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El juez busca a la testigo que vincula a Clavijo con Evaristo González

Una arquitecta en paradero desconocido declaró ante la Policía que presenció una reunión entre el alcalde y el cabecilla de la trama del Caso Corredor / La instrucción afecta ya a 44 imputados

Estaba citada el pasado 8 de enero en el Palacio de Justicia de La Laguna para declarar como testigo... pero no apareció. El juez de la Operación Corredor, César Romero Pamparacuatro, busca a una arquitecta considerada clave en la instrucción por haber presenciado en 2005 una reunión en un céntrico piso de Aguere en la que, entre otros, estuvieron presentes el alcalde actual, entonces concejal de Seguridad Ciudadana y Urbanismo, Fernando Clavijo, y el considerado cabecilla de la trama, el abogado Evaristo González Reyes, en la que supuestamente se abordó la situación que padecía el pub Sketch, el local que poseía en aquel entonces el denunciante de la causa. Esas al menos fueron sus palabras cuando en noviembre de 2008 se reunió con un oficial de la Policía Judicial en una cafetería, donde confesó que después de aquel día nadie la había vuelto a contratar. Ahora el juez quiere que ratifique su testimonio en sede judicial, para lo que ha pedido a la Brigada encargada de las diligencias que localice su nueva dirección, según consta en un auto del pasado 19 de enero. No será fácil, ya que la testigo está en paradero desconocido desde hace años, como consta en un oficio policial de 2010 en el que se afirma que regresó a su país natal, Argentina, por las presuntas represalias que sufrió desde que algunos de los imputados del caso se cruzaron en su vida.

De ser cierto el testimonio de la arquitecta, uno de los argumentos principales de la defensa de Fernando Clavijo caería por su propio peso. El candidato de Coalición Canaria (CC) a las elecciones autonómicas no solo insiste en que no ha dado un trato de favor a Evaristo González, una de las cuestiones por las que está imputado, sino que incluso afirma que nunca ha hablado con él, como reconoció en los micrófonos del programa de Teide Radio Despierta Tenerife hace unas semanas. De ahí la importancia de una testigo a la que incluso la Policía Judicial pidió proteger después de que en un primer momento mostrara su rechazo a declarar de manera oficial "pues veía peligrar su economía personal al haberse percatado de que ya no le daban contratos (...) así como que temía por su integridad física dado el tono empleado en la reunión que presenció".

¿Por qué estaba esta arquitecta en el encuentro que supuestamente tuvo lugar en la primavera de 2005 en un piso cercano a la iglesia de La Concepción, en La Laguna? Según su propio relato ante la Policía Judicial, el motivo era acompañar a una colega de profesión que trabajaba en el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife, a la que se refirió como Olga, porque tenía que "firmar unos documentos urgentes" y el técnico encargado "se encontraba allí". Este hecho ha motivado que el juez solicite también a la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales que libre oficio al Consistorio capitalino para que "certifique si en el año 2005 existía alguna concejal, arquitecta o arquitecta técnica llamada Olga".

Pero si importante es la supuesta reunión, aún más lo es lo que en ella ocurrió. La arquitecta en paradero desconocido aseguró en su encuentro con la Policía Judicial que Evaristo preguntaba "por qué no se había solucionado el problema", en alusión al pub Sketch, a lo que uno de los presentes, identificado posteriormente como Roberto Remiro, gerente de Urbanismo en aquel mandato, respondió que "porque uno de ellos era periodista y tenían que tener cuidado", en clara referencia a Isaac Tacoronte, expareja del denunciante y en la actualidad trabajador del Consistorio de Santa Cruz de Tenerife.  "Evaristo mantenía una discusión con los responsables del área de Urbanismo del Ayuntamiento de La Laguna sobre un determinado local del Cuadrilátero que, según él, le estaba molestando y quería quitarlo", afirmó la arquitecta, según consta en el oficio de febrero de 2010.    

 

"Trato duro y humillante"

La testigo, como recoge la Policía, "se quedó muy extrañada con el trato tan duro y humillante que el tal Evaristo estaba impartiendo sobre el resto de personas allí presentes", e insistió en que a los "15 o 20 minutos abandonó la reunión". Al día siguiente, en base al oficio policial, la arquitecta llamó a su colega Olga para manifestarle que era amiga de uno de los dueños del local, del denunciante, Carlos Calderón, al que fuentes consultadas aseguran que asesoraba en materia urbanística, y que "le parecía horrible lo que le estaban haciendo". La respuesta de su acompañante fue que "sabía que esa gente hacía cosas sucias pero que ella no se metía en problemas porque estaba embarazada y con diabetes y no iba a poner en riesgo su trabajo".

A partir de entonces, siempre según el testimonio de la testigo, "se le cerraron todas las puertas", ya que hasta ese momento realizaba trabajos para el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife y, tras presenciar la reunión, no le han dado "ni un solo contrato". Además de Clavijo, Evaristo González, y el gerente de Urbanismo, en la supuesta reunión había dos mujeres a las que no pudo identificar. La Policía Judicial llega a la conclusión en su informe de que "se deduce que existe un compromiso para apoyar al empresario Evaristo González Reyes, propietario de diversos locales de ocio, quien entre sus objetivos está el de hacerse con más locales, entre los que se encuentra el pub Sketch, para lo cual no duda en presionar a los propios mandatarios del Ayuntamiento y así conseguir que el propietario del Sketch desista de su actividad". Los agentes advierten de que "se ha intentado contactar" con la testigo, "siendo las gestiones hasta el momento infructuosas, al haberse marchado a vivir de manera definitiva a su país natal, Argentina".

 La Operación Corredor afecta ya a un total de 44 imputados, como reconoce el juez en una de sus últimas comunicaciones. En el centro de la diana está el empresario y abogado Evaristo González Reyes, imputado por múltiples delitos y del que se ha acreditado una estafa a la Seguridad Social de más de cuatro millones de euros. La causa salpica también al actual candidato de CC a las elecciones autonómicas, Fernando Clavijo, investigado por haber cometido, presuntamente, tráfico de influencias, prevaricación, malversación de caudales públicos y falsedad documental, en la gestión de ayudas al realojo en Las Chumberas, la contratación de un trabajador en Urbaser y diversos expedientes vinculados con el ocio nocturno de la ciudad de Aguere.   

 

(Fotos: arriba, el juez César Romero Pamparacuatro; abajo, el empresario Evaristo González Reyes).