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El exalcalde sabía que las licencias de La Quinta no eran legales

El acta de la Junta del Ayuntamiento de Santa Úrsula que autorizó la primera ocupación de 46 viviendas demuestra que los concejales de AISU-CC conocían la existencia de un informe negativo

El exalcalde de Santa Úrsula Ricardo García y las otras tres concejalas de AISU-Coalición Canaria presentes en la Junta de Gobierno celebrada el 3 de abril de 2009, María Eugenia Medina, Magdalena Luis e Inmaculada Concepción, conocían la existencia de un informe técnico que declaraba "inviable" la concesión de la licencia de primera ocupación a 46 viviendas de la zona residencial de La Quinta Roja. Los cuatro están imputados por un delito de prevaricación urbanística y tendrán que declarar en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 5 de La Orotava los días 18 y 19 de marzo.

Según consta en el acta de la Junta del Ayuntamiento de Santa Úrsula que autorizó los permisos, a la que ha tenido acceso mirametv.com, los cuatro representantes del Gobierno local que acudieron a la cita, a la que no asistió, "previa justificación de su ausencia", el actual candidato de AISU-Coalición Canaria, Juan Acosta, fueron informados de la existencia de un informe de la Oficina Técnica Municipal contrario a la concesión de la licencia de primera ocupación. El escrito ponía de manifiesto que "las obras de urbanización no están totalmente finalizadas, por cuanto que entre otros aspectos que pudieran valorarse, no consta la puesta en marcha del sistema de tratamiento de aguas residuales ni del resto de los servicios", a lo que se añadía que "tampoco consta el cumplimiento de los condicionantes del proyecto de urbanización".

Además de la advertencia de los técnicos municipales, el exalcalde y las otras tres concejalas de AISU-Coalición Canaria que votaron a favor de conceder los permisos urbanísticos también eran conscientes, como alertó el por entonces secretario municipal, de que en el expediente no constaba "informe jurídico, tal y como exige el Texto Refundido de las Leyes de Ordenación del Territorio y Espacios Naturales de Canarias". Unos dictámenes que, según la vicesecretaria del Ayuntamiento, en aquel momento se estaban "imprimiendo", como consta en el acta.

Las irregularidades advertidas por los técnicos municipales no fueron obstáculo para que los cuatro representantes del Gobierno local acordasen por unanimidad autorizar la ocupación de las viviendas, lo que en criterio de la Fiscalía podría ser constitutivo de un delito de prevaricación urbanística. El Ministerio Público argumentó en su denuncia, que presentó en septiembre de 2014, que las licencias se autorizaron "a sabiendas de que no concurrían los requisitos legales para ello, pues no habían terminado las obras de urbanización cuya ejecución había de simultanearse con las de edificación". Una circunstancia que, como explica el escrito, "reflejaron expresamente los informes técnicos municipales desfavorables emitidos en su día". Llama la atención que, a pesar de que han transcurrido más de cinco años, a día de hoy "las obras de urbanización están inacabadas y presentan múltiples deficiencias, generándose enormes inconvenientes para los vecinos que ya residen en el lugar".

Para defenderse de su situación procesal, este miércoles prestarán testimonio en calidad de imputados el exalcalde Ricardo García y la concejala María Eugenia Medina, mientras que el jueves será el turno de Magdalena Luis e Inmaculada Concepción, la única de los cuatro que dejó la política tras las elecciones de 2011.

 

Presión vecinal

Durante el mandato pasado, en el que aún gobernaba con mayoría absoluta AISU-Coalición Canaria, la presión vecinal se intensificó para conseguir la licencia de primera ocupación. Los propietarios de los 46 inmuebles de La Quinta Roja no estaban conformes con la imposibilidad de ocupar sus casas cuando las obras de edificación estaban finalizadas, aunque no así las de urbanización, que debían ir en paralelo, como explicaron los técnicos.

En una entrevista concedida por el propio Ricardo García al periódico El Día, publicada tras perder la Alcaldía en los comicios de 2011, llama la atención el comentario de un lector: "Si vivo en La Quinta es gracias a AISU, y en especial a don Fernando [Luis González, alcalde durante 38 años, fallecido en 2007] y Ricardo, que dieron la cédula de habitabilidad para que no tuviéramos que estar pagando un alquiler y una hipoteca sin poder habitar nuestros pisos, jugándosela ellos, ya que al no estar entregada la urbanización no tenían que dar la cédula, y sin embargo lo hicieron".

Las novedades judiciales enredan aún más la actualidad judicial del municipio de Santa Úrsula, bajo la lupa de la Justicia por varias investigaciones abiertas. Las imputaciones de los concejales de AISU-CC se suman a las que ya pesan sobre la actual alcaldesa, Milagros Pérez (PP), y el primer teniente de alcalde, Víctor Hernández (PSOE), por las presuntas contrataciones ilegales que se llevaron a cabo al comienzo del mandato.

La Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife también investiga una obra de demolición y desmonte del centro cívico de la Tosca de Ana María, que el exalcalde Ricardo García adjudicó en agosto de 2008 por un importe de 137.000 euros a la empresa Román Peraza y de León SL, propiedad de su cuñado.

 

(Fotos: arriba, el exalcalde Ricardo García junto al candidato de AISU-CC, Juan Acosta; abajo, el Ayuntamiento).