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La juez ve indicios para abrir juicio oral contra la exalcaldesa del PP

Finaliza la instrucción contra Milagros Pérez y el concejal Víctor Hernández (PSOE) por prevaricación / El auto cuestiona la legalidad de más de veinte contrataciones del Ayuntamiento de Santa Úrsula

Dos años y medio después de que denunciara la Fiscalía, la juez Ángela López, titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava, ha dado por finalizada la investigación contra la exalcaldesa de Santa Úrsula, Milagros Pérez, y el que fuera su socio de Gobierno entre 2011 y 2015, el socialista Víctor Hernández, los dos portavoces en la oposición en el mandato recién iniciado. Ambos están imputados por prevaricación a raíz de más de veinte contrataciones que llevó a cabo el Ayuntamiento tinerfeño durante su gestión. En el auto, al que ha tenido acceso mirametv.com, se exponen los indicios apreciados, se asevera que los dos inculpados actuaron "con conocimiento y a sabiendas", y se declara abierto el procedimiento abreviado, paso previo a la celebración del juicio oral.

La juez argumenta en la resolución judicial, que tiene fecha de 1 de julio de 2015, que los actuales portavoces del PP y el PSOE en el Consistorio, anteriormente alcaldesa y primer teniente de alcalde, "presuntamente y prevaliéndose de los cargos ostentados en el Ayuntamiento de Santa Úrsula (...) verificaron diversas contrataciones entre los años 2011, 2012 y 2013 prescindiendo de los trámites de obligatoria observancia". En total, una veintena de incorporaciones que se llevaron a cabo supuestamente sin respetar los requisitos legales que establece la legislación vigente, además de que en varios de los casos se ha demostrado la vinculación de los beneficiarios con los partidos políticos a los que pertenecen los imputados. Algunos de ellos, incluso, fueron contratados poco después de participar en la campaña electoral de 2011.

El auto incide en que durante los procedimientos de contratación se vulneraron los "principios de mérito, capacidad e igualdad, así como la normativa específica sobre la materia". El Ayuntamiento omitió, presuntamente de manera intencionada, los preceptivos "concursos o concursos-oposición", lo que viene a ser lo mismo que saltarse el "proceso selectivo legalmente establecido, sobre todo al tratarse de servicios que se prestaban de forma continuada", insiste la juez.

La fórmula que utilizó el Consistorio, y que validaron tanto Milagros Pérez como Víctor Hernández, consistía en incorporar a los beneficiarios a través de contratos de servicios, por lo que las plazas cubiertas no aparecían reflejadas en la oferta de empleo público como vacantes. Esta forma de actuar, según el auto de la juez, supone "eludir la aplicación de los procesos selectivos que legalmente corresponden y aplicando la contratación administrativa en forma irregular, con conocimiento y a sabiendas de dicha circunstancia".

Con la apertura del procedimiento abreviado, la juez da diez días de plazo a la Fiscalía y la acusación popular para que presenten sus respectivos escritos, en los que deben fijar las penas que piden para ambos. El delito de prevaricación conlleva, según el Código Penal, entre siete y diez años de inhabilitación especial para empleo o cargo público. Antes, contra el auto cabe recurso de reforma por parte de los imputados.

 

Premio a los que colaboraban

En el desarrollo de las pesquisas, la Unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil detectó vinculaciones entre algunos de los más de veinte beneficiarios de empleos que, de forma arbitraria y sin proceso de selección previo, mantuvieron relaciones laborales con el Consistorio durante el primer año del mandato.

Aunque las diligencias abiertas son mucho más extensas, en una de las piezas que componen la denuncia de la Fiscalía se fija el punto de mira en los servicios prestados por siete personas que accedieron al Consistorio norteño a través de una empresa de trabajo temporal. Uno de los investigados, según consta en la documentación a la que ha tenido acceso esta portal de noticias, reconoció en su declaración ante la Guardia Civil que conoce "de mucho tiempo atrás" a Juan Jorge Afonso, exconcejal de Personal, y que en la actualidad reside en "uno de los pisos de alquiler" del edil, con el que confesó mantener una relación de "tipo personal". Pero es más, durante su testimonio llegó a admitir que su contratación en el Ayuntamiento de Santa Úrsula se produjo "en agradecimiento a su colaboración por la ayuda que prestó durante la campaña [electoral] del PP".

En el punto de mira se encuentra también el sistema utilizado para encubrir la ilegalidad de las contrataciones a través una empresa de trabajo temporal. Según la documentación que obra en las diligencias, siete vecinos fueron cedidos al Ayuntamiento a través de Adecco. La luz en este sentido la puso la representante legal de la entidad que, de forma tajante durante su declaración como testigo, confesó que "todo el personal” que solicitó el Consistorio “estaba seleccionado por ellos mismos”.

En su testimonio ante la magistrada instructora, la delegada de la empresa de trabajo temporal relató cómo el Ayuntamiento de Santa Úrsula o bien le decía "a la persona a contratar que pasara por Adecco para apuntarse ya que iban a ser contratados" o, en otros casos, "indicaba los datos de la persona para que fuera llamada por la empresa, entrevistada, y luego, en su caso, contratada". Un procedimiento que contrasta con el funcionamiento común de este tipo de entidades de recursos humanos, como reconoció la propia testigo. Preguntada por la forma habitual de actuar, la representante legal de la entidad admitió que "cualquier empresa se pone en contacto con Adecco e indica sus necesidades, ya sea personal de limpieza, administrativos, peones, etcétera; y lo que hace la empresa [por Adecco] es facilitarle una propuesta indicando cada puesto e importe, además de la tarifa de la empresa".

De esta manera se llega al final de una instrucción en la que, después de dos años y medio de diligencias, se han encontrado indicios delictivos en la actuación de la exalcaldesa de Santa Úrsula y su socio de Gobierno, pero no contra otros concejales que estamparon su firma en algunas de las facturas que obran en el expediente, pese a que la acusación popular pidió su imputación. Es el caso de Juan Jorge Afonso, actual primer teniente de alcalde bajo las siglas de NC y exconcejal de Personal antes de abandonar el PP por discrepancias con Milagros Pérez. El edil, de hecho, ha presentado una denuncia por la presunta falsificación de su rúbrica en documentos vinculados con las contrataciones investigadas, lo que ha dado pie a otra causa penal en los Juzgados. Así las cosas, todo está servido para que se presenten los escritos de acusación y se abra el juicio oral.