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Las heridas que deja la crisis

Canarias copa los peores indicadores sociales del país tras siete años de tormenta económica / El debate electoral pone el dedo sobre las cicatrices del paro, la pobreza, la sanidad o la dependencia

La profunda crisis social que sacude al Archipiélago se ha convertido en un arma arrojadiza entre los líderes de las principales fuerzas políticas. En las últimas semanas, sin ir más lejos, las críticas se han desatado incluso dentro de Coalición Canaria (CC), el partido que, principalmente con el PP y en esta última legislatura con el PSOE, ha gobernado en las Islas desde 1993. Los reproches del candidato de CC a las elecciones autonómicas, Fernando Clavijo, a las políticas sociales del Ejecutivo que preside Paulino Rivero, también de CC, han puesto en el centro del debate las heridas que sufre la sociedad del Archipiélago. Pero, ¿son nuevos los problemas de paro, pobreza o exclusión social de las Islas? La realidad responde con unos datos que evidencian día a día cómo se han agudizado durante los últimos ocho años las carencias sociales que ya padecía Canarias.

Más allá del oportunismo de las críticas, y del debate abierto dentro de la propia CC, lo cierto es que las cifras que arrastra el Archipiélago desde el comienzo de la crisis no son fruto de la política de un día. Canarias ha sido una de las regiones más castigadas por el descalabro económico del país, algo que se explica por la excesiva dependencia del binomio construcción-turismo, una fórmula económica que se mantiene en el discurso nacionalista como la manera más rápida de salir de la crisis, aunque son muchas las voces autorizadas que dudan de que sea la más eficiente, sobre todo para no repetir los errores del pasado. El ya de por sí débil tejido social de las Islas se vio duramente sacudido por una inestabilidad que ha hecho más profundas las cicatrices.

Si se retoma la pregunta inicial, los números dejan claro que no es ahora el peor momento social de las Islas, aunque los últimos informes de ONG apuntan al riesgo de que la lenta mejoría se estanque en un ritmo que difícilmente logrará alcanzar los porcentajes de antes de 2007. Valga como muestra el estudio publicado este mes de febrero por la EAPN, un grupo independiente de organizaciones no gubernamentales involucradas en la erradicación de la pobreza en España y Europa, que a su vez vino a corroborar los resultados del trabajo realizado por Cáritas en el conocido como informe Foessa. El peor año para Canarias fue 2012, cuando el riesgo de pobreza alcanzó al 33,6% de la población. La situación, sin invitar ni mucho menos al optimismo, mejoró en 2013, el último año registrado en el estudio de la EAPN, hasta reducirse a un 28,4%. Un porcentaje detrás del que se esconden un total de 601.705 personas. Son lo que las ONG consideran potenciales demandantes de sus servicios sociales, ante la incapacidad del sistema público actual para hacer frente a toda la demanda. Solo Andalucía, Extremadura y Castilla-La Mancha obtienen peores registros.

Lo mismo ocurre si se toma como vara de medir el indicador de las personas que no tienen acceso a los bienes materiales básicos. Tampoco atraviesa Canarias su peor momento, a pesar de que con los datos actuales es la comunidad con peores cifras, solo superada por Murcia y Baleares. Según la EAPN, en el Archipiélago hay 180.088 ciudadanos con dificultades para acceder a una alimentación adecuada o a las condiciones que se consideran una mínima garantía para una vida digna. Esto supone un 8,5% de la población total, un porcentaje alarmante que, aun así, está lejos del 12,7% que se registró en 2009, el año en el que las Islas tocaron fondo en esta materia. En el segundo año de la crisis, en Canarias había 267.207 personas con dificultades para acceder a los bienes materiales básicos.

El problema es aún mayor si se mira en perspectiva, ya que cerca del 50% de los parados de las Islas llevan más de dos años en busca de un empleo. La reforma laboral del Gobierno central, capitaneada por el PP de Mariano Rajoy, ha abonado un terreno propenso a la precariedad, lo que no es un buen síntoma de cara a una pronta recuperación de sociedades fuertemente fracturadas como la canaria. Ya lo dijo el director provincial de Cáritas, Leonardo Ruiz, hace unos meses: "Ahora nos estamos encontrando con un nuevo demandante de ayudas sociales, el pobre que tiene trabajo pero sigue siendo pobre".

Los datos del paro, gracias al aumento de las contrataciones temporales, han dado un respiro al mercado laboral canario en los últimos meses. La última Encuesta de Población Activa (EPA) situó la tasa de paro en las Islas en el 31,08%, siete puntos por encima de la media nacional, aunque algo inferior al 33,09% registrado al final del ejercicio 2013. En el verano de 2007, cuando Paulino Rivero daba sus primeros pasos como presidente, el por entonces consejero de Empleo, Jorge Rodríguez, también de CC, anunciaba cada vez que se le ponía un micrófono delante que tenía un plan para alcanzar el pleno empleo en Canarias. Meses después, se topó de frente con el tsunami de la crisis económica.

 

La demanda no para de crecer

El aumento de la demanda ha provocado un colapso en los servicios públicos, lo que ha derivado en un incremento de los usuarios que directamente buscan una ayuda en las numerosas ONG que, junto a las ya tradicionales, se han desarrollado al calor de la crisis. La principal aportación que realiza el Gobierno de Canarias en este sentido, y que ha sufrido recientemente una modificación de la legislación que la regula, es la Prestación Canaria de Inserción (PCI). Una ayuda que en la práctica, y a pesar del aumento presupuestario que ha vivido en los últimos ejercicios, se presenta del todo insuficiente para cubrir las necesidades de los que la merecen por derecho, el que les da haberse quedado sin ningún tipo de ingreso. Según la Red en Defensa de los Servicios Sociales Públicos de Canarias (Redesscan), la PCI solo llega a uno de cada 17 hogares del Archipiélago que la necesitan de forma urgente.

La cara más amarga de esta situación se la llevan los sectores sociales más débiles. En ese lugar se encuentran los menores de edad, que sufren de forma aún más directa las consecuencias de la crisis. Un durísimo informe publicado por Unicef el pasado mes de septiembre ponía el foco en la gravedad del impacto en los niños: el 38% de los menores de las Islas está por debajo del umbral de la pobreza. Murcia y Andalucía son las únicas regiones con peores datos que Canarias. ¿Y qué ha hecho el Gobierno de Canarias para evitarlo? Pues todo lo contrario a lo que propone la propia ONG. En el último estudio de Unicef, que vio la luz hace algo más de una semana, se ponen de manifiesto los recortes que ha sufrido el presupuesto autonómico en políticas dirigidas a la infancia. El Archipiélago destina casi un 20% menos a esta materia de lo que hacía antes del inicio de la crisis, lo que ha supuesto pasar de 4.403 euros al año por niño a 3.553 euros. En la otra cara de la moneda está el País Vasco, que desembolsa 7.767 euros anuales por cada menor.     

En una situación de indefensión similar se encuentran las personas dependientes. La gran asignatura pendiente del Gobierno canario, que ha suspendido de forma sistemática todos los estudios elaborados por el Observatorio de la Dependencia y los Gerentes de Servicios Sociales, tanto cuando gobernaba el PSOE en la Moncloa como ahora que lo hace el PP. La clave del fracaso la aporta Raúl Cordero, portavoz de la Plataforma Tenerife Discapacidad: "El Ejecutivo de Canarias nunca entendió que lo que tenía que hacer era sumar los servicios que presta, además de su responsabilidad presupuestaria para su correcta aplicación, a los que ofrece la Ley de Dependencia". Efectivamente, en las estadísticas oficiales del Gobierno autonómico lo que se hace es contar dentro de los beneficiarios a los que ya reciben alguna prestación de la Comunidad Autónoma, lo que ha dejado a Canarias en la cola del país en la aplicación de una ambiciosa ley que, tras los recortes del PP, los expertos coinciden en destacar su inevitable estancamiento. En Canarias, cerca de la mitad de los dependientes que tienen derecho a la ayuda aún están a la espera de poder cobrarla. Una realidad que conduce a otra mucho más cruel: 4.245 dependientes fallecieron entre 2010 y octubre de 2013 antes de recibir la ayuda. 

 

Recortes en Sanidad y Educación

La educación, y especialmente la sanidad, están en el punto de mira también de la crítica social en Canarias. Si casi desde el minuto uno en que se obtuvieron las competencias para la gestión autonómica de estas áreas, la decisión fue puesta en duda, las turbulencias financieras de los últimos años han empeorado el diagnóstico que los usuarios hacen de los servicios públicos que reciben. Más allá de los problemas de financiación, aquí entra la siempre mencionada deuda del Estado con las Islas, no hay que olvidar que fue el propio Gobierno regional el que recortó unos 600 millones de euros de estas áreas durante los tres primeros años de la crisis.

El tijeretazo en Educación dejó bajo mínimos unos servicios básicos que, entre otras cuestiones, ha conllevado una reducción de personal que se aprecia en las sustituciones de las bajas de corta duración o en el relevo de las jubilaciones, como denuncian los sindicatos. Aunque la llegada del PSOE al Gobierno canario en 2011 pacificó la crispación que vivió el sector en los cuatro primeros años de gestión de Paulino Rivero, algunos episodios han vuelto a despertar la desconfianza de las numerosas agrupaciones sindicales, más pendientes en estos años de las medidas que ha tomado en este tiempo el ministro del PP Ignacio Wert. El fracaso escolar, que llegó a superar la barrera del 30%, se encuentra ahora en el 28%, casi seis puntos por encima de la media nacional. En Europa, la cifra está en el 12%, según Eurostat.

Los recortes de los primeros años de la crisis se han notado más en la sanidad canaria. Además del eterno debate alrededor de las listas de espera, que según datos oficiales cifran en unos 25.000 los pacientes que aguardan por una operación en las Islas, la crítica social apunta al enésimo retraso de los hospitales comarcales, lo que empeora aún más la situación de los servicios de urgencias de los dos centros de referencia en Tenerife, el HUC y La Candelaria, colapsados por la falta de medios y personal. Las escenas de los pasillos destinados a una eventual evacuación de emergencia abarrotados de pacientes en camillas se han convertido en una seña de identidad de la sanidad del Archipiélago. Problemas que no solo se repiten en Tenerife, sino que afectan a Gran Canaria, especialmente al Hospital Insular, y a algunas islas periféricas.

Esta es la herencia que dejará Paulino Rivero a la persona que le suceda en el cargo tras ocho años como presidente de Canarias. Los candidatos de los tres principales partidos arrastran consigo parte de la responsabilidad de la situación social que sufren las Islas, el PSOE y el PP por gobernar junto a CC, y los nacionalistas por no elevar su tono crítico hasta que ha arrancado la precampaña electoral. Los sondeos, que varían según la óptica que se utilice, anuncian en todos los casos la entrada de nuevas formaciones en el Parlamento. Habrá que ver si ese nuevo colorido en la Cámara se refleja en un Ejecutivo distinto o, cuanto menos, provoca un giro de volante en la gestión de la realidad social de las Islas. Las ONG reclaman cambios reales en los problemas estructurales que padece la sociedad canaria. A fin de cuentas, lo que piden las organizaciones más cercanas a la calle es que las promesas de la campaña electoral se plasmen en medidas que no se conviertan en pan para hoy y hambre para mañana.