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La gestión de residuos desata la guerra entre Cabildo y ayuntamientos

Los muncipios consideran inviable la propuesta que defiende Carlos Alonso / Piden suspender el concurso mientras se elabora un nuevo modelo y optar primero por un contrato de cinco años

La guerra está abierta. El ambicioso concurso del Cabildo para renovar la concesión de la gestión de residuos en la Isla, que caducó el pasado 31 de diciembre después de tres décadas en manos de la empresa Vertresa, se ha encontrado con un obstáculo difícil de salvar: los ayuntamientos. En un informe jurídico al que ha tenido acceso mirametv.com, fechado el pasado 9 de diciembre, los municipios advirtieron de la "inviabilidad" de la licitación que prepara la Corporación que preside Carlos Alonso (CC), la más importante en la historia de las administraciones canarias. Los cálculos actuales apuntan a un contrato que podría superar los 700 millones de euros por treinta años de servicio.

El portazo de las administraciones locales llevó al propio Alonso, en una reunión celebrada a finales de diciembre, a manifestar su voluntad de dejar de prestar el servicio de tratamiento a los ayuntamientos. El pulso del presidente insular fue contestado posteriormente en un encuentro celebrado en la Federación Canaria de Municipios (Fecam) el 21 de enero, en el que se reiteró la necesidad de que el Cabildo mantenga sus competencias, pero bajo el cumplimiento de una serie de requisitos que se plasmaron en un nuevo informe de la comisión técnico-política municipal. El documento pide la elaboración de un "nuevo modelo acorde a la información real y los nuevos objetivos marcados", para lo que solicita que la Corporación insular desista en sacar el concurso a corto plazo y opte por contratar un "servicio de continuidad" para los próximos cinco años

Los ayuntamientos consideran necesario definir el modelo en base a "unos datos ciertos sobre gestión de residuos", ya que califican de "muy deficiente" la información disponible en la actualidad. Para ello, solicitan en su escrito que se ponga en marcha "un plan de gestión de la información sobre residuos en la Isla, con una estructura permanente que realice las labores de organización, captación y gestión de los datos de prevención, generación y tratamiento de los residuos". Un trabajo que consideran se demorará durante al menos un año.

También critican los ayuntamientos que "nunca ha existido la posibilidad de elaborar un modelo alternativo porque el Cabildo nunca ha aportado los datos necesarios para ello". En el informe se cuestiona, además, que las caracterizaciones aportadas por Ecoembes del ejercicio 2014 muestran "una gran desviación de los porcentajes en peso de las distintas fracciones respecto a las realizadas en el año 2010, las cuales se están utilizando para justificar el dimensionamiento [sic] de las infraestructuras del nuevo servicio". 

Por todo ello, los municipios piden al Cabildo que, en lo que se realiza el plan previsto y se corrigen las deficiencias detectadas, "lleve a cabo la contratación de un servicio de continuidad, que tenga simplemente en cuenta los objetivos del 2020 y que incluya únicamente lo que constituye el tratamiento de residuos". Un contrato que plantean para un período de "cinco años", lo que mantendría la validez de los convenios firmados con las administraciones locales. También recuerda el informe que "el retroceso en la generación de residuos de los últimos años asegura la capacidad de tratamiento de los mismos en las instalaciones actuales". Para llevar a buen puerto estas propuestas, el documento solicita la puesta en marcha de un "programa de colaboración" entre el equipo técnico de la Corporación insular con los responsables municipales. Otra de las pretensiones de los ayuntamientos pasa por la concreción "del coste que el servicio va a tener para cada municipio".

 

Discrepancias jurídicas

La oposición de los entes locales viene respaldada por el informe jurídico que se redactó el 9 de diciembre. En las conclusiones de la comisión de trabajo creada al efecto por los ayuntamientos de Tenerife, que dejaron en manos del Cabildo el grueso de las competencias sobre la gestión de residuos a mitad de los años ochenta, se afirma que el contrato de concesión elaborado por los técnicos de la Corporación insular "incumple las condiciones del convenio interadministrativo" al pretender incluir dentro del servicio "operaciones que no tienen que ver con el mero tratamiento de residuos".

El informe hace alusión a la intención de imputar los costes de diferentes acciones a los ayuntamientos, en contra de lo establecido por el anterior convenio. Los municipios advierten de que la intención del Cabildo es que sean ellos quienes asuman los costes de la construcción de infraestructuras "que tienen por objeto las prestaciones o actividades distintas al tratamiento de residuos", la puesta en marcha de campañas vinculadas a la promoción del servicio, o el desarrollo de instalaciones de tratamiento.

También consideran inviable los ayuntamientos que se haya elegido un sistema de gestión directa para las infraestructuras, "cuando se ha declarado y pactado la prestación del servicio de tratamiento de residuos por el modo de gestión indirecta en la modalidad de concesión".

Pero es más, el informe jurídico elaborado por la comisión de trabajo municipal concluye que se "incumplen las premisas para la licitación del contrato de concesión de servicio público". Los ayuntamientos consideran que la propuesta del Cabildo "carece de la cobertura competencial derivada de la inoperancia del convenio interadministrativo suscrito entre las partes en 1983 y la incongruencia en la determinación de las prestaciones que pretenden ser ejercidas" por la Corporación insular, "incumplimiendo el artículo 132 del Texto Refundido de la Ley de Contratos del Sector Público". Lo mismo ocurre "al pretender construir y explotar infraestructuras cuyos anteproyectos no cumplen" tampoco con la norma. 

Mayor repercusión podría tener otra de las advertencias que se realizan en el estudio jurídico. El informe alerta del "riesgo de generar derechos económicos a favor del concesionario operador del servicio" al pretender licitar un contrato con obras "cuya construcción se encuentra condicionada a la correspondiente aprobación del instrumento de ordenación que legitime no solo su ejecución, sino la obtención de los terrenos para ella". 

La elaboración del concurso para la gestión de los residuos en la Isla es uno de los objetivos más ambiciosos del Cabildo a corto plazo, después de 30 años de concesión a la empresa Vertresa. Los movimientos sociales, partidarios de mantener el proceso de diálogo abierto hasta que se llegue al consenso, y ahora los ayuntamientos, han supuesto un freno para las prisas iniciales de la Corporación insular, que tendrá que recurrir a la cintura política para no detonar una crisis de consecuencias impredecibles. En juego no está solo el mantenimiento del servicio, sino un modelo que definirá el futuro del tratamiento de residuos en Tenerife durante las próximas décadas.

 

(Fotos: arriba, Complejo Ambiental de Arico; abajo, Carlos Alonso inaugura un mini punto limpio que fue retirado una semana después).