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Carmen: "con palmaditas en la espalda no se solucionan los problemas de los canarios"

Es ocupa desde hace tres años junto a su familia / La vivienda es propiedad de Visocan y llevaba 15 años vacía / Teme quedarse en la calle junto a su familia aunque Visocan asegura que no ejecutará la sentencia

La sombra del desahucio planea sobre Carmen y su familia. Está en situación de desempleo, apenas tiene 319€ de ingresos y vive en Bajamar, en Tenerife, de ocupa, con dos hijos y dos nietos menores a su cargo. La vivienda es propiedad de la empresa pública Visocan, que gestiona parte del parque de viviendas en el archipiélago. Carmen además tramita una discapacidad por diversas patologías, entre ellas una afección cardiaca. Su hijo tiene escoliosis y asma. La vida se le ha puesto cuesta arriba.

Desde hace quince años la vivienda pública que ahora ocupa Carmen y su familia permaneció vacía, llena de basura, deteriorada y usada habitualmente por drogodependientes. Cuando ella entró, la limpió y acondicionó para poder habitarla, actualmente lleva tres años viviendo en ella con su familia, sin agua ni luz. Para Carmen y su familia no fue fácil tomar la decisión de entrar en una vivienda vacía que no les pertenece, ha sido demandante de vivienda pública desde hace más de 10 años, es usuaria habitual de Servicios Sociales del Ayuntamiento de La Laguna y a pesar de haber acudido a estos para solicitar ayuda, no encontró una respuesta que evitara que se viera en la calle con su familia.

La Plataforma de Afectados por la Hipoteca cuestiona al Gobierno de Canarias por haberse comprometido a que ninguna familia fuera desahuciada de esas viviendas sin alternativa habitacional, sin embargo, Visocan sigue instando desalojos a través de los juzgados de las Islas, con las repercusiones negativas que conlleva, puesto que las familias sin recursos son multadas con cuantías que no pueden pagar y muchas veces esa imposibilidad del pago se materializa en arrestos domiciliarios, en domicilios inexistentes tras ser desalojados, solicitando además el pago de las costas de los abogados de Visocan, que son asalariados de la empresa pública. La PAH dice que "es contradictorio que una empresa que debe velar por el Derecho a la Vivienda, especialmente de las personas sin recursos, ejerza políticas que provocan todo lo contrario: desalojos forzosos que agudizan la exclusión residencial, los arroja a la exclusión severa, provoca la desestructuración familiar y no contempla la protección de los menores que se ven afectados por los desalojos forzosos de sus hogares".

Visocan gestiona gran parte del parque de Viviendas Sociales de Canarias, cuyo fin es garantizar el acceso a una vivienda digna de las familias con menos recursos económicos y sociales y mayores necesidades de una vivienda adaptada a las mismas, pertenecientes al Gobierno de Canarias o que han sido financiadas con dinero público, cuya responsabilidad pública es ser garante de este derecho básico.

Desde la PAH advierten que los desalojos forzosos que se producen sin garantías habitacionales son ilegales y no sólo violan el Derecho a la Vivienda, sino que estando íntimamente ligado a otros derechos fundamentales como el derecho a un medioambiente saludable, derecho a la salud, a la intimidad, a la educación... estos se ven también vulnerados, siendo especialmente grave cuando quien insta dichos desalojos es una empresa gestora de viviendas públicas destinadas proteger y garantizar el acceso a una vivienda digna de las personas que pertenecen a estos colectivos.

Desde la Plataforma piden al Presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo Batlle y a la Vicepresidenta y Consejera de Empleo y Políticas Sociales del Gobierno de Canarias y Presidenta de Viviendas Sociales e Infraestructuras de Canarias (VISOCAN), Patricia Hernández Gutiérrez, que exijan, a la empresa pública, que deje de ejercer políticas de criminalización de la pobreza y no vuelva a instar procedimientos judiciales contra familias sin recursos. Y retire de los juzgados todos aquellos procedimientos que haya iniciado contra personas de este mismo colectivo y opte por iniciar procedimientos administrativos que contemplen el estudio de los casos, itinerarios de inclusión residencial y en caso de ser necesario su desalojo forzoso, se les proporcione una alternativa habitacional.

Visocan asegura que el desahucio no se producirá y que, por lo tanto, no tendrá que abandonar la vivienda. Sin embargo, el proceso debe de continuar con su tramitación en los juzgados. Después de tres años, y ante la presión mediática, el Ayuntamiento asegura estar tramitando la posibilidad de que Carmen disponga de agua y luz en su casa.