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El suelo de las 358 VPO de Añaza que quiere comprar el Gobierno de Canarias ya era suyo

Las parcelas se podían dedicar a la promoción pública pero multiplicaron su valor al venderlas a manos privadas con la ayuda de la recalificación de los terrenos

Confirmado:  Las parcelas en las que se encuentran los dos edificios de las polémicas 358 Viviendas de Protección Oficial (VPO) eran suelo público. 

Así consta en las escrituras a las que ha podido acceder Mírame TV Canarias y que, junto a otros documentos que forman parte del expediente y el análisis documental, ayudan a hacer un recorrido histórico de estas parcelas en Añaza, un barrio del extrarradio de Santa Cruz de Tenerife caricaturizado durante décadas incluso en medios de comunicación nacionales, y otro ejemplo más de segregación residencial y exclusión social.  Mientras, en despachos públicos y privados,  se diseñaba un negocio inmobiliario, cuyo penúltimo capítulo trata sobre un gobierno negociando con un banco para la compra de un suelo que era suyo, junto a la compra de las 358 viviendas que finalmente se construyeron en las parcelas y que terminaron siendo el doble de las inicialmente previstas, gracias a una recalificación.

“El barrio ha sufrido problemas difíciles porque se construyeron demasiadas casas de primera necesidad; se tiene que abrir el abanico y dar entrada a otras alternativas”; una frase transcrita de la extinta Gaceta de Canarias el 27 de noviembre de 1997 y atribuida al entonces presidente del Cabildo de Tenerife, el desaparecido Adán Martín (CC) durante la firma dos convenios entre las administraciones públicas canarias y empresas privadas.  Entre esas promotoras privadas, se encontraban las que se convertirían en propietarias de un suelo que, hasta el año 2000, estuvo en manos del Gobierno de Canarias y de su empresa pública VISOCAN, y que multiplicó su valor en manos privadas.  

Pero, para resumir 25 años a modo de introducción, es mejor empezar por 1993:

Ese año, el Gobierno canario tasó cada una de las dos parcelas (I-7 e I-8) en 74.400.000 pesetas (sumando ambas y, al cambio del actual euro, 900.000 euros)  y  decidió entregárselas, junto a otras 5 parcelas más, a VISOCAN ,tal y como se recoge en la escritura de ampliación de capital de 23 de diciembre de 1999. VISOCAN se convería en una empresa 100% de la Comunidad Autónoma al culminar el proceso del traspaso de competencias con el Estado. Pero estas dos parcelas, aún no estaban destinadas para 179 viviendas cada una, sino para 93 cada una, en 6 alturas (no en 6+2 bajo rasante), con 49 plazas de aparcamiento, en vez de los 182 garajes que finalmente se construyeron en cada edificio.

El 10 de noviembre de 1993, “y fuera del orden del día”, el Gobierno de Canarias acuerda la ampliación de capital de su empresa VISOCAN:  “Con el objeto de poder continuar con el objeto social de la empresa, máxime con la encomienda de gestión [Del Ejecutivo a la empresa pública] de 3.000 nuevas viviendas de protección oficial en régimen de alquiler y 3.576 viviendas de protección oficial en régimen de venta [en referencia a los previsto en el II Plan Canario de Viviendas 1992-1995], se hace preciso inyectar a la sociedad  nuevos recursos dinerarios y no dinerarios”.

Esos recursos no dinerarios son las parcelas I-1, I-2, I-3, I-4, I-6, I-7 e I-8. Ese II Plan Canario de Viviendas (1992-1995) aplicaba con VISOCAN el artículo 285 del Real Decreto-Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley sobre el Régimen del Suelo y Ordenación Urbana, y que establecía que “Las Administraciones Públicas Urbanísticas y entidades instrumentales de éstas, podrán transmitirse directamente y a título gratuito, terrenos con fines de promoción pública de viviendas”.

Sin embargo, y pese a que ya desde 1985 VISOCAN ejecutaba mandatos del Gobierno de Canarias para la promoción pública de viviendas, estás no se ejecutaron, ni en el II ni en el III Plan Canario de Viviendas (1996-1999). El 6 de junio del año 2000, mediante escritura de compraventa, y sin ningún tipo de compromiso para la promoción vivienda protegida ya fuera pública o privada,  VISOCAN vende las parcelas I-7 e I8 a Miguel Rico y Asociados (MR&A) por 1,8 millones de euros, el doble del valor que tenía siete años antes las dos parcelas en las que aún se permitía la construcción de sólo 93 viviendas.

Sólo dos años después, el 15 de noviembre de 2002, MR&A logra vender las dos parcelas por más del doble de lo que le costaron: 3,9 millones, y sin mover una sola piedra… La escritura de compraventa explica el porqué: “[….] aun cuando dispone de Licencia de Obra para la edificación de 93 viviendas, en la modificación puntual del Plan Parcial de Añaza, de junio de 2001, se prevé la ampliación del número de viviendas hasta la cantidad máxima de 179 viviendas, en seis alturas, en cada una de las parcelas”.

Esta escritura sí que asegura que, “según la documentación aportada, la parcela I-7 dispone de calificación provisional para la construcción de viviendas de protección oficial” pero en “régimen general”, en vez de en régimen especial al que obligaba el II Plan Canario de Vivienda del que dependía este suelo cuando estaba en manos de VISOCAN. Además, dicha calificación provisional era sólo para 93 viviendas cuando ya se preveía ampliarlas a las actuales 179.   

La promotora que compra las parcelas a MR&A, por más de cuatro veces el precio original (pero también con el doble de aprovechamiento urbanístico) es FADESA. El gigante inmobiliario será el responsable del estallido de la burbuja inmobiliaria en España sólo seis años después. Pero antes, le da tiempo seguir hinchando la burbuja en Añaza: el 22 de octubre de 2003 consigue que le Gobierno le de otra calificación provisional con número de registro diferente para la parcela I-7. Esta vez, no para 93 viviendas, sino para las 179 viviendas que se construirán, y en régimen especial. La calificación provisional en régimen general para la parcela I-8 se la otorga el Gobierno canario el 17 de junio de 2004.

El 22 de junio de 2006 el Gobierno de Canarias autoriza a FADESA a la venta de la parcela i-7 y las viviendas aún no terminadas al fondo inmobiliario del Banco Santander. Y el 3 de julio de 2006 hace lo propio con la parcela I-8. El 3 de agosto de 2006 acaba la obra de la I-8 y el El 27 de septiembre obtiene la calificación definitiva. La obra de la I-7 termina el 15 de noviembre de 2006 y obtiene la calificación definitiva el 4 de diciembre de 2006.

El 19 de diciembre, FADESA cobra los 2,2 millones de euros de subvención pública del Gobierno de Canarias por la construcción de 179 VPO en régimen general en la parcela I-8 y, el 31 de diciembre, los 2,4 millones por las 179 VPO  de la I-7. Al ser estas de “régimen especial”, también le correspondía una subvención equivalente del Ministerio pero FADESA ya estaba en concurso de acreedores en el momento del pago. 

Tres días antes del reconocimiento de la subvención canaria a FADESA por la construcción en la parela I-7, se firmaba la escritura de compraventa de dicha parcela entre el FADESA y le Banco Santander: 11,8 millones de euros, que hay que multiplicar por 2 para sumar la venta de la I-8.

Esos más de 23 millones de euros de venta de obra nueva en el punto álgido de la burbuja inmobiliaria, todavía no alcanzan los 29 millones que, según el balance patrimonial comunicado por el Banco Santander, valen las viviendas hoy en día. Y eso, pese a ser viviendas usadas y a la falta de mantenimiento, según las pruebas fotográficas presentadas por los vecinos en el Instituto Canario de la Vivienda. 

Esos 29 millones de euros de valoración coinciden con la suma de los 2 millones de euros que retiró el Ayuntamiento de Santa Cruz de sus cuentas en el Banco Santander (según demuestra el documento acreditativo al que ha tenido acceso Mírame TV Canarias) y de los 27 que asegura el Cabildo de Tenerife que también retiró. Ambas instituciones anunciaron la retirada de fondos después de que la entidad bancaria se negara a informar sobre el preacuerdo de venta al fondo buitre Cerberus ,sin la preceptiva autorización del Gobierno de Canarias.

Tras la retirada de dinero público de las cuentas en el banco de Ana Botín y la denuncia en Fiscalía presentada por la representante de los vecinos Inma Évora, el Santander aseguró que “a día de hoy” sigue siendo propietario de las 358 VPO. Se trata de un matiz clave ya que fue el propio banco el que reconoció, en un comunicado corporativo  previo, que la macroperación no estaría cerrada hasta finales de año o principios de 2019. Pero en dicha operación, la banca ya reconocía un descuento del 45% sobre el precio de Mercado.  Si las negociaciones anunciadas por el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo,  no logran ese descuento, el Ejecutivo tiene la oportunidad  acudir a los tribunales para intentar obligar al Santander mediante el Derecho de Tanteo. De momento, el Ejecutivo regional espera por la tasación de los edificios... y de un suelo que fue suyo hace dos décadas.