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Pintor implica a otros técnicos en la presunta malversación en Carreteras

El único querellado por la Fiscalía pide la declaración como investigados de tres funcionarios del Cabildo de Tenerife / Defiende que el acuerdo con Traysesa para compensar los 414.000 euros que la empresa cobró de más por la vigilancia de un tramo de la TF-1 fue autorizado por el Gobierno insular / Asegura que sufrió presiones de José Luis Delgado para informar a favor de la instalación de una gasolinera en Adeje

El único querellado por la Fiscalía Anticorrupción en el conocido como Caso Carreteras, Miguel Pintor Sepúlveda, ha pedido al Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife que investigue a otros tres funcionarios del Cabildo, sobre los que descarga responsabilidades en cinco de los seis expedientes que provocaron una presunta malversación de dos millones de euros. En un escrito presentado por su abogado el pasado 1 de marzo, al que ha tenido acceso mirametv.com, el exjefe de Servicio de Conservación de Carreteras y Paisaje solicita que se tome declaración a una decena de personas, entre técnicos, políticos y representantes de la empresa Traysesa.

El letrado de Pintor Sepúlveda, José Luis Gutiérrez, lamenta que todavía no se haya interrogado a su cliente, pese a que el caso "se está ventilando en los medios de comunicación". El abogado reclama que, además del exjefe de Servicio, presten testimonio en calidad de investigados otros tres responsables técnicos de la Consejería de Carreteras: Luis Gutiérrez Valido, Sergio Leyva Campos y Félix Sergio Rodríguez. En el escrito también se pide la declaración como testigos de la actual directora insular del área, Ofelia Manjón, de varios funcionarios del Cabildo y del Gobierno de Canarias, así como de representantes de una las empresas implicadas, Traysesa, propiedad de Miguel Concepción, presidente del Club Deportivo Tenerife. 

La Fiscalía presentó en el verano de 2015 una querella contra Miguel Pintor Sepúlveda por delitos continuados de malversación de caudales públicos, prevaricación y falsedad en documento mercantil. El Ministerio Público detectó presuntas irregularidades en seis expedientes, en los que se aprecian indicios de duplicidad de pagos, adjudicaciones de obras sin proceso de licitación y el abono de servicios no realizados. Las cuantías investigadas alcanzan los dos millones de euros.

De los seis expedientes denunciados, el letrado solo admite la vinculación del funcionario con la duplicidad de pagos a la empresa Traysesa por la vigilancia de un tramo de la TF-1 en obras. En los otros cinco casos, Gutiérrez descarga la responsabilidad en los otros técnicos a los que quiere tomar declaración en calidad de investigados.

Aunque en el escrito se aclara que "no ha existido ningún tipo de irregularidad ni de actuación delictiva por parte de ningún técnico del Cabildo Insular", a renglón seguido "se interesa identificar a los facultativos que ostentaron la dirección técnica en cada uno de los expedientes objeto de investigación". A continuación, el abogado hace un repaso detallado por la responsabilidad de cada uno de los funcionarios señalados, en una estrategia encaminada a descargar la posible implicación de Pintor Sepúlveda en la toma de decisiones.

Donde no elude su responsabilidad el funcionario investigado, al menos hasta que abandonó la dirección facultativa en agosto de 2012, es en el expediente vinculado con las obras de los primeros 20 kilómetros de la TF-1 en dirección sur. En el documento presentado en el Juzgado se reconoce que se duplicaron los pagos a la empresa Traysesa por las labores de vigilancia del tramo afectado por los trabajos. Una situación que entre febrero de 2011 y junio de 2013 provocó un saldo favorable a la entidad de 414.479 euros. La interpretación que el letrado da a este expediente es completamente contradictoria a la realizada por la Fiscalía en su querella.

A pesar de que Traysesa es adjudicataria del contrato de Conservación Ordinaria y Aseguramiento a la Viabilidad en la Red de Carreteras del Cabildo de Tenerife, por el que percibe una cantidad fija, la empresa cobró un extra por parte del Gobierno de Canarias para llevar a cabo la vigilancia del tramo en obras de la TF-1, que se incluyó en los pagos que percibía la entidad por ser la responsable de la ejecución de los trabajos. 

Para la Fiscalía, la entidad cobró dos veces por el mismo concepto. El Ministerio Público considera que Pintor Sepúlveda tenía que haber suspendido el contrato durante el tiempo que se prolongaron las obras, de manera que se hubiera descontado la cuantía y evitado el pago por duplicado, tal y como hizo el Consejo de Gobierno del Cabildo el 1 de julio de 2013.

El abogado de Pintor mantiene lo contrario. José Luis Gutiérrez considera que el contrato no podía ser suspendido y señala al Gobierno de Canarias como el responsable de "aumentar el importe de sus pagos a Traysesa (que sería el que pudiera considerarse indebido) incluyendo la cuantía correspondiente a la vigilancia". Para el letrado, "el Cabildo lo único que hace es seguir abonando la misma cantidad que viene obligada en el contrato".

En lo que coinciden tanto la defensa como la Fiscalía es en el hecho de que se generó un saldo positivo para la empresa, que en diciembre de 2012, según un informe del propio Pintor Sepúlveda, alcanzaba los 329.510 euros. La cifra final que reconoció el Consejo de Gobierno en julio de 2013 fue de 414.479 euros. El abogado José Luis Gutiérrez explica en el escrito que este desfase fue compensado por Traysesa a través de obras pendientes de pago que habría dejado de cobrar.

La defensa del funcionario argumenta que Pintor Sepúlveda alcanzó un acuerdo con la empresa para que las cuantías pagadas en exceso se compensaran mediante la renuncia al cobro de obras que Traysesa tenía pendientes con el Cabildo. En el escrito presentado en el Juzgado se relata que la decisión "era conocida y autorizada por los responsables del área de Gobierno insular y generaba un ahorro para el Cabildo". El letrado explica que su defendido "era un mero jefe de Servicio sin competencia para decidir un acuerdo de esta magnitud" y dice que la compensación "se discutió en reuniones" a las que acudieron otros técnicos y la directora insular, Ofelia Manjón.

 

Otras irregularidades

La Fiscalía también investiga pagos irregulares a la empresa Señalizaciones Villar vinculados con trabajos en la autopista del Norte. El Ministerio Público considera sospechoso que la entidad, que es adjudicataria del servicio de conservación de la vía, cobrase cuantías superiores a los 416.000 euros a través de "gastos variables", que tenían que "haber quedado al margen y precisado de la convocatoria de una nueva contratación administrativa".

Otro de los expedientes investigados está relacionado con el abono de más de 250.000 euros a Señalizaciones Villar por el mantenimiento de la vieja sede del Centro de Control de Túneles de la Avenida de Tres de Mayo, a pesar de que las instalaciones habían sido trasladadas al Intercambiador de Santa Cruz de Tenerife. Las presuntas irregularidades continuaron cuando el Cabildo pagó también la conservación del nuevo centro a la vez que se llevaban a cabo las obras, lo que supuso el abono de 470.802 euros. La Fiscalía concluye que el servicio prestado iba en contra de lo estipulado en el pliego de condiciones del contrato.

El Ministerio Público también sospecha de los pagos realizados para la adquisición del software de gestión de túneles, así como de la integración de El Guincho en el Centro de Control. Sobre todos estos expedientes, salvo el vinculado con Traysesa, el abogado niega la participación de Pintor Sepúlveda, del que asegura que "no ha tomado ninguna decisión ni ha ostentado responsabilidad alguna".

 

Presiones

El escrito presentado por el abogado de Pintor Sepúlveda en el Juzgado de Instrucción Número 2 de Santa Cruz de Tenerife realiza un extenso relato sobre el supuesto "origen espurio" de la causa. El letrado señala directamente al exconsejero José Luis Delgado como responsable de la denuncia que presentó el Cabildo de Tenerife en la Fiscalía, que fue sustentada por un informe emitido por los Servicios Jurídicos en el que se daba cuenta de las presuntas irregularidades.

José Luis Gutiérrez, que también es presidente del Comité de Empresa del Instituto de Atención Social y Sanitaria del Cabildo, asegura que las discrepancias entre ambos comenzaron a finales de 2011 como consecuencia de "los intereses políticos" del consejero del PSOE. Según el escrito, José Luis Delgado citó al funcionario a una reunión para que desde el Servicio "se evacuara un informe de viabilidad positivo" a la instalación de una gasolinera en el término municipal de Adeje.

La autorización a la estación de servicio ya había sido informada de forma desfavorable en una primera ocasión, pero ante una nueva petición del promotor, siempre según el relato de la defensa de Pintor Sepúlveda, el consejero de Carreteras habría presionado al técnico para que elaborase un dictamen positivo "sí o sí, ya que había recibido una solicitud del mismísimo José Miguel Rodríguez Fraga", alcalde de Adeje y persona cercana a José Luis Delgado dentro del PSOE. 

El letrado insiste en que cuando el funcionario se resistió a la petición del consejero, Delgado volvió a incidir en que "si José Miguel Rodríguez Fraga pedía algo, había que resolverlo como fuera". Estos hechos provocaron un duro encontronazo que se prolongó en el tiempo, hasta que el responsable político promovió un expediente disciplinario contra Pintor Sepúlveda, "que luego motivó la denuncia del Cabildo a la Fiscalía, que finalmente da origen a esta espuria causa", concluye el escrito.

Cuando el enfrentamiento se trasladó a los juzgados, el funcionario replicó con una denuncia en la Policía Judicial de la Guardia Civil por presuntas irregularidades cometidas por Delgado durante su gestión. Según José Luis Gutiérrez, la Fiscalía mantiene abiertas unas diligencias de investigación, aunque no consta que hasta el momento se haya presentado querella alguna.