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Condenan al Cabildo a pagar a un afectado por las obras del tranvía

La Corporación insular deberá abonar 31.465 euros por las humedades que provocaron los trabajos del metro ligero en una vivienda de La Laguna y por daños morales al denunciante y su hijo

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 1 de Santa Cruz de Tenerife ha condenado al Cabildo de la Isla a indemnizar a un vecino de La Laguna por las humedades que las obras del tranvía causaron en su vivienda, ubicada en la carretera general de El Rosario. La Corporación tendrá que hacer frente a un pago total de 31.465 euros, de los que 16.465 euros son consecuencia de los desperfectos ocasionados en el inmueble y los 15.000 euros restantes en respuesta a los daños morales causados al afectado y a su hijo menor de edad. La sentencia ha sido recurrida por dos de los codemandados, Metropolitano de Tenerife SA y la UTE Tranvía de Tenerife, pero no por la Institución insular.  

La Justicia da la razón a Carlos Quintero Expósito, un lagunero que lleva desde el año 2008 en una lucha constante para conseguir que las administraciones reconozcan los daños causados en su vivienda por las obras del tranvía. El presidente del Cabildo de Tenerife, Carlos Alonso, con el que llegó a reunirse, no le dio una solución a su reclamación, que inicialmente consistía en la reparación de su casa y que, a la vista del escaso apoyo encontrado, pasó a ser económica. La perseverancia de este vecino de Aguere le llevó a conseguir un dictamen favorable del Consejo Consultivo, que también fue ignorado por la Corporación insular. Han sido los juzgados los que al final le han reconocido sus derechos, lo que le permitirá recibir algo menos de la mitad de los 70.000 euros que solicitó.

Aunque nunca se le llegó a reconocer la indemnización, lo que dependía del Cabildo, el Ayuntamiento de La Laguna realojó en varias ocasiones a Carlos Quintero, primero en un hotel del centro de la ciudad a cargo de las arcas públicas, y posteriormente en varias viviendas de alquiler. Llama poderosamente la atención la forma en la que el Consistorio municipal daba soluciones al afectado, a través de la Sociedad de Viviendas Municipales (Muvisa), lo que llevó a Clavijo, en enero de 2013, a destituir al concejal del área hasta aquel momento, Domingo Galván.

Queda para el recuerdo la rueda de prensa que el alcalde de La Laguna ofreció en la sede municipal, en la que anunció la destitución de Galván por "firmar un contrato sin autorización", lo que justificó por ser "incompatible con los principios de buen gobierno". El contrato de alquiler que provocó la salida del exedil de Coalición Canaria (CC) benefició, precisamente, a Carlos Quintero, realojado en una vivienda del barrio de La Cuesta. Un compromiso de pago del alquiler que el exconcejal incluso llegó a abonar mediante cheques cuyo titular era una comunidad de vecinos y no el Ayuntamiento, como adelantó en su día mirametv.com. Irregularidades que provocaron su destitución, aunque el Consistorio nunca trasladó los hechos a la jurisdicción penal. No deja de ser significativo que en la actualidad, aunque en un caso distinto, el propio alcalde se encuentra imputado por la tramitación de ayudas para realojar a dos vecinos de Las Chumberas, presuntamente en contra de los principios de legalidad.

 

Acreditada la responsabilidad

El juez "entiende acreditado" que como consecuencia de las obras de construcción de la línea 1 del tranvía, desarrolladas entre 2004 y 2007, las aceras próximas a la vivienda propiedad del denunciante "fueron modificadas y, debido a la mala ejecución de la construcción, especialmente en lo referido a la canalización de la red general de alcantarillado y drenaje de las aguas pluviales, las juntas de pavimento no se cerraron adecuadamente al efecto, generando humedades en la vivienda que no solo la hacen inhabitable, sino que ponen en peligro su estructura".

La sentencia recuerda que las humedades aparecieron en 2008 y que el propio Consistorio de La Laguna reparó la red de saneamiento y las aceras, "habida cuenta de que el problema afectaba a todas las viviendas del entorno", lo que no solucionó las humedades que afectaban al inmueble de Carlos Quintero, "haciendo inhabitable la vivienda, hasta el punto de que el Ayuntamiento los realojó a su costa".

Para llegar a sus conclusiones, el juez asume un informe pericial aportado por el afectado, en el que se pone de manifiesto que "la filtración continuada en el tiempo generó un proceso de humedades por capilaridad que incidió en la vivienda del reclamante". La consecuencia fue que el agua pluvial o de fugas del alcantarillado "se filtró en el terreno, alterando su nivel freático y terminando por penetrar en las capilaridades de los elementos de construcción de la zona". La sentencia es clara a la hora de concluir que el origen de los problemas "está en las obras" del tranvía, hasta el punto de que insiste en que antes de los trabajos "ninguna vivienda requería tal impermeabilización por las características de la zona o el estado del alcantarillado".

Aunque el fallo judicial no reconoce la indemnización por daños morales a la cónyuge del denunciante, por no poder acreditar su titularidad legal, sí lo hace en los casos del afectado y su hijo. Para justificar los 15.000 euros que deberá abonar el Cabildo por este concepto, el juez asevera que "desde 2008 a febrero de 2010 hubieron de residir en una vivienda afectada por humedades que llegaron al punto de hacerla inhabitable", además de que "desde febrero de 2010 hasta febrero de 2011 fueron realojados por el Ayuntamiento de La Laguna en otros domicilios a costa del erario público", aunque descarta la existencia de ansiedad o estrés. La sentencia tiene en cuenta que "el cuadro patológico sufrido por el menor se vio agravado por el ambiente húmedo de la vivienda", como consta en un informe médico incorporado a la causa.

Atrás quedan las alegaciones presentadas por los codemandados, especialmente la de Metropolitano de Tenerife SA, que llegó a asegurar que el titular de la vía no era el Cabildo sino el Ayuntamiento, a pesar de la evidencia de que la carretera general de El Rosario no es una calle de La Laguna sino una vía entre municipios, lo que ignoró deliberadamente la sociedad en la que participa la propia Corporación insular, que incluso llegó a "culpar exclusivamente a la víctima de la producción del daño". Para que la sentencia sea firme, sólo queda esperar a que se resuelvan los recursos presentados por Metropolitano y la UTE Tranvía de Tenerife, que han decidido seguir adelante pese a que el principal demandado, y quien tiene que hacer frente a la indemnización, la Institución insular, ya ha bajado los brazos.