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La Audiencia Provincial reabre la causa por la ampliación de las cuevas de Cho Regino, en Güimar

La Fiscalía denuncio a 20 vecinos del litoral por presunto delito contra la ordenación del territorio

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife ha ordenado la reapertura de la causa abierta contra veinte vecinos de Güimar  a instancias del Ministerio Fiscal por la posible comisión de delitos contra la ordenación del territorio, supuestamente consumados en la ampliación de las casas cueva de la barriada marinera de Cho Regino.

El Tribunal ha estimado el recurso del Ministerio Fiscal contra la decisión del Juzgado de sobreseer provisionalmente la causa. La Sala rechaza que se siga tramitando como denuncia colectiva, pero ordena que el proceso se instruya separando las piezas o diligencias “por cada uno de los hechos denunciados”.

Los hechos a los que alude la investigación se refieren a la  ampliación de viviendas no autorizadas por parte de los vecinos de la barriada consolidada conocida como Cho Regino en la localidad de Güimar y en calle Toninas y avenida Litoral de Agache, en el Puerto de Güimar, “que podrían afectar a las servidumbres costeras del dominio público marítimo terrestre, en el Sureste del Espacio Natural protegido, recogido en el Plan Especial de la Reserva en la Zona de Uso Moderado y dentro de la Línea de la Zona de Servidumbre de protección” detalla la Sala.

Se trata de viviendas construidas sobre las cuevas preexistentes para el aprovechamiento pesquero del litoral, y otras como construcciones de ocio sobre el terreno protegido.

Estas viviendas, agrega el auto,  “conforman un núcleo urbano no autorizado, que se ha ido ampliando y consolidando con el transcurso del tiempo, contando ya con suministro de energía eléctrica y agua potable y calzada de acceso con alumbrado público, a lo que no ha podido ser ajena la autoridad municipal”.

Recuerda el auto que si bien es posible que estas edificaciones pudieran ser ilegales y perseguibles penalmente, los hechos referidos a la construcción ya habrían prescrito, pero no así las obras de ampliación a las que alude la denuncia del fiscal: “Las obras de mejora, reforma, ampliación o vallado denunciadas,realizadas sin licencia y no susceptibles de autorización que han sido objeto de denuncia ante la autoridad administrativa, han venido a perturbar el medio ya deteriorado, constituyendo una nueva agresión y degradación susceptible de tipicidad penal, por afectar al interés general de protección de la consta, la línea marítima y sus servidumbres”, subraya.

“El examen individualizado de cada una de las responsabilidades denunciadas”, expone la Audiencia, “permitirá valorar en cada caso si estamos ante hechos que atacan al bien jurídico protegido, el valor material de la ordenación del territorio, en su sentido constitucional de utilización racional del suelo orientada a los intereses generales y supuestos de desobediencia a la autoridad, si se hubiere desobedecido requerimientos de paralización de obras o si por el contrario estamos ante supuestos de mero incumplimiento normativo, por ser tan mínima la incidencia en el citado interés general”.