El juzgado también investiga a dos técnicos de Costas por las obras del Monkey Beach Club
La jueza que instruye la causa encarga un informe pericial para aclarar si existió un aumento de volumen del local de ocio de Adeje tras acometer el proyecto de ampliación
La causa penal abierta por las obras de ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en el litoral del municipio tinerfeño de Adeje, también salpica al Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife. Según fuentes consultadas por Mírame Televisión, dos técnicos del órgano estatal figuran como investigados en la instrucción por su participación en los diferentes informes o autorizaciones concedidos al establecimiento.
Los dos funcionarios de Costas se encuentran investigados junto a los concejales miembros de la Junta de Gobierno local del Ayuntamiento de Adeje que concedió la licencia municipal de obras, al exviceconsero de Política Territorial de Canarias que firmó la autorización para la ampliación de la instalación y a los técnicos que informaron a favor de los distintos permisos. El procedimiento está en manos del Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona, tras unas diligencias abiertas a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife. La causa ha sido declarada compleja, por lo que se han ampliado los plazos oficiales de investigación.
Aunque los técnicos de Costas aún no han acudido a declarar, después de que se suspendiera su citación a petición de la Abogacía del Estado, está previsto que lo hagan, en calidad de investigados, en las próximas semanas. Hasta el momento, solo han sido interrogados como imputados los concejales del Ayuntamiento de Adeje que votaron a favor de la licencia municipal, entre los que figuran el alcalde del municipio tinerfeño, José Miguel Rodríguez Fraga (PSOE), y la actual directora insular de Desarrollo Socioeconómico del Cabildo, Ermitas Moreira, edil de Urbanismo en el momento de la concesión del permiso.
El papel de Costas es clave en la causa si se tiene en cuenta que el principal elemento que ha llevado a la Fiscalía a denunciar los hechos, tras un escrito presentado por vecinos de la Comunidad Galaxia, afectada por la ampliación del edificio, que se ubica en primera línea de la playa de Troya e impide la vista al mar que con anterioridad a las obras disfrutaban los locales y viviendas aledaños, es el presunto incumplimiento de la legislación estatal que regula los usos y las actuaciones permitidas en el dominio público marítimo-terrestre.
Según los propios vecinos afectados, que han presentado una demanda en la jurisdicción contencioso-administrativa para que se declare la construcción contraria al interés general, las obras de reforma del local de ocio habrían incumplido varios preceptos de la Ley de Costas, en especial la disposición transitoria cuarta de la norma, que impide el aumento de volumen y de altura de las edificaciones que ocupen la zona de servidumbre de protección, como es el caso del Monkey Beach Club.
Una posición que se ve reforzada por las observaciones que un técnico del propio Servicio Provincial de Costas plasmó en un informe tras una inspección al establecimiento mientras se llevaban a cabo los trabajos de reforma. El agente medioambiental puso negro sobre blanco las contradicciones urbanísticas que existen entre el proyecto de ampliación y la legislación estatal, cuyo eje es evitar la construcción de pantallas arquitectónicas en primera línea del litoral. Las advertencias nunca fueron tenidas en cuenta por sus superiores, que permitieron que las obras continuaran.
El Servicio Provincial de Costas de Santa Cruz de Tenerife autorizó un proyecto, vinculado al principal de reforma, consistente en la remodelación de las terrazas del establecimiento, ya que parte de su superficie invadía directamente el dominio público marítimo-terrestre. Este fue el motivo que propició la inspección del agente medioambiental que, además de constatar que el local todavía ocupa una parte pequeña de la zona demanial, alertó de las presuntas irregularidades por las incompatibilidades de la ampliación en relación a la normativa estatal.
Antes de que la Consejería de Política Territorial de Canarias dictara la autorización de la ampliación, el Servicio de Gestión de Dominio Público también tuvo que emitir un informe, que es requisito legal, para expresar su pronunciamiento sobre el proyecto. El escrito no realiza advertencia alguna sobre posibles incompatibilidades de los trabajos con la Ley de Costas y se limita a informar, en un solo párrafo, de que las obras “estarían afectadas por la servidumbre de protección y de salvamento de dominio público marítimo-terrestre”.
Perito
El Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona ha encargado la elaboración de un informe pericial que aclare las dudas urbanísticas que se han levantado con el ya conocido como caso Monkey. Aunque pueda resultar paradójico, dado que el propio proyecto cuestionado responde al título de Ampliación del Monkey Beach Club, el principal punto de discordia entre las partes radica en si con las obras del establecimiento se ha producido un aumento de la superficie del local, prohibida de plano por la Ley de Costas al ocupar el edificio la servidumbre de protección.
Las autorizaciones concedidas se basan en las directrices urbanísticas que establece el Plan de Mejora, Modernización e Incremento de la Competitividad (PMM) de Costa Adeje, instrumento de ordenación en base al que se realiza el cálculo para justificar que el incremento de volumen está permitido por lo establecido en el principal instrumento de ordenación de la zona. Una afirmación que, según los argumentos legales sostenidos por los vecinos en la demanda presentada, pierde sentido si se tiene en cuenta una disposición adicional única que, a última hora de la tramitación, se incluyó en el documento.
A petición del propio Servicio Provincial de Costas, la Consejería de Política Territorial se vio obligada a incluir en el PMM de Costa Adeje una disposición adicional única que insiste por escrito en algo que ya era obligatorio de facto, al tratarse de una normativa superior: la necesidad de respetar las limitaciones establecidas en la legislación estatal que regula los usos y actuaciones permitidos en el dominio público marítimo-terrestre y sus servidumbres. Pero hay otra factor que no se puede despreciar en la realidad urbanística que afecta al Monkey Beach Club, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anulara en primera instancia el Plan de Modernización tras detectar numerosas irregularidades. La resolución ha sido recurrido ante el Tribunal Supremo, por lo que el documento sigue vigente hasta que haya un pronunciamiento firme.
La superficie del Monkey Beach Club, que antes de las obras no superaba los 200 metros cuadrados, se ha triplicado tras la reforma. La altura del edifico también se ha visto incrementada en dos plantas. El establecimiento se encuentra precintado en la actualidad por el Ayuntamiento de Adeje al carecer de una licencia de actividad ajustada a su nueva realidad urbanística.
Las dudas técnicas tendrán que ser resueltas por el perito judicial en su informe, que también se prevé que sea entregado en fechas próximas. El caso Monkey tuvo que ser declarado complejo hace unos meses después de que prácticamente no se hubieran desarrollado diligencias después de la apertura de la causa tras la denuncia de la Fiscalía, lo que llevó también a la toma de declaración de los primeros investigados, los concejales que concedieron la licencia municipal. Una retraso en la instrucción que las fuentes consultadas vinculan con las dificultades con las que se ha topado el juzgado para conseguir toda la documentación del procedimiento por parte de Costas.
A pesar de que la petición se ha realizado en varias ocasiones, los responsables de Costas tampoco han querido hacer declaraciones públicas sobre la ampliación del Monkey Beach Club ni han permitido a Mírame Televisión el acceso al expediente.