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La Fiscalía denuncia los vertidos tóxicos de dos edificios en la zona de baño de Tabaiba

Los “elevados valores de ecotoxicidad” de las muestras recogidas en la investigación suponen para el Ministerio Fiscal “un posible delito contra los recursos naturales y el medioambiente”

La fiscal instructora solicita al Juzgado que Sanidad informe sobre los vertidos históricos en la zona y sus consecuencias ya que el Código Penal prevé mayores penas si existe grave riesgo para la salud de las personas

Fiscalía también pide que se investigue si el Ayuntamiento cumple con el sistema de saneamiento y si Cabildo y Gobierno autorizaron los vertidos

 

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha formulado denuncia por “la posible existencia de un delito contra los recursos naturales y el medioambiente del artículo 325 del Código Penal  cometido en el término municipal de El Rosario” en la isla de Tenerife.

Tras las diligencias de investigación realizadas, la Fiscalía considera, en la denuncia a la que ha tenido acceso Mírame TV Canarias, que en la zona de baño que incluye la piscina municipal de Tabaiba, la Playa de El Moro (Tabaiba I) y la adyacente Playa Nudista (Tabaiba II), se están “produciendo una serie de vertidos procedentes de evacuación de aguas domésticas con elevados valores de amonio, fósforo, nitrógeno, sólidos en suspensión, DQO [Demanda Química de Oxígeno], carbono orgánico, y con unos valores de ecotoxicidad de las muestras elevado”.

En un “extenso informe” del Seprona de la Guardia Civil (en el que constan las actas y lugares de toma de muestras, el número de precintos de cada una, las coordinadas y un amplio reportaje fotográfico que incluye los vertidos)  se informó a Fiscalía que se enviaron las muestras a la delegación canaria del Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses (INTyCF) que, a su vez, las remitió al Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente del Instituto en Madrid. El informe toxicológico concluyó que “las muestras pertenecientes al pozo de saneamiento del edificio Marlisa I y las correspondientes a la entrada y salida del Marlisa II, son compatibles con aguas residuales de origen urbano no depuradas o deficientemente depuradas con unos elevados valores en amonio, fósforo, nitrógeno, sólidos en suspensión, DQO y carbono orgánico”. El valor de ecotoxicidad de las muestras “es elevado, sobre todo en la del Marlisa I”. También “es compatible con aguas residuales urbanas no depuradas o deficientemente depuradas” las muestras recogidas en la costa en las que “también destacan los elevados valores” de los mismos parámetros.

 

Décadas de vertidos

La fiscal de Medioambiente y Urbanismo, instructora de la causa, es María Francisca Sánchez que se inhibió en el juicio del 'caso Varadero' por su amistad con la condenada Ana Lupe Mora, exteniente de alcalde del Ayuntamiento de El Rosario por el PSOE (junto con el también condenado, el exalcalde Macario Benítez) y fundadora del partido Vecinos por el Rosario, con dos concejalas actualmente en la oposición. Sánchez reconoce en su denuncia que “desde fecha no determinada” se llevan produciendo los vertidos pero circunscribe los hechos denunciados “en concreto, a los años 2017 y 2018”. Sin embargo, la Fiscal también reconoce que existió una denuncia en 2012 que provocaron unas diligencias previas que finalmente fueron archivadas. Las mismas denunciantes presentaron un nuevo escrito a finales del pasado año, al que adjuntaron este vídeo como prueba, lo que provocó que la propia fiscal jefa, Carmen Almendral, decidiera ‘reabrir’ la causa pidiéndole a  la fiscal instructora mediante decreto que investigara los hechos.

 

 

Pero la denuncia de 2012, la que provocó la apertura de unas diligencias previas que posteriormente fueron archivadas, coincidió con uno de los cierre de la zona de baño por parte de Sanidad “al haberse detectado contaminación fecal muy elevada en la misma como consecuencia de la existencia cercana a una zona de vertido”. Un año después, el Ayuntamiento reconoció que un nuevo cierre fue “debido a la existencia de vertidos” que entonces fueron criticados por IR-Verdes, hoy en el Gobierno. En 2014 y “como consecuencia de un vertido persistente de aguas residuales urbanas”, la Dirección General de Salud Pública del Gobierno de Canarias remarcó que seguía prohibido el baño en la zona tras una serie de inspecciones sanitarias. 12 años antes, la prensa publicaba que “el nuevo emisario de Tabaiba no acaba con los vertidos de aguas fecales procedentes de algunas urbanizaciones del frente litoral”. Explicaba la extinta Gaceta de Canarias “que siguen sin conectarse lo que “imposibilita a la administración declarar la zona apta para el baño” pese a las denuncias de los vecinos que se quejaban entonces de que llevaban años sufriendo este problema.

Precisamente, entre las diligencias previas que pide la Fiscalía al juzgado al que le toque por sorteo investigar la causa, se incluye “que se oficie a la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, a fin de que informen sobre el resultado de los valores” de las muestras “de los vertidos realizados de tierra a mar” que hayan recogido en esta zona de baño “y, en su caso, sobre la ecotoxicidad para las personas y medio marino”. Cabe recordar que el artículo 325 del Código Penal en el que se apoya la Fiscalía en su denuncia, prevé penas superiores “si se hubiera creado un riesgo de grave perjuicio para la salud de las personas”. A diferencia de los otros oficios que solicita al juzgado, la fiscal decide aclarar en su denuncia que Salud Pública deberá remitir estos expedientes “íntegros, literales” y certificados.

La Fiscalía también pide que el Ayuntamiento de El Rosario que remita “las actuaciones realizadas en los últimos años sobre la existencia de vertidos perjudiciales para la salud que haya motivado el cierre” de la zona de baño de Tabaiba. Además de algunos de los bandos realizados por el anterior Gobierno ya citados, el actual regidor municipal también tuvo que cerrar la zona de baño ante el decreto de Salud Pública aunque fueron reabiertas una semana después; todas, excepto la Playa Nudista, “la misma en la que desde 2012 se reconoce vertidos de aguas residuales urbanas” y que permanece, oficialmente, cerrada desde el episodio de 2014.         

María Francisca Sánchez también pide que se oficie a la Consejería de Política Territorial, Sostenibilidad y Seguridad del Gobierno de Canarias “a fin de que informen si consta autorización para los vertidos al Ayuntamiento de El Rosario y, en su caso que tipo de autorización”. Además de las actuaciones para evitar los vertidos, lo mismo pide la fiscal para que solicite al Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife: autorización de vertidos, si existiese, ya sea “municipal o particular”.

Al Ayuntamiento la fiscal también le solicita que informe al Juzgado sobre su “sistema de recogida de aguas domésticas, pretratamiento y saneamiento en el barrio de Tabaiba” así como sobre si existe EBAR [Estación de Bombeo de Aguas Residuales] o EDAR [Estación Depuradora de Aguas Residuales] en Tabaiba.

 

El Ayuntamiento responsabiliza al anterior gobierno

Precisamente la EBAR es uno de los aspectos a los que se refiere el comunicado de prensa que ha remitido el Ayuntamiento de El Rosario a los medios de comunicación que se han puesto en contacto con su gabinete de prensa para interesarse la valoración de la denuncia de Fiscalía que señala principalmente la responsabilidad del consistorio rosariero, aunque también la del Cabildo y del Gobierno de Canarias. Desde el Ayuntamiento se asegura que no se les ha notificado la denuncia oficialmente y que, desde que se formó el nuevo gobierno (IR-Verdes, Sí Se Puede y tres ediles del PSOE)  en 2015, se trabaja para “solucionar este problema heredado” del anterior Gobierno “como tantos otros”. Sin embargo, en el comunicado se señalan acciones de dos años después, en colaboración con el Consejo Insular de Aguas del Cabildo de Tenerife, los anuncios de, exposición pública de del proyecto de la EBAR (marzo de 2017), la licitación del contrato (septiembre de 2017) y formalización del contrato con la empresa adjudicataria (mayo de 2018). El Ayuntamiento asegura en su comunicado que la EBAR “contempla la conducción de aguas residuales de los edificios situados en la ladera este de Tabaiba, como es el caso del edificio Marlisa” y que “a día de hoy, el expediente continúa su tramitación administrativa, concretamente se ha realizado valoración económica de venta de los terrenos privados por los que deben cruzar las tuberías de conexión hacia la nueva EBAR”.

Para el Ayuntamiento, que los denunciantes presentaran su escrito en septiembre de 2017, “mucho después” [Cinco meses desde la exposición pública de un proyecto que no se está construyendo un año y cinco meses después] de que el Ayuntamiento de El Rosario y el Consejo Insular de Aguas “comenzaran a trabajar conjuntamente en el proyecto de la EBAR cuyo objetivo es solucionar esta situación enquistada hace décadas” exime de responsabilidad al actual gobierno. Aun así, la denuncia de la Fiscalía, de este mes de julio recuerda que hay una denuncia previa de 2012.

 El Ayuntamiento también asegura en su comunicado que “nunca se ha podido verificar la procedencia exacta de los vertidos” pero lo cierto es que la denuncia de la Fiscalía relata que fue el propio8 Ayuntamiento, a través  de la "concejala delegada de Aguas y Servicios municipales", María Soledad Negrín (PSOE), y siguiendo el mandato de la fiscal instructora (después de un intento fallido en noviembre de 2017 al no poder entrar en los edificios), el que puso en conocimiento de Fiscalía que había solicitado la toma de muestras en los edificios Marlisa I y II. El informe del Instituto de Toxicología verifica que las muestras recogidas en los edificios y en las zonas de baño son coincidentes en los parámetros.

El Ayuntamiento también señala en su comunicado que “en toda la urbanización de Tabaiba, desde su construcción en los años 70, la eliminación de las aguas negras domésticas, se llevaba a cabo a través de fosas sépticas y pozos absorbentes que no cumplían las exigencias sanitarias mínimas”. Precisamente la arquitecta técnica municipal emitió un informe a Fiscalía en noviembre de 2017, que también recoge la denuncia de la fiscal instructora, en el que asegura que el proyecto de construcción del Marlisa I (1983) tenía un sistema de saneamiento de fosa séptica y pozo absorbente mientras que el Marlisa II (2006) por una EDAR (con autorización del Consejo Insular de Aguas) y un pozo absorbente.

Cabe recordar que los dos edificios señalados por la Fiscalía tras la investigación realizada, están  fuera de ordenación después de que los dejara en servidumbre de protección el deslinde de costas aprobado en 2008, por lo que las obras en los edificios requieren el permiso del Gobierno de Canarias y del Estado para llevarse a cabo. El nuevo deslinde en la zona  (que llegó con 20 años de retraso ya que era obligado realizarlo desde  que la Ley de Costas de 1988 sustituyó a la de 1969) fue criticado por los representantes legales de los vecinos de Cho Vito, Bajo La Cuesta y por la Plataforma de Afectados por la Ley de Costas estatal ya que lo consideraron como una muestra de doble rasero. Pese a que los edificios perdieron valor al quedar en servidumbre de protección, lo que dificulta su remodelación, no quedaron en dominio público pese a que se tuvo que crear en el acantilado un paseo para asegurar la servidumbre de paso de seis metros. El sendero llega hasta Radazul, donde se comió terreno al mar frente a los edificios de primera línea para esquivar la Ley de Costas, como reconoció en una reunión con los afectados en 2009 el entonces viceconsejero de Ordenación Territorial del Gobierno de Canarias, Miguel Ángel Pulido (entonces en CC y ahora en NC). Pulido destacó ese 3 de abril de 2009 que, gracias al relleno que hoy forma parte de una zona de baño, el nuevo deslinde que también se aplicó en Tabaiba, libraba a los edificios de Radazul de ocupar la servidumbre de paso.

De hecho, la ejecución de la obra de ese sendero se hizo, segun el Ayuntamiento, en un terreno privado y sin permiso lo que, según fuentes municipales, dificulta la instalación de las tuberías de la EBAR ya que el propietario es también dueño de los terrenos por los que tiene que pasar la conducción.  Por otro lado, llama la atención que la fiscal instructora del caso también ha pedido que el Ayuntamiento de El Rosario informe sobre “el sistema de recogida de aguas pluviales” teniendo en cuenta que la zona ha sufrido graves consecuencias por las riadas y que IR-Verdes, hoy en la alcaldía, denunció la falta de esta red estando en la oposición.     

Los denunciantes.

El Ayuntamiento de El Rosario responde, en su comunicado, “al comunicado del colectivo denominado Plataforma El Rosario”. Dicha Plataforma, en su comunicado asegura que fue la que presentó la denuncia pero lo cierto es que no lo hizo esta persona jurídica sino cinco personas físicas: Josefina García Palmas (secretaria general de Podemos en El Rosario), Conchi Moreno García (miembro del Consejo Autonómico de Podemos Canarias) y Cecilia Tamayo Montoya, Maria Guadalupe Barroso Hernández y Joaquina Alves Portelihna  que, como el presidente de la asociación, Antonio Delgado Arbelo, son miembros del Círculo de Podemos de El Rosario, uno de los círculos de la organización críticos con la dirección y con el acuerdo con Sí Se Puede, que forma gobierno con IR-Verdes y tres de los ediles del PSOE, entre los que se encuentra la responsable del saneamiento municipal.

La Policía Local de El Rosario multó con 300 euros a Joaquina Alves Portelina el pasado verano durante la concentración de la Plataforma en la que se aseguraba que las “microalgas” que sufría la zona eran consecuencia de los vertidos al mar que denunciaron meses después y ahora denuncia la Fiscalía. La Policía alegó que  Alves no quiso identificarse pero la Plataforma asegura que le dijo a los agentes que no lo llevaba encima porque iba en bañador y que estos no le advirtieron de la posible sanción.

Aunque desde la Plataforma se reconoce que la fundación surgió de la necesidad de la creación de tejido social acordada en el Círculo de Podemos de El Rosario, se asegura que hay miembros de la Plataforma que militan en otros partidos. Por su parte, el presidente, Antonio Delgado, también asegura que la Plataforma ha intentado reunirse con el alcalde para dialogar sobre los hechos que ahora denuncia la Fiscalía sin que hasta ahora lo haya conseguido.