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Anticorrupción descarta retirar imputaciones en la Operación Corredor

La Fiscalía responde a los abogados de Blanca Pérez y de José Antonio Santana que no procede el sobreseimiento en esta fase / Pide la declaración de Aymara Calero y de dos técnicos de Urbanismo

La fiscal Anticorrupción de la provincia tinerfeña, María Farnés, tiene claro que en esto momento no toca levantar las imputaciones de la pieza separada de la Operación Corredor que afecta a Fernando Clavijo, alcalde de La Laguna y candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas de 2015. En dos escritos fechados el pasado 23 de febrero, a los que ha tenido acceso mirametv.com, la representante del Ministerio Público rechaza los recursos de apelación interpuestos por los abogados de la concejala de CC Blanca Pérez y del presidente de la Federación Canaria Ocio (Fecao), José Antonio Santana, para proceder al sobreseimiento de su situación procesal actual.

La Fiscalía considera que "en este momento procesal resulta muy prematuro adoptar la resolución de sobreseimiento libre", algo que justifica en el hecho de que hasta el momento solo se han practicado "única y exclusivamente la declaración de los imputados, quedando pendiente de practicar toda la prueba testifical, pericial y documental acordada por el órgano judicial".

Blanca Pérez está imputada en la Operación Corredor por delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y falsedad en documento oficial por su presunta participación en la concesión, supuestamente contra Derecho, de las ayudas al realojo de su vivienda de la concejala del PSOE en La Laguna María José Castañeda y del líder vecinal Ricardo González, ambos residentes en el barrio de Las Chumberas.

De forma más contundente, si cabe, se manifiesta el Ministerio Público en el caso del presidente de la Fecao, cuya defensa recurrió el auto de 3 de febrero de 2015 por el que el juez instructor, César Romero Pamparacuatro, comunicó su imputación. La Fiscalía, contraria también en este caso al sobreseimiento, recuerda la situación del pub Utopía, propiedad de José Antonio Santana, sobre el que en 2010 pesaba una orden de precinto. Además, pide tres nuevas declaraciones por este asunto: la de la concejala de CC Aymara Calero, como imputada, y la de dos técnicos de Urbanismo, ambos como testigos.

 

Caso Utopía

Farnés alude al mensaje de texto que a través de su teléfono móvil envió el empresario al alcalde de La Laguna: "Fernando, mañana me precintan el Utopía a las 10 de la mañana, supongo que ya lo sabías (te estaré eternamente agradecido por todo lo que están haciendo)". Nada más recibir el SMS, el regidor nacionalista llamó a la concejala Aymara Calero, responsable del área de Ordenación del Territorio, para preguntarle por la situación del local del presidente de la Fecao: "Llámate a Pepe Santana, por favor... porque me acaba de mandar un mensaje". Después de la comunicación entre ambos, Calero y Clavijo vuelven a conversar para dar una serie de consejos al empresario sobre lo que tiene que hacer para presentar el correspondiente recurso y "suspender" el precinto.

El Ministerio Público incide en su escrito en que contra el pub Utopía se levantaron, en el año 2010, dos actas por incumplimiento del horario y por la utilización de aparatos musicales, "incumpliendo la licencia que posee". En la resolución se sanciona al local con 45.075 euros, la suspensión de la actividad por un plazo de cuatro meses y quince días naturales, así como el precinto de la actividad y la suspensión del suministro de energía eléctrica y abastecimiento de agua potable.

A pesar de que el plazo límite del empresario para cumplir la sanción finalizaba el 25 de octubre de 2010, lo que conllevaba el precinto forzoso por parte de los técnicos municipales, las comunicaciones telefónicas entre Santana, Clavijo y Calero se produjeron el 28 de octubre, tres días después. El 29 de octubre se presentó en la Gerencia de Urbanismo de La Laguna un escrito del presidente de la Fecao solicitando la suspensión cautelar de la ejecución forzosa, tras interponer, como le habían recomendado los responsables políticos, un recurso en el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Para la fiscal es muy destacable el hecho de que "en el expediente no consta que se haya procedido al precintado del local Utopía, así como tampoco, según la información aportada por Endesa, se haya procedido a suspenderle el suministro de energía eléctrica y abastecimiento de agua potable". No figura en la documentación analizada por el Ministerio Público, para más inri, "que se haya hecho efectiva la multa de 45.075 euros".

Es por todo ello que María Farnés concluye que estos hechos "deben ser objeto de investigación, toda vez que los mismos presentan indicios de la posible comisión de un delito de tráfico de influencias".