Mirame Tv

Bermúdez desmonta la defensa de Zerolo en el 'Caso Las Teresitas'

El regidor de Santa Cruz de Tenerife declara en la causa penal que "no es probable" que el Ayuntamiento comprase el frente de playa por 53 millones "sin conocimiento del alcalde"

"Es posible pero no probable que se lleve a cabo la compraventa de los terrenos y que se dispusiese de un gasto tan elevado sin conocimiento del alcalde". Son las palabras pronunciadas por José Manuel Bermúdez, máximo regidor de Santa Cruz de Tenerife, al ser preguntado en el Juzgado de Instrucción Número 3 de la capital por la causa penal de Las Teresitas. La declaración como testigo del político de Coalición Canaria (CC) tira por tierra la defensa que ha mantenido su antecesor, Miguel Zerolo, principal imputado en el caso, sobre su desvinculación de la decisión que tomó la Gerencia de Urbanismo en 2001 para adquirir las once parcelas del frente de la playa por cerca de 53 millones de euros.

No es esta, además, la única contradicción. Mientras Zerolo ha sustentado su defensa en que no era conocedor de la operación y en la autonomía de la Gerencia de Urbanismo, Bermúdez dejó claro en su declaración judicial de 2014 que "esto no significa que haga lo que quiera. El alcalde es el que preside el organismo y está informado por el concejal de Urbanismo del día a día".

En la declaración, que tuvo lugar el 23 de abril de 2014, a la que ha accedido mirametv.com, Bermúdez mantiene la línea de sus servicios jurídicos sobre que el Ayuntamiento debía de haber "pagado una cantidad muy inferior a la que en principio se pagó". Además, tilda de "relevante" el gasto de los 53 millones "no solo por el importe, sino que es un contrato público". 

El grueso del interrogatorio fue llevado por la Fiscalía Anticorrupción, que centró sus preguntas en la figura de Miguel Zerolo, la demanda civil del Ayuntamiento y el hecho de que se compraran terrenos que ya eran públicos.  Incluso, la representante del Ministerio le llega a cuestionar si tiene conocimiento de la sentencia condenatoria del Caso Mamotreto, a lo que el alcalde contesta que sí. Además de por la juez, también se sometió a los planteamientos del abogado del exalcalde, que intentó en varias ocasiones que el dirigente nacionalista reconociera la "complejidad" del procedimiento. 

Bermúdez rompe así la tregua oficial que durante estos años ha mantenido CC alrededor de uno de los casos por presunta corrupción más importante de Canarias, especialmente porque hasta ahora siempre se había eludido un pronunciamiento sobre el fondo de la cuestión y las responsabilidades del exalcalde en la operación. En varias ocasiones, el regidor actual había manifestado que confiaba en la inocencia de Zerolo, pero ha tenido que ser en el Juzgado, a raíz de las preguntas de la juez y la fiscal, donde el político nacionalista ha entrado en detalles sobre su opinión de lo que pasó en el Ayuntamiento capitalino en los años de la compraventa.

 

Admite que parte de los terrenos eran públicos

Aunque insiste en que se enteró de lo que ocurría "por los medios de comunicación", admitió que con los años y su llegada al Consistorio ha conocido que parte de los terrenos comprados en 2001 ya eran propiedad del Ayuntamiento. Pese a que siempre ha sido un destacado militante de CC, con cargos de responsabilidad en el Cabildo de Tenerife en la época de la operación, lo cierto es que Bermúdez no se convirtió en presidente del Comité Local de la formación nacionalista hasta 2006. En el momento de los hechos investigados, las riendas del partido en la capital tinerfeña las llevaba Luis Suárez Trenor, imputado a su vez en el Caso Forum.

Con la instrucción ya finalizada, un total de 12 personas se sentarán en el banquillo, previsiblemente a comienzos de 2016, acusados por delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos. La lista la componen Antonio Plasencia, presidente de la patronal tinerfeña de la construcción, Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio, sus hijos Pedro González y Carlos Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, los exportavoces del PP y PSOE, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, así como los funcionarios Víctor ReyesJosé Eugenio de ZárateJosé Tomás MartínJosé Luis Roca y Antonio Messía de Yraola. Para todos, el Ministerio Fiscal pide 52 años de prisión. 

En el mismo banquillo se sentará Miguel Zerolo, a la espera de que la Fiscalía y las acusaciones presenten sus escritos de petición de penas contra el exalcalde. La parte de la investigación que afecta al exsenador fue remitida recientemente al Juzgado de Instrucción Número 1, tras perder su aforamiento al dejar la Cámara Alta después de ser condenado a ocho años de inhabilitación por el Caso García Cabrera.

Sobre los técnicos del Ayuntamiento, Bermúdez mostró su confianza en los actuales, pero no en los que se encontraban en la Gerencia de Urbanismo en la época en que se llevó a cabo la compraventa de Las Teresitas por 53 millones de euros. En referencia a los documentos que demuestran que una parte de los terrenos ya eran públicos, el alcalde afirma que los servicios jurídicos le han manifestado que es un asunto "complicado". Tampoco supo responder a por qué el Consistorio decidió descartar otras opciones más rentables para las arcas públicas, como la expropiación o el cambio de planeamiento en la zona. 

En 2014 también declaró el exconcejal de Urbanismo en el primer mandato de Bermúdez, José Ángel Martín, uno de los denunciantes del caso, que se ratificó en lo que tantas veces ha asegurado en los medios de comunicación: "Zerolo conocía de primera mano" los entresijos del caso. El actual portavoz socialista en la oposición justificó su afirmación en "conversaciones mantenidas con los técnicos municipales".

 

El Ayuntamiento reclama 82 millones

Las posiciones de Bermúdez y Martín han tenido en la práctica una consecuencia que puede generar una importante compensación para las arcas públicas: a través de un despacho externo, Aguilar y Astorga Abogados, el Ayuntamiento se ha personado en la causa penal y ha presentado un escrito de acusación como actor civil en el que reclama 82 millones de euros a los acusados. El Consistorio se une a las posturas mantenidas por las acusaciones, con las que dice estar de acuerdo, y solicita que sean reintegrados los 53 millones de euros de la compraventa más los intereses como principal perjudicado por el delito de malversación de caudales públicos.

Además de a los acusados, el Ayuntamiento considera responsables solidarias a las empresas Inversiones Las Teresitas; formada por Antonio Plasencia e Ignacio González; Promotora Puntalarga, propiedad del primero; y Promotora Victoria, en manos del segundo. El escrito de acusación se basa en un informe pericial que ha puesto al descubierto “una absoluta confusión del patrimonio” de las sociedades. 

El despacho de abogados que ha contratado el Ayuntamiento capitalino tiene sedes en Las Palmas de Gran Canaria, Fuerteventura, Madrid y Valencia. A su cabeza se encuentra el letrado que se encarga de la representación del Consistorio, Miguel Losada Terrón, exmagistrado en excedencia y exjuez decano de los Juzgados de la capital grancanaria. Según fuentes consultadas por este portal de noticias, el contrato se llevó a cabo a través de un negociado sin publicidad cuyo valor rondaría los 30.000 euros.