Una empresa con intereses en Arona pagó un viaje a Eliseo de la Rosa
La sociedad Gomasper, propiedad del empresario Pedro Suárez, pagó un viaje a Inglaterra al arquitecto municipal del Ayuntamiento de Arona Eliseo de la Rosa. Así consta en una documentación bancaria que recibió de forma anónima José Antonio Reverón, según aseguró durante su declaración como testigo el concejal de Ciudadanos y denunciante de la causa.
Tal y como relató Reverón, a su casa llegó un sobre cerrado que contenía un extracto bancario en el que figuraba una transferencia realizada por la empresa Gomasper a la agencia Viajes Salazar para hacer frente al coste de los billetes de avión y el alojamiento de Eliseo de la Rosa y otras personas de su entorno en Inglaterra. Los hechos fueron trasladados a la Fiscalía en 2008.
La representante del Ministerio Público, Francisca Sánchez, fue la que preguntó a José Antonio Reverón por esa documentación, aunque no se extendió en su interrogatorio. Todo lo contrario que el abogado de la acusación particular, Santiago Martínez, que puso un especial énfasis al tener Pedro Suárez intereses urbanísticos en la misa zona que el denunciante al que representa, el empresario José Ramón Ansorena.
La importancia de que existan pagos de Gomasper al arquitecto Eliseo de la Rosa se sustenta en la supuesta relación que estos gastos tendrían con el presunto trato de favor que habría recibido Pedro Suárez a raíz de sus intereses en el municipio tinerfeño. No hay que olvidar que el Ayuntamiento de Arona concedió licencias urbanísticas a la sociedad del también vicepresidente del Club Deportivo Tenerife para construir una urbanización residencial en una zona de Costa del Silencio donde solo se permitía el uso hotelero.
Mientras que Pedro Suárez no encontró problemas para conseguir los permisos urbanísticos, el propietario de una parcela contigua, donde tampoco se permitía el uso residencial, no tuvo la misma suerte cuando solicitó una licencia para construir una urbanización en suelo hotelero. Los obstáculos con los que se topó Ansorena le llevaron, precisamente, a grabar una conversación con el supuesto intermediario de la presunta trama de cobro de comisiones, Arsenio Zamora, en la que este le reclama 45 millones de pesetas para desbloquear el expediente. La cinta es una de las pruebas fundamentales en las que se sustentan las distintas acusaciones de cohecho que pesan sobre algunos técnicos municipales, entre ellos el propio Eliseo de la Rosa. Finalmente, el permiso se autorizó tras un informe del Gobierno de Canarias que avalaba el uso mixto en los terrenos de la polémica.
De ahí viene la trascendencia que las acusaciones le dan al hecho de que una empresa con intereses urbanísticos en Arona pague un viaje a uno de los arquitectos que informó sobre el expediente. Algo que, sin embargo, para el abogado de Eliseo de la Rosa, Fernández Del Torco, no tiene nada que ver con la presunta trama que se juzga en la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.
El veterano letrado recordó que el funcionario tenía concedida la compatibilidad para trabajar para empresas privadas siempre que la actuaciones se desarrollasen fuera del municipio. Era lo que hacía en el caso de Gomasper, una sociedad para la que prestaba servicios en Guía de Isora, lo que, en opinión de su defensa, justifica que existan pagos de la sociedad de Pedro Suárez a Eliseo de la Rosa.
Advertencias
La declaración de José Antonio Reverón fue, sin duda, la más importante de la novena sesión del juicio por el caso Arona. El concejal de Ciudadanos, ex del PSOE, relató las "continuas" advertencias que durante años realizó al Gobierno local por las supuestas ilegalidades en las que incurrían al conceder las licencias. "De diez expedientes que iban a la Junta, ocho venían con informes jurídicos desfavorables", explicó.
Reverón también insistió en que los concejales acusados "tenían conocimiento" de los reparos que los técnicos hacían a la concesión de licencias, como también ratificaron en la jornada de ayer los funcionarios que hicieron las veces de secretarios accidentales en varias de las juntas que aprobaban los permisos. "Era un suicidio que estamos pagando ahora", dijo.
Sobre la presunta trama por la que supuestamente varios políticos y funcionarios cobraban comisiones para tramitar las licencias ilegales, el denunciante admitió que "había sospechas pero no se podían demostrar". Reverón hizo hincapié en que alguno de los acusados, como el exaparejador municipal Roberto de Luis, llevaban un nivel de vida "inusual, con tres o cuatro coches de alta gama".
Consecuencias
La novena sesión del juicio, última de esta semana, sirvió también para escuchar a dos testigos que sufrieron en primera persona las consecuencias de conceder licencias en urbanizaciones donde se otorgaron cédulas de habitabilidad sin estar finalizada la instalación de algunos servicios básicos.
Es el caso de Ángela Quintas, presidenta de una comunidad de vecinos de un edificio de Buzanada donde el Ayuntamiento concedió la habitabilidad pese a que el inmueble aún no contaba con luz. Según su declaración, que tuvo lugar por videoconferencia, "durante dos años" los afectados de esta promoción tuvieron que vivir con luz de obra o la que, posteriormente, les proporcionaba un generador, lo que les llevó a manifestarse.
Una situación similar fue la que vivió otro de los testigos que acudieron esta mañana a la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, Alberto Delgado. "Cuando llegamos al edificio, lo que teníamos era luz a través de un motor", explicó a preguntas de la fiscal, porque "no había suministro de baja tensión". También relató como, en ocasiones, el generador provocaba humos que "se introducían en algunas de las viviendas".
Dos de los policías locales que levantaron actas ante las quejas de los vecinos también tuvieron que declarar por estos hechos. Ambos, más allá de ratificarse en el atestado que realizaron cuando fueron requeridos, se quejaron de que cuando fueron citados por el Juzgado intentaron tener acceso al expediente pero, pese a solicitarlo por escrito, no se lo facilitaron sus superiores.
La sesión se cerró con el testimonio de Casiano José Feo, uno de los dueños de Guaza Motor, que reconoció que compró un terreno rústico que el Plan General de Ordenación (PGO) que se encontraba en redacción reclasificaba a urbanizable. El juicio se toma un respiro hasta el próximo lunes, cuando se reanudarán las declaraciones con dos de los testigos más esperados: los Ansorena, padre e hijo, denunciantes de la causa.