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La juez apuntala las sospechas del 'Caso Las Teresitas'

Un informe pericial tasa en 4,2 millones el valor de los terrenos que compró el Ayuntamiento pese a que ya eran suyos / La instructora abre el procedimiento abreviado, paso previo al juicio oral

El Caso Las Teresitas, una de las investigaciones más extensas por delitos de corrupción de la historia judicial de Canarias, avanza con paso firme hacia su desenlace, ocho años después de la querella presentada por la fiscal María Farnés. La juez María de los Ángeles Zabala abre ahora la fase de procedimiento abreviado, paso previo a la celebración del juicio oral y a la espera de que la parte que afecta al exalcalde Miguel Zerolo regrese a primera instancia tras abandonar su escaño en el Senado, en un auto del pasado 9 de enero, al que ha tenido acceso mirametv.com. En el escrito se apuntalan las principales sospechas sobre la presunta actuación delictiva de los 13 imputados en la causa por prevaricación y malversación de caudales públicos.

La titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Santa Cruz de Tenerife aprieta en su escrito la tuerca de un caso que tiene en el punto de mira la compraventa que cerró el Ayuntamiento capitalino en el año 2001, cuando adquirió las once parcelas del frente de la playa a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio González por algo más de 52 millones de euros, en una operación anulada por el Tribunal Supremo en 2007. La juez aporta incluso nuevos datos reveladores sobre las actuaciones desarrolladas por los políticos locales, con el exalcalde Miguel Zerolo a la cabeza. Es el caso de una prueba pericial realizada en junio de 2014 en la que se concluye que un tercio de los terrenos que se compraron ya eran de dominio público, tras haber sido cedidos de manera gratuita por la Junta de Compensación en 1986, con un valor tasado en 4,2 millones de euros. Era además el suelo "donde iban ubicados los hoteles, ya que eran los únicos terrenos llanos", lo que viene a demostrar que la parte que se adquirió que no era pública era la correspondiente al acantilado. Pero el Consistorio no solo compró suelo que ya era suyo.

La juez ratifica en su escrito una a una las afirmaciones obrantes en la querella de la Fiscalía Anticorrupción. En el auto se llega a asegurar que el Ayuntamiento "olvidó" sus actuaciones precedentes "plegándose a las pretensiones de la Junta de Compensación y de la mercantil Inversiones Las Teresitas", en referencia a la facilidad con la que se aceptaron las condiciones de los empresarios y se desecharon otras opciones que inicialmente se tuvieron en cuenta, como la permuta o la expropiación, a todas luces más económicas para las arcas municipales. Y es que no cabe duda de que la operación fue redonda para Plasencia y González, que obtuvieron unos beneficios de 120 millones de euros sin arriesgar ni un céntimo, tras la posterior venta de los terrenos de Las Huertas a Mapfre Inmuebles.

El recorrido de los hechos que la instructora realiza en el auto se acompaña con algunas conclusiones que refuerzan las imputaciones que pesan sobre un grupo de políticos, funcionarios y empresarios investigados a fondo por la Justicia. Mención especial merece el papel jugado por el entonces secretario delegado de la Gerencia de Urbanismo, Víctor Reyes, autor del informe de 2 de abril de 2001, en el que se aplicaba un "radical planteamiento distinto respecto de lo aprobado por el pleno" que dio luz verde al convenio marco entre la Junta de Compensación y la Corporación local. La juez asegura que en el escrito del abogado municipal "desaparece toda posible indicación a la compensación de aprovechamientos urbanísticos mediante la reasignación de aprovechamientos en la parte del plan parcial que en la solución definitiva tenga destino edificatorio, y se pasó de forma directa y brutal a la adquisición de las parcelas".

La principal consecuencia que generaba optar por la compraventa era el aumento del precio que para la hacienda pública suponía una operación mucho más costosa que las otras opciones barajadas. "El Ayuntamiento, de una forma totalmente consciente e inexplicable, eliminó el sistema de compensación de aprovechamientos que le facultaría para hacer frente a la adquisición de las parcelas motivo del expediente, sin gasto alguno para su cuenta, y afrontó un gasto muy considerable sin que existiera causa alguna que lo justificara", según las conclusiones a las que llega la juez tras estudiar el borrador del convenio supuestamente firmado en julio de 2001, en el que aparece tachada su propia fecha de propuesta, y que aportó el Consistorio durante la instrucción.

Pero eso no es todo. El Ayuntamiento capitalino "se avino a formular y tramitar una modificación puntual de la redacción urbanística vigente para mejorar las condiciones de los titulares privados", según se concluye en el auto, especialmente al aceptar la pretensión de los empresarios de suprimir los usos turísticos hoteleros residenciales en el frente de la playa, afectados por la moratoria del Gobierno de Canarias, y a su vez, "sustituir el uso turístico extrahotelero en la zona del valle de Las Huertas por el uso residencial de viviendas", una actuación que "ni siquiera había sido objeto de aprobación por el pleno de 19 de enero", y que reportaría cuatro años después 90 millones más a Antonio Plasencia e Ignacio González tras la venta de estas parcelas a una filial de la multinacional Mapfre.

En contra del procedimiento habitual, y legal, el Ayuntamiento "preparó un proyecto de convenio, lo dio a firmar a los particulares afectados, y una vez ratificado por estos, inició los trámites administrativos internos adecuados para la aprobación del mismo", como explica María de los Ángeles Zabala en su auto. Es decir, fueron los empresarios los que marcaron el camino que tenía que seguir el Consistorio, hasta el punto de que existen indicios que apuntan a que el precio que finalmente se pagó se negoció antes por las partes, sin esperar a las tasaciones.

 

La clave: Pía Oramas

Y aquí entra el auto en una de las partes más polémicas de la operación: la decisión de tener en cuenta a tres empresas externas para valorar el precio de los terrenos objeto de la compraventa, que finalmente se aprobó por unanimidad en el pleno celebrado el 23 de julio de 2001, a pesar de contar en la Gerencia de Urbanismo con técnicos cualificados para realizar la tasación. Es el caso de la arquitecta Pía Oramas, entonces en el Ayuntamiento y ahora en el Cabildo de Tenerife, que realizó un peritaje, el "más completo y serio", según la juez, que tasó las once parcelas en una cuantía tres veces inferior a la que se pagó. La opinión de Oramas no solo se ignoró, motivo principal por el que el Supremo tumbó la operación, sino que además fue presionada en varias ocasiones, como ella misma reconoció en su declaración judicial, para que asumiera los informes externos, lo que nunca hizo.

El criterio de la arquitecta municipal fue posteriormente ratificado por los peritos judiciales, que el 18 de septiembre de 2008 emitieron un informe en el que defendían que la expropiación forzosa de las parcelas, que descartó sin justificación aparente el Gobierno local, hubiera tenido un coste de 15,2 o 11,2 millones de euros, según las dos hipótesis planteadas en relación al deslinde que en aquel momento estaba pendiente de practicarse. El 30 de septiembre de 2013, los mismos técnicos elaboraron un nuevo dictamen, esta vez sobre el "valor del mercado conjunto" de los terrenos, que seguía las dos mismas líneas de partida que el anterior y que fijó en 14,1 y 10,6 millones el coste.

La juez lo sintetiza en uno de los párrafos del auto: "El resultado final de todo ello es que los servicios de la Gerencia de Urbanismo aceptan una valoración externa que triplica la valoración realizada por una técnica propia, doña Pía Oramas, la dan por buena, y tramitan a instancias superiores el resultado de sus apreciaciones". Una argumentación que sustenta la imputación por malversación de caudales públicos que, junto con la de prevaricación, pesa sobre la espalda de las 13 personas señaladas por la Fiscalía Anticorrupción.

 

¿De dónde salió el dinero?

Otra de las preguntas que resuelve la instructora en su escrito está relacionada con una pregunta obvia llegados a este punto, ¿de dónde salieron los más de 52 millones que desembolsó el Ayuntamiento? En el auto se describe con todo lujo de detalles la ingeniería financiera que tuvo que desarrollar el Consistorio para hacer frente a la operación, después de que solo tres días antes de la aprobación de la compraventa desde la Gerencia de Urbanismo se hubiera advertido de "la insuficiencia de fondos presupuestarios". Este hecho obligó a autorizar "unas altas de créditos extraordinarios y unos suplementos de crédito", que debían de ser financiados "mediante baja o anulación de partidas no comprometidas", las cuales se demostraron insuficientes. Este contratiempo provocó que el Gobierno local recurriese al remante líquido de Tesorería del ejercicio anterior, además de a préstamos fuera del sector público a medio y largo plazo, hasta completar los 8.858 millones de pesetas.

Más llamativo si cabe fue el recorrido que tuvo el dinero en los días posteriores. La Gerencia de Urbanismo entregó en mano de los empresarios un primer pago a través de un cheque con fecha 17 de septiembre de 2001 por valor de 5.687 millones de pesetas. Antonio Plasencia e Ignacio González ni siquiera lo ingresaron, sino que ese mismo día lo cedieron a CajaCanarias, la entidad a la que habían pedido un polémico crédito de alto riesgo para adquirir las 101 parcelas a la Junta de Compensación en 1998, con el objeto de liquidar el préstamo y sus intereses vencidos y no satisfechos. La juez advierte también que esta "forma de pago de obligaciones de carácter público no se recoge ni en la Ley General Presupuestaria ni en la Ley de Haciendas locales".

La lista de imputados por el Caso Las Teresitas la componen Miguel Zerolo, exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Antonio Plasencia, presidente de la patronal tinerfeña de la construcción, Ignacio González, expresidente de la Cámara de Comercio, sus hijos Pedro González y Carlos Plasencia, el exconcejal de Urbanismo Manuel Parejo, los exportavoces del PP y PSOE, José Emilio García Gómez y Emilio Fresco, así como los funcionarios Víctor Reyes, José Eugenio de Zárate, José Tomás Martín, José Luis Roca y Antonio Messía de Yraola.  

Con la apertura del procedimiento abreviado se entra en la recta final para la celebración del juicio que sentará en el banquillo a los principales autores de una operación que la propia Intervención General de la Administración del Estado tildó de "pelotazo de libro". Esta semana se ha pasado una nueva página, la penúltima.