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El 14 de septiembre arranca el juicio oral por el 'Caso Varadero'

Entre los siete acusados que se sentarán en el banquillo figuran el alcalde socialista Macario Benítez y la consejera insular Ana Lupe Mora / La Fiscalía pide ocho años de inhabilitación por prevaricación

Uno de los juicios más esperados en Canarias por presunta corrupción urbanística ya tiene fecha. El 14 de septiembre arranca la vista por el conocido como Caso Varadero, que sentará en el banquillo de los acusados al actual alcalde de El Rosario, Macario Benítez (PSOE); a la consejera insular Ana Lupe Mora; a la secretaria municipal, María Anita Alonso; al concejal Abel Acosta; y a los exediles Laurentino Quintana, Andrés Hernández y María Elba Delgado. Todos tendrán que acudir el primer día señalado para la sesión a la sala número 5 del Palacio de Justicia de Santa Cruz de Tenerife, acusados de un delito de prevaricación por la aprobación de una urbanización de más de mil viviendas en la zona de El Varadero, un suelo altamente protegido por el Plan Insular de Ordenación del Territorio (PIOT).

El 15 de septiembre está señalada la segunda jornada del juicio, esta vez en la sala número 9, en la que se llevarán a cabo las declaraciones testificales, así como la realización de la pericial y resto de pruebas necesarias. La Fiscalía solicitó en su escrito de acusación, en el que pide ocho años de inhabilitación para Benítez, Mora y la secretaria, que se interrogue a un total de 19 personas en calidad de testigos.

En la diligencia dictada el pasado 16 de marzo, a la que ha tenido acceso mirametv.com, se fija para el 16 de septiembre la sesión dedicada a las conclusiones del Ministerio Público y del resto de partes, a no ser que aún falten pruebas por discutir en la vista, lo que aplazaría la jornada de conclusiones al 18 de marzo, en cuyo caso se retomaría el juicio en la sala número 9 del Palacio de Justicia.

El Caso Varadero parte de una denuncia del principal partido de la oposición en el municipio tinerfeño, Iniciativa por El Rosario-Verdes, que previamente había advertido hasta en siete ocasiones, en diferentes sesiones plenarias, de la ilegalidad que suponía aprobar el Plan Parcial con el que se pretendía dar luz verde a la urbanización que impulsaba el promotor Amador Díaz.

El expediente del caso muestra la evidente ilegalidad de los actos que, pese a las advertencias, llevó a cabo el Gobierno socialista de El Rosario para aprobar el documento urbanístico. Fueron varios los informes que se dictaron contrarios a la urbanización de El Varadero: dos de la arquitecta municipal, otro de la Cotmac, del servicio de Carreteras del Cabildo, de la Dirección General del Territorio del Gobierno de Canarias, de la Consejería regional de Turismo y, finalmente, del propio Cabildo, que inicialmente se posicionó a favor de la urbanización en contra, incluso, de su propio planeamiento insular.

 

Sentencias en contra

Evidencias que fueron ratificadas hasta en cinco ocasiones en el ámbito Contencioso Administrativo. El Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) dictó un auto firme en 2005 contra el Plan, además de que tanto el Gobierno local como el promotor recurrieron sin éxito el PIOT. En 2007, el TSJC anuló por sentencia la aprobación del Plan Parcial, un fallo que ratificó el Tribunal Supremo en 2011.

La tramitación del polémico expediente del Plan Parcial de El Varadero tuvo varios episodios que han sido claves en las conclusiones de la Fiscalía y de la juez instructora. Especialmente significativo fue lo ocurrido en 2002, cuando el documento llegó a la mesa de la Cotmac, donde le acompañaban un total de tres informes negativos. El día en que iba a tratarse su posible aprobación en el órgano fiscalizador del Gobierno autonómico, y en el que previsiblemente iba a ser rechazado, Macario Benítez pidió vía fax que el asunto se quedara sobre la mesa. Año y medio después, lo llevó al pleno del Ayuntamiento y se aprobó en 2004 por silencio administrativo con efectos retroactivos a 2001, días antes de entrar en vigor el PIOT, como si el expediente partiera de cero.  

El Caso Varadero ha supuesto la tumba política, al menos en el PSOE, de la consejera insular Ana Lupe Mora, que en el momento de la tramitación era la máxima responsable del área de Urbanismo. A pesar de su acusación, en la mañana de hoy anunció que acudirá a las elecciones municipales de mayo con un nuevo partido. El que no concurrirá a los próximos comicios será Macario Benítez, que abandonará la Alcaldía después de más de tres décadas, así como tampoco Abel Acosta, el otro concejal socialista que aún sigue en activo y al que también se le ha abierto un expediente de expulsión por parte de su partido. Pase lo que pase en mayo, todos tendrán en septiembre una cita ineludible con el Palacio de Justicia de la capital tinerfeña.