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Condenan a Puertos de Las Palmas a indemnizar a una trabajadora con 75.000 euros por acoso laboral

El sindicato UGT asegura que la afectada ha sido víctima de una "persecución"

 

La Autoridad Portuaria de Las Palmas ha sido condenada a indemnizar con 75.000 euros  a una trabajadora por un caso de acoso laboral. Así lo dicta el fallo emitido por el Juzgado de lo Social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria con fecha de 18 de octubre del presente año. La demandante y la afiliada sindical, siguiendo las directrices marcadas por los servicios jurídicos de UGT Canarias y el departamento de Prevención de Riesgos Laborales, presentó la correspondiente demanda de juicio de tutela de derecho fundamental al entender que estos habían sido  vulnerados en reiteradas ocasiones.

La afectada, que cuenta con una antigüedad laboral reconocida en la entidad desde 1992, fecha desde la cual y hasta 2001 ejerció como secretaria del presidente de dicha institución, fecha en la cual solicita una excedencia laboral con reserva del puesto – durante 10 años -   al que regresa en 2010. A partir de entonces la afiliada a este sindicato es objeto de una continua persecución laboral.

Según el fallo judicial, queda acreditado mediante el correspondiente informe pericial informático que el PC de la trabajadora tenía instalado un software de control remoto. De este modo, tanto la carpeta Mis Documentos y el Escritorio del dispositivo se encontraban en una unidad de almacenamiento cuya configuración y control la llevaba a cabo un administrador del sistema. Procedimiento que permitía acceder al ordenador aun estando apagado o en suspensión.

A esta circunstancia se añaden los continuos cambios de puesto de trabajo a los que la demandante ha estado sometida, traslados internos sucesivos, así como la apertura de dos expedientes disciplinarios, uno  injustificado que no cumple con la normativa y queda "sin efecto", y un segundo procedimiento que implicaba la suspensión de empleo y sueldo que, tras demanda judicial, queda anulado.

Ante estos acontecimientos, en junio de 2016 la trabajadora interpone, cumpliendo con el procedimiento establecido, una denuncia interna ante el Comité de Seguridad y Salud de la institución. Sin embargo, este no gestiona el requerimiento presentado por la compañera y, finalmente, no resuelve ni aplica medidas para acabar con estas malas prácticas internas.

En diciembre de 2019, con el asesoramiento de jurídico de UGT Canarias, la afectada presenta la pertinente demanda ante el juzgado de lo social número 7 de Las Palmas de Gran Canaria.

El importe indemnizatorio, de acuerdo a lo que establece la ley, se corresponde con la persistente situación de acoso a la que ha estado sometida la trabajadora desde el año 2011 hasta hoy. Este acoso ha sido continuado y reiterado, a pesar de que la Autoridad Portuaria había sido previamente condenada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social al pago de una sanción de 6.251,00 euros y conminada  a corregir esta conducta, sin resultado. La gestión de los Recursos Humanos de la Autoridad Portuaria de Las Palmas, según acuerdo de su Consejo de Administración, es competencia única de su presidente.

UGT Canarias valora muy positivamente este fallo judicial que condena, una vez más, las prácticas de acoso laboral sufrido por una trabajadora, con el añadido de ser trabajadora de un organismo público dependiente del Estado.