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Del ‘caso Pujol’ al ‘caso Kokorev’: privilegios, abusos y garantías procesales

En recientes fechas ha escandalizado a la opinión pública española que el juez de la Audiencia Nacional José de la Mata haya mantenido en libertad a Oleguer Pujol. A pesar de que la Fiscalía había solicitado el ingreso en prisión sin posibilidad de fianza; pero, sobre todo, a pesar de que hay indicios sólidos de que, estando ya bajo investigación, este miembro del clan de los Pujol ha seguido blanqueando fondos que tenía en el extranjero.

Es verdad que se trataba de un cambio, puesto que durante años la Fiscalía había eludido pedir la prisión con o sin fianza para los miembros de la familia Pujol. Es verdad que obedecía a que la Fiscalía esgrimió la necesidad de evitar la “reiteración delictiva”, dado que la actividad económica de Oleguer se había seguido distinguiendo por su “opacidad” desde que estaba imputado, y dado el envío de fondos (en lo que son entendidas como “actuaciones de blanqueo”) a una una cuenta en Miami en la que ha seguido recibiendo los réditos de sus operaciones inmobiliarias.

Y sin embargo, aún así, el juez riñe al fiscal estableciendo que “existen medios que pueden y deben utilizarse para hacer las comprobaciones oportunas, antes de recurrir a la más grave de las medidas cautelares”. La consecuencia es que el acusado de blanquear millonarias comisiones obtenidas en la operación de compra-venta de 1.152 sucursales del Banco Santander en 2007 y de ocultar fondos en Andorra que procedían de la herencia recibida de su abuelo Florenci sigue disfrutando de su libertad, con comparecencias quincenales ante el juez.

Llama la atención cómo ha cuajado la idea entre los ciudadanos de que la falta de valor político y de separación real de poderes, (así como cierta de protección del establishment institucional) está propiciando un trato de privilegio a los Pujol y poniendo en riesgo la seguridad de los procesos penales que contra cada uno de los miembros de la familia se siguen.

Pero el escarnio es aún mayor si se pondera a la luz de otros procesos seguidos por otros tribunales contra ‘otras familias’. Es el caso de la familia hispano-rusa Kokorev, con una pareja de ancianos con severos problemas de salud (Vladimir y Julia) y un joven hijo (Igor) cumpliendo más de un año y medio de prisión preventiva en las cárceles canarias. Con una investigación secreta ya durante un lustro. Sin conocer imputaciones ni su fundamento, salvo con la acusación genérica de ejercer de testaferros de Teodoro Obiang en España y haber usado para ello una cuenta con algo más de 20 millones de euros.

No sólo salta a la vista la doble vara de medir de la que se ‘benefician’ los Pujol (sólo en el caso de Oleguer, la operación de blanqueo de las oficinas del Santander ascendió a 2.012 millones de euros más 317 millones de IVA). En el caso de esta familia investigada por la juez Ana Isabel de Vega Serrano, del juzgado de Instrucción nº5 de Las Palmas, se contempla que como tal, como conjunto, perpetró acciones de lavado de dinero. A pesar de que el único empresario es y siempre fue Vladimir (hoy aquejado severamente tras varias intervenciones cardiovasculares y de próstata), de que su esposa es ama de casa y su hijo era estudiante en el momento de las transferencias bajo sospecha. Y a pesar de que las defensas han presentado una vasta y minuciosa colección de documentos oficiales (transacciones bancarias, contratos, facturas) acreditando los ingresos recibidos en la ‘sospechosa cuenta’.

Con estas dobles varas de medir será difícil que cambie (no lo está haciendo de hecho), la mala percepción que tienen los ciudadanos de un sistema judicial que, según el Barómetro del Consejo General de la Abogacía, funciona de manera “ininteligible”, “ineficaz” y “parcial”; y que está propiciando -según la misma fuente- que el 60% de los españoles crea que el Estado de Derecho está en peor situación que en el conjunto de los países más avanzados.