La fiscal pide la declaración como investigado del exalcalde de Tegueste por presunta prevaricación urbanística
La denuncia del Ministerio Público solicita la imputación de José Manuel Molina (CC) por conceder una licencia para construir una gasolinera ilegal en el municipio tinerfeño / El escrito también cuestiona que no se suspendieran las obras pese a las advertencias de varios técnicos y recuerda que la empresa promotora condicionó la compra de los terrenos a la obtención del permiso
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha solicitado la declaración en calidad de investigado del exalcalde de Tegueste José Manuel Molina por un presunto delito de prevaricación urbanística. Los hechos están relacionados con la licencia que el político de Coalición Canaria concedió en junio de 2018 para la instalación en el municipio de una estación de servicios ilegal. En la denuncia del Ministerio Público, a la que ha tenido acceso Mírame Televisión, también se cuestiona que el Ayuntamiento no suspendiera las obras de la gasolinera pese a la existencia de varios informes técnicos que alertaban de que el permiso de la instalación era nulo de pleno derecho.
El escrito, que está firmado por la fiscal Lidia Fidalgo, tiene fecha de 8 de octubre de 2019 y fue presentado en los juzgados de La Laguna, donde ya existe una causa penal abierta por los mismos hechos a raíz de una querella presentada por otra gasolinera del municipio. La denuncia del Ministerio Público, que probablemente se incorpore a la causa que ya está en marcha, también pide que se cite como testigos a los dueños de la empresa promotora y al técnico de administración general del Ayuntamiento de Tegueste, así como también solicita que se llame como peritos a la aparejadora municipal y al arquitecto externo que alertaron de la ilegalidad de la licencia.
La actuación de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife responde a un escrito presentado por la Asociación El Árbol Rojo, a la que se adhirieron Sí Se Puede y Podemos, aunque descarta, al menos de momento, el presunto delito de malversación que también denunciaron los vecinos junto al de prevaricación. En la querella de la gasolinera competidora que ha llevado la polémica al juzgado también se añade otro tipo penal al apuntar a un supuesto tráfico de influencias.
La estación de servicios, que está ubicada en el barrio de Las Toscas, se encuentra precintada en la actualidad y no ha podido comenzar su actividad, pese a estar finalizadas las obras, ya que el Ayuntamiento anuló el permiso, con el visto bueno del Cabildo de Tenerife y del Consejo Consultivo de Canarias, tras abrir un procedimiento de revisión de oficio.
La denuncia pone el punto de mira en tres hechos destacados. El primero es la compra por parte de la empresa promotora de los terrenos a una sociedad perteneciente a la familia de la mujer del exalcalde por un total de 675.000 euros. En la escritura de la operación se condicionó el pago del 70% del precio a la obtención de la licencia urbanística, lo que no ha pasado desapercibido para la fiscal.
El Ministerio Público recuerda que los terrenos sobre los que se edificó la instalación "fueron vendidos por la entidad mercantil Alimentación Castillo SA a la entidad mercantil Canteras de La Laguna SL con una condición resolutoria consistente en la obtención de las licencias de obras necesarias para construir la estación de servicios". Un hecho que los vecinos denunciantes sobre todo destacan por la vinculación familiar entre los antiguos dueños del suelo y el exalcalde.
Parcelas
Son los terrenos el segundo punto clave de la denuncia de la fiscal, ya que inicialmente el suelo donde se ha construido la estación de servicios ocupaba una sola parcela, que fue segregada en tres partes para evitar los obstáculos urbanísticos que planteaba el planeamiento municipal. Una irregularidad que no pasaron por alto los técnicos consultados después de que se concediera el permiso, a pesar de que la licencia fue informada de forma favorable por el entonces secretario municipal, José Tomás Martín, que cumple condena en la cárcel por su participación en la trama de Las Teresitas.
La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife recuerda que "en el expediente de la concesión de la licencia a la gasolinera se realiza una división de la parcela original en tres parcelas de superficie inferior a 900 metros cuadrados para, una vez parcelada, dar una licencia de ejecución para un proyecto global que se desarrolla sobre el conjunto de tres parcelas con una superficie total de 2.361 metros cuadrados".
Un dato que contrasta con las disposiciones del Plan General de Ordenación (PGO) de Tegueste, que establece que las parcelas destinadas a este tipo de actividades no pueden sobrepasar los 1.500 metros cuadrados. Para saltar la prohibición, con el beneplácito del Ayuntamiento, los promotores dividieron la parcela en tres y ubicaron en cada una de ellas una instalación distinta: una gasolinera, una tienda y un autolavado.
Los informes técnicos que se encargaron después de que saltara la polémica por la movilización de los vecinos, a un arquitecto externo y a una aparejadora municipal, advierten de que la estrategia de los promotores es inviable desde el punto de vista urbanístico. Como también explica la fiscal, "se trata de un proyecto único por cuanto, aunque en cada una de las parcelas se sitúe una edificación, las tres edificaciones funcionan como partes de un todo", a lo que añade que "esta circunstancia es una clara violación de la normativa de superficie máxima de la parcela al desarrollarse en una superficie mucho más amplia (...) y constituye un caso claro de fraude de ley".
Otras irregularidades detectadas en los informes técnicos y que son pilares de la denuncia del Ministerio Público están relacionadas con la imposibilidad de obtener la condición de solar de las tres parcelas, los retranqueos o la ocupación de los espacios libres privados resultantes de la restricción de la aplicación de la profundidad y el resto de los espacios libres al proyectarse la ocupación del subsuelo.
El tercer cimiento que sostiene la denuncia de la Fiscalía está vinculado con la pasividad del Ayuntamiento a la hora de suspender las obras y las posibles consecuencias económicas que puede provocar el pago de indemnizaciones a los promotores a raíz de la anulación de la licencia. En el escrito de la fiscal se recuerda que "a pesar de los informes emitidos por Walter Beltrán Espinosa [el experto al que se solicitó un dictamen externo] en noviembre de 2018 y los informes de la arquitecta técnica no consta que se haya adoptado por parte del alcalde ninguna medida cautelar relativa a la paralización de las obras o suspensión de los efectos de la licencia".
La representante del Ministerio Público explica que la arquitecta técnica municipal se ratificó en su postura durante el procedimiento de revisión de ofició y advirtió de que "la no paralización de las obras, y en caso de que se declarase la nulidad de la licencia, además de dificultar o de la imposibilidad de restaurar el suelo a su estado primitivo, supondría un incremento en el valor de las demoliciones, resultando, desde el punto de vista de quien suscribe, más lógico evitar que se construya cuando hay riesgo de demolición".
A pesar de las advertencias de los informes técnicos, de los vecinos y de la oposición política en el Ayuntamiento, las obras siguieron su curso. Agentes del Seprona de la Guardia Civil constataron el 27 de agosto y el 10 de septiembre de 2019 que "la construcción de la gasolinera se encuentra prácticamente finalizada", como incide la fiscal en su denuncia.