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Un perito judicial ratifica los incumplimientos del Monkey Beach Club: ni era posible autorizar las obras ni cabe su legalización

- Un contundente informe detecta numerosas ilegalidades en las actuaciones llevadas a cabo por el Gobierno de Canarias, Costas y el Ayuntamiento de Adeje

- El experto concluye que la ampliación del edificio, además de violar la Ley de Costas y el planeamiento municipal, también era incompatible con el PMM

- El dictamen ya está en manos de la jueza que instruye la causa penal, en la que se investiga a 13 personas por presuntos delitos urbanísticos

 

Un contundente informe de 107 folios, elaborado por el perito judicial Juan Jesús Cabrera, ya está sobre la mesa de la jueza que investiga presuntos delitos urbanísticos en la ampliación del Monkey Beach Club, un local de ocio ubicado en primera línea de playa del municipio tinerfeño de Adeje. El dictamen, al que ha tenido acceso Mírame Televisión, es tajante: ni era posible autorizar las obras ni cabe su legalización.

A lo largo del extenso dictamen, el arquitecto enumera numerosos incumplimientos detectados tanto a nivel urbanístico como durante la tramitación administrativa. Según el perito, las obras del Monkey Beach Club violan la Ley de Costas y el planeamiento municipal. El experto va más allá y contradice el principal argumento en el que se apoyaron las administraciones implicadas para conceder las autorizaciones, al considerar que la ampliación de la sala de fiestas también es incompatible con el Plan de Modernización, Mejora e Incremento de la Competitividad de Costa Adeje (el conocido como PMM, anulado en 2019 por el Tribunal Supremo). 

El estudio, que da respuesta a una serie de preguntas planteadas por la jueza, también señala todos los informes técnicos y resoluciones dictadas durante la tramitación que incumplen la legislación. El abanico de responsabilidades que se derivan de las conclusiones del perito apunta directamente a las tres administraciones competentes: la Viceconsejería de Política Territorial del Gobierno de Canarias, la Demarcación Provincial de Costas y el Ayuntamiento de Adeje. Pero no son los únicos, ya que el dictamen no olvida el papel clave de Gesplan, la empresa pública que se encargó de la redacción del PMM. 

En la causa penal que investiga el Juzgado de Instrucción Número 4 de Arona figuran como imputados todos los miembros de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de Adeje que concedieron las licencias del Monkey Beach Club, incluido el actual alcalde y una directora insular del Cabildo de Tenerife; el exviceconsejero de Política Territorial Jesús Romero; la anterior jefa provincial de Costas, Teresa Sánchez; así como los técnicos que emitieron informes decisivos durante la tramitación de los permisos. 

El dictamen pericial emitido por el arquitecto Juan Jesús Cabrera es la diligencia clave para que la jueza decida si abre el procedimiento abreviado contra los investigados, lo que llevaría directamente a la fase de presentar los escritos de acusación de cara al posible juicio. De momento, habrá que esperar, ya que el informe ha sido recurrido en apelación por los Servicios Jurídicos de la Comunidad Autónoma, que se encargan de costear la defensa del exviceconsejero Jesús Romero. No hay que olvidar que Política Territorial lleva más de un año para resolver el expediente de revisión de oficio de las autorizaciones del Monkey Beach, como han solicitado los vecinos afectados. 

 

Ley de Costas

El informe pericial ratifica punto por punto los argumentos que a lo largo de los últimos cuatro años han sostenido los vecinos de la Comunidad Galaxia, que mantienen abierto un Contencioso-Administrativo para lograr el derribo de las obras de ampliación, además de haber impulsado las actuaciones que culminaron con la denuncia de la Fiscalía Provincial de Santa Cruz de Tenerife por presuntos delitos urbanísticos. 

El arquitecto Juan Jesús Cabrera concluye que las obras de ampliación del Monkey Beach Club incumplen la Ley de Costas. Aunque son muchas las ilegalidades detectadas, la incompatibilidad con la normativa estatal resulta la más importante por su predominio en el orden jerárquico. Es por ello que el perito no se cansa de repetir la misma frase una y otra vez en su informe: "Ni era posible autorizar las obras ni cabe su legalización". 

El edificio original del Monkey Beach está datado por las imágenes de Grafcan, al menos, desde 1977. Esto es decisivo para entender por qué no cabe la actuación investigada. El perito recuerda que la disposición transitoria cuarta de la Ley de Costas impide autorizar obras de ampliación de construcciones preexistentes cuando invadan las servidumbres del dominio público marítimo terrestre, como es el caso del local ubicado en la playa de Troya, propiedad de una conocida familia de empresarios del sur de la isla (el administrador del establecimiento es hijo de José Fernando Cabrera, expresidente de la patronal hotelera).

Y no hay duda de que las obras del Monkey Beach han supuesto una ampliación de la construcción original. No solo porque se puede comprobar a simple vista, sino porque las mediciones del perito ratifican que la superficie ha pasado de 187 a 868 metros cuadrados, con una altura que ha crecido de una a tres plantas. 

No es el único incumplimiento de la Ley de Costas. Juan Jesús Cabrera también hace hincapié en que el artículo 59.1 del Reglamento General "prohíbe autorizar fachadas arquitectónicas de gran impacto y volumen, como el que nos ocupa". 

En el informe también se insiste en que "el no cumplimiento material con la Ley de Costas no se agota por aumentar en superficie, altura y volumen de la construcción primigenia, sino que se extiende, también, al uso de restauración previsto en ella".

Es decir, que no solo es ilegal la ampliación, sino que tampoco son compatibles los diferentes usos que los dueños del local quieren dar al establecimiento, ni como sala de celebración de eventos ni como espacio de restauración. Esto es importante porque en la actualidad el Ayuntamiento de Adeje ha permitido la actividad de un restaurante en las instalaciones que ocupa el Monkey Beach Club.


Planeamiento

Todos los permisos investigados en la causa penal del Monkey Beach Club se apoyaron en un mismo argumento: la entrada en vigor del PMM de Costa Adeje, que aumentaba la edificabilidad de la parcela que ocupa el establecimiento de ocio. Un planteamiento que se estrella directamente contra el informe pericial, que considera que las obras no cumplen ni con el documento aprobado por el Gobierno de Canarias ni con el planeamiento municipal de Adeje.

El PMM de Costa Adeje fue anulado por el Tribunal Supremo de manera definitiva en 2019, pero el documento ya contenía "vicios de nulidad", en opinión de Cabrera, por no haber incorporado el informe preceptivo y vinculante de Costas que marca la normativa. Esto es crucial si se tiene en cuenta que, en la actuación del Monkey Beach Club, el Plan de Modernización incumplía de manera evidente la legislación de Costas.

Pero el perito pone la puntilla cuando sitúa el foco en la disposición adicional única del PMM, que remite a la necesidad de cumplir con el artículo 25 de la Ley de Costas y las disposiciones transitorias de la norma estatal, justo los mismos preceptos legales que incumple la ampliación del Monkey. 

El resumen es que Gesplan redactó un PMM que permitía actuaciones contrarias a la Ley de Costas, el ejemplo más conocido es el del Monkey Beach, pero incluyó a última hora una disposición adicional única que obligaba a cumplir la normativa estatal que se saltaba en su articulado, lo que, en la práctica, dejaba sin efecto la posibilidad de culminar pelotazos urbanísticos como el investigado a orillas de la playa de Troya.

En opinión del perito, ni siquiera en base al PMM podían haberse autorizado las obras de ampliación, como han sostenido hasta hoy todas las administraciones implicadas. Con el Plan de Modernización fuera de juego, solo queda comprobar si el proyecto se ajusta al Plan General de Ordenación (PGO) de Adeje. Aquí el arquitecto vuelve a ser tajante al considerar que "no cumple con los parámetros urbanísticos de edificabilidad, ocupación y planta". 

Más allá de la posible resolución del recurso de apelación presentado, que plantea que la jueza se ha excedido en las cuestiones planteadas al perito, el dictamen marca un antes y un después en la causa penal al ratificar todos los incumplimientos técnicos detectados por Fiscalía y los vecinos denunciantes. Esto, en los procedimientos judiciales por presunta corrupción urbanística, es una prueba que suele ser decisiva.