sin Ánimo de Lucro de Canarias de diferentes áreas de actuación se han unido para reclamar a la Consejería de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias una revisión del reparto de las Subvenciones concedidas a cargo del IRPF para 2020 con motivo de la Resolución Provisional del 28 de abril publicada en el BOC el 06 de mayo del presente.

Según un comunicado remitido por estas ONG, por segundo año consecutivo, el reparto beneficia a las grandes asociaciones y a entidades de ámbito nacional repartiendo el 59,04% del presupuesto de la convocatoria para 2020 entre dos únicas entidades, lo que supone más de 4 millones de euros.

Denuncian un maltrato institucional continuado a las entidades convocando y resolviendo en plazos que suponen un riesgo de continuidad para las que tienen que adelantar seis meses el desarrollo de los proyectos sin tener garantía de concesión.

Asímismo, aseguran que no se realiza una correcta aplicación de la Ley de Servicios Sociales aprobada en 2019 que determina el desarrollo del concierto social como medida de continuidad de los servicios asistenciales.

Estas organización sostienen que la Consejería les ha confirmado que no se va a hacer ninguna modificación al reparto efectuado para 2020 y les insta a presentarse a otras convocatorias como única solución.

Por ello. consideran que urge tomar medidas desde otras esferas para ayudarlas que atienden a aquellas personas más vulnerables,  lo que debería estar haciendo la Administración, y "no abandonarlas a su suerte en el peor momento de nuestra historia reciente y reclaman la aplicación de medidas y partidas extraordinarias para no dejar en abandono a 330 proyectos que cumpliendo los requisitos exigidos por las bases se han quedado sin financiación y que atienden a los colectivos más vulnerables de la sociedad".

Según explican, han elaborado una lista de reivindicaciones que mantienen la línea de lo reclamado el pasado ejercicio y que no han sido respondidas a pesar de las promesas establecidas por la Consejería el pasado año. Siete entidades, en representación de las 26 que se han unido hasta la fecha, se reunieron el pasado 26 de mayo con la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud y otros representantes de la Consejería para intentar encontrar una solución al grave desamparo en que deja esta resolución a la gran mayoría de entidades que concurrían a esta convocatoria.

Durante el encuentro,  detallaron sus reivindicaciones sobre el reparto desigual y desequilibrado del presupuesto, el maltrato institucional de esta Consejería concretamente con las entidades sociales de manera continuada en el tiempo y sin mediar mejora en los últimos años, la existencia de líneas de actuación específicas a colectivos que deberían estar incluidos en otras categorías que también recogen las bases y también reclamaron la representación de las entidades en las mesas de negociación ya que existe un único interlocutor no consensuado y que no representa a ninguna de las entidades afectadas.

Añaden que la Consejería trató de justificar esa falta de concesiones por la limitación de fondos, pero no explicó cuáles han sido los criterios para designar la calidad de los proyectos ni porqué han destinado todos los fondos a unas pocas, aplicando como único criterio de exclusión no la calidad sino la falta de fondos. Las entidades reclaman un reparto equitativo y porcentual entre todas las que han obtenido la puntuación mínima exigida.

Estas entidades defienden que a las grandes entidades se las debe financiar de manera permanente aplicando la Ley de Servicios Sociales para que sigan desarrollando la inestimable labor asistencial que realizan. También proponen establecer de manera consensuada criterios de reparto que permitan diferenciar las grandes entidades de las pequeñas y medianas para establecer así una competencia equilibrada.

Otra de las quejas de estas organizaciones es que la Consejería de Derechos Sociales "ha validado como interlocutor representante de las entidades sin ánimo de lucro a un agente único sin validar a cuántas ni a qué entidades representa, dejando sin participación real ni activa a un alto porcentaje de las entidades canarias".

Consideran, además que "es importante además señalar que dicho interlocutor está compuesto principalmente por entidades de ámbito nacional, con el perjuicio que esto supone para la defensa de las características de las entidades locales que desarrollan su labor exclusivamente en la Comunidad Autónoma de Canarias.

Las ONG manifesitan el desamparo que este vacío de subvenciones supone en un año especialmente complicado marcado por la crisis del COVID19, en el que no van a poder realizar eventos de recaudación,  los servicios han estado paralizados durante  dos meses y en algunos casos lo siguen estando, por la inversión que están suponiendo las medidas preventivas asociadas al oronavirus;. Sin embargo, alertan de que lo más importante es la gran necesidad que presentan los colectivos atendidos por estas entidades ante la ausencia de terapias, ayudas, etc. durante este confinamiento.