Mirame Tv

Reactivada la causa contra Miguel Zerolo por Las Teresitas

El TSJC se inhibe en el Juzgado de Instrucción 1 de Santa Cruz de Tenerife tras perder el exalcalde su aforamiento / La juez desestima la petición del político de CC para que vuelva a declarar Pía Oramas

La parte del Caso Las Teresitas que afecta al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador, Miguel Zerolo, vuelve a estar en marcha tras varios meses paralizada. Según consta en un auto del pasado 1 de julio, al que ha tenido acceso mirametv.com, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha decido inhibirse de la fase final de la investigación al perder el político de Coalición Canaria su condición de aforado, por lo que la causa vuelve a estar en el Juzgado de Instrucción Número 1 de la capital tinerfeña, que se ha declarado competente para continuar con el procedimiento.

Las diligencias vinculadas con Miguel Zerolo no han avanzado en los últimos meses al tener el exalcalde un privilegio especial por su aforamiento, que perdió tras abandonar el Senado al ser condenado a ocho años de inhabilitación por el Caso García Cabrera. El caso pasó entonces al TSJC, que ahora ha decidido inhibirse en el Juzgado de Instrucción Número 1. Los 13 imputados restantes, por presuntos delitos de prevaricación y malversación de caudales públicos, se sentarán en el banquillo de los acusados tras ver la juez indicios suficientes, lo que posteriormente fue ratificado por la Fiscalía, que solicita 52 años de cárcel para todos ellos.

La primera medida que ha adoptado la juez María de los Ángeles Zabala Sanz ha sido desestimar la petición de la defensa de Miguel Zerolo para que se volviera a tomar declaración a la exarquitecta municipal Pía Oramas, hermana de la diputada en el Congreso por CC Ana Oramas, cuyo testimonio en sede judicial el 24 de octubre de 2007 fue clave para avanzar en una de las líneas de la investigación penal: la hipótesis de que el Ayuntamiento, además de comprar terrenos que ya eran suyos, pagó por las once parcelas del frente de playa más de 30 millones por encima del valor de las parcelas.

Durante su declaración, Pía Oramas admitió que había realizado una tasación que fijaba el precio en unos 17 millones de euros, a pesar de que finalmente se desembolsaron 53 millones, que nunca fue incorporada al expediente. Por este motivo, el Tribunal Supremo anuló la compraventa en 2007. La arquitecta llegó incluso a reconocer que había sufrido presiones para validar con su firma las valoraciones externas.

Sorprende que Miguel Zerolo haya pedido ahora, casi ocho años después, una nueva declaración de Pía Oramas, que previsiblemente tendrá que acudir en calidad de testigo, si así lo solicitan las partes, durante la vista oral que se celebre. Llama la atención porque no hay que olvidar que, en teoría, no podría cambiar las afirmaciones que realizó en 2007, ya que el Código Penal tipifica como delito el falso testimonio.

En cualquier caso, la juez no aprecia necesidad de repetir la declaración de Oramas porque "no considera conveniente para la averiguación material o real de los hechos la diligencia probatoria propuesta", además de recordar que ninguno de los imputados restantes lo ha solicitado y que la declaración es accesible en el sumario desde que se levantó el secreto en enero de 2008.

Con la decisión de inhibirse del TSJC, el Juzgado de Instrucción Número 1 ha recibido dos tomos de la causa especial que se seguía en el Tribunal Supremo contra Zerolo; un informe pericial aportado por la defensa del exalcalde; las declaraciones que realizaron el actual dirigente de la capital, José Manuel Bermúdez, y uno de los denunciantes, el socialista José Ángel Martín; y los 13 tomos de las diligencias que se llevaron contra el político de CC en el propio Tribunal Superior de Justicia, en la etapa en la que era diputado autonómico.

 

Un caso camino de juicio

El Caso Las Teresitas, después de casi nueve años de investigaciones, se encuentra ahora en su recta final tras finalizarse la instrucción y abrirse el procedimiento abreviado. La juez ha apreciado indicios suficientes de prevaricación y malversación de caudales públicos para sentar a los 13 imputados, a falta de lo que ocurra con Miguel Zerolo, en el banquillo de los acusados.

Un criterio compartido por la Fiscalía, que solicita un total de 52 años de prisión para los imputados, entre los que destaca el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, condenado a tres años de prisión por el Caso Mamotreto, al que el Ministerio Público pide ocho años de cárcel por la compraventa del frente de playa de Las Teresitas. Para el resto, políticos, empresarios y funcionarios, la fiscal reclama cuatro años de privación de libertad. En la causa también están personados como acusación popular los abogados José Ventura y Felipe Campos.

Un "pelotazo de libro", según concluyeron los técnicos de la Intervención del Estado, que ahora se apuntala tras una instrucción en la que la juez da por acreditadas gran parte de las sospechas. Un caso que tiene en el punto de mira la compraventa que cerró el Ayuntamiento capitalino en el año 2001, cuando adquirió las once parcelas del frente de la playa a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González por algo más de 52 millones de euros, en una operación anulada por el Tribunal Supremo en 2007.

La juez, incluso, aportó en el auto por el que abrió el procedimiento abreviado nuevos datos reveladores sobre las actuaciones desarrolladas por los políticos locales, con el exalcalde Miguel Zerolo a la cabeza. Es el caso de una prueba pericial realizada en junio de 2014 en la que se concluye que un tercio de los terrenos que se compraron ya eran de dominio público, tras haber sido cedidos de manera gratuita por la Junta de Compensación en 1986, con un valor tasado en 4,2 millones de euros. Era además el suelo "donde iban ubicados los hoteles, ya que eran los únicos terrenos llanos", lo que viene a demostrar que la parte que se adquirió que no era pública era la correspondiente al acantilado.

Atrás han quedado las intensas pesquisas llevadas a cabo por la Policía Judicial para intentar demostrar el cohecho que presuntamente existió detrás de la operación. A pesar de los numerosos indicios encontrados, como los 28 meses que pasó el exalcalde sin sacar dinero de sus cuentas, ni la Fiscalía ni la juez decidieron continuar por esa línea de investigación y prefirieron centrar todos sus esfuerzos en los delitos de prevaricación y malversación. Un historia de presunta corrupción que tiene como principal actor al exalcalde de Coalición Canaria Miguel Zerolo, contra el que ahora se reactiva la instrucción