Mirame Tv

El TSJC ratifica que los negocios del Parque Marítimo son ilegales

El Tribunal confirma que el McDonald y el autolavado incumplen el planeamiento y concluye que no cabe la licencia por silencio administrativo / El Ayuntamiento ordena el cierre de las instalaciones

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias ha dictado dos sentencias, a las que ha tenido acceso mirametv.com, en las que ratifica que los negocios del Parque Marítimo de Santa Cruz de Tenerife, en concreto un restaurante de McDonald y un autolavado, son ilegales. Según fuentes oficiales del Ayuntamiento, la Gerencia de Urbanismo ya ha ordenado el cierre de las dos instalaciones tras los últimos fallos judiciales, aunque todavía no se ha ejecutado.

En el caso de la multinacional de comida rápida, el TSJC desestimó el pasado 28 de septiembre de 2015 el recurso presentado por Consorcio de Tenerife SL contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo Número 3 de la capital tinerfeña, que en el mes de marzo dictó una sentencia en la que ratificaba la decisión de la Gerencia de Urbanismo de cerrar la actividad del restaurante al incumplir el planeamiento vigente y haber desarrollado las obras sin licencia

Más reciente es la sentencia del TSJC referida al autolavado. A diferencia de lo ocurrido con el McDonald, en primera instancia se dio la razón a la instalación de la empresa Canarytel & Europe SL, que ganó su recurso contra el cierre decretado por el Ayuntamiento y obtuvo la licencia de actividad por silencio administrativo. El pasado 7 de marzo de 2016, las tornas volvieron a cambiar cuando el Tribunal estimó la reclamación presentada por la Gerencia de Urbanismo de Santa Cruz de Tenerife contra el fallo del Juzgado de lo Contencioso Administrativo Número 1, con lo que, al igual que en el caso del restaurante, convirtió en firme el cierre del negocio por incumplir el planeamiento.

El principal problema es que el actual Plan Especial del Parque Marítimo solo permite en esa zona un uso urbanístico de equipamiento complementario y aparcamiento, mientras que remite la ordenación pormenorizada a un Estudio de Detalle. El Ayuntamiento aprobó el documento en 2007, pero fue declarado contrario a Derecho y anulado por los tribunales en 2011, lo que ha dejado este ámbito sin ordenación, a la espera de que la Gerencia de Urbanismo apruebe un nuevo planeamiento que, en cualquier caso, no podrá legalizar las actuales instalaciones, que tendrán que desmontar su infraestructura y adaptarse a la nueva normativa.

 

Obras sin licencia 

Así las cosas, el Consistorio capitalino, aunque quisiera, no puede conceder la licencia de actividad ni al McDonald ni al autolavado. De hecho, ambos realizaron las obras sin la obligatoria licencia de la Gerencia de Urbanismo y sin proyecto urbanístico, tal y como expuso en su sentencia de primera instancia, en el caso del restaurante, el juez Francisco Plata Medina, actual viceconsejero de Servicios Jurídicos del Gobierno de Canarias.

Consorcio de Tenerife SL intentó obtener el permiso por la vía del silencio administrativo, pero tanto el Juzgado como ahora el TSJC concluyen que solo es viable "en aquellos casos en los que el particular solicita de la Administración el reconocimiento de un derecho que ya tenía anteriormente, pero no en los que el acto administrativo no es meramente declarativo, sino constitutivo de derecho".

Muy similar es la conclusión de la Sección Segunda, que estimó el recurso del Ayuntamiento contra el fallo de primera instancia que concedió la licencia al autolavado por silencio administrativo. En la sentencia se asegura que el permiso "no es conforme a derecho" al carecer la instalación de licencia urbanística, "condición necesaria para obtener" el visto bueno a su funcionamiento.

El Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife intentó legalizar la actividad de ambos negocios en 2007 con la aprobación del Estudio de Detalle necesario para completar la ordenación de la zona, pero fue anulado por el TSJC en 2011. En la actualidad se instruye una causa penal por un presunto delito de falsedad documental en la elaboración del expediente, tras una denuncia presentada por el abogado Felipe Campos, por la que están investigados Víctor Reyes, anterior secretario de Urbanismo, y el arquitecto municipal Elías Medina.