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La fiscal pide prisión para un guardia civil por mediar en el Caso Arona

El Ministerio Público solicita seis meses de cárcel y una multa de 30.000 euros para el cabo acusado de tráfico de influencias / La defensa sostiene que actuó por "altruismo" y reclama la libre absolución

La fiscal María Isabel Silva Torres ha elevado este martes a definitivas sus conclusiones tras quedar vista para sentencia la segunda pieza separada del Caso Arona. La representante del Ministerio Público solicita seis meses de prisión y una multa de 30.000 euros para José Manuel Rodríguez, el guardia civil acusado de tráfico de influencias por su presunta intermediación en la tramitación de expedientes urbanísticos.

El criterio de la fiscal contrasta, como era de esperar, con el defendido por el abogado del acusado, José Ramón Pitti, que reclama la libre absolución para el cabo de la Guardia Civil, la única persona que se ha sentado en el banquillo durante el juicio por la segunda de las tres piezas separadas que, junto con la principal, conforman el conocido como Caso Arona.

La última palabra la tendrán ahora los tres magistrados de la Sección Sexta de la Audiencia Provincial, que ya condenaron por la primera de las piezas separadas al exalcalde José Alberto González Reverón y al exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa, ambos por prevaricación, a falta de que se conozca el fallo de la causa principal, en la que hay un total de 13 acusados.

La fiscal considera que hay "elementos probatorios suficientes" para condenar a José Manuel Rodríguez por un delito de tráfico de influencias. María Isabel Silva vincula al miembro de la Benemérita con un papel de mediador para "influir" en concejales del PSOE, especialmente en Francisco Santamaría, con el objetivo de "desbloquear el problema que tenía Arona". Es decir, su actuación, según el Ministerio Público, consistió en "convencer" a los líderes de los ediles socialistas para que votaran a favor de las licencias urbanísticas que contaban con informes jurídicos desfavorables.

 

Comida con Pedro Suárez

No lo consiguió, pese a que Rodríguez convocó a Santamaría y a otras personas a tres reuniones distintas. Uno de los encuentros se celebró en una finca particular de Pedro Suárez que, además de presidente del Círculo de Empresarios del Sur, tenía intereses urbanísticos en el municipio tinerfeño. A esa cita, que se cerró con la intención de desbloquear la situación de las licencias ilegales, acudieron concejales del PSOE, pero también el exalcalde González Reverón y el exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa. "Nadie se acuerda de lo que se habló en la reunión, solo de que comieron cochinillo", asegura la fiscal. Un cochino negro, para ser exactos.

¿Qué hacía un miembro de la guardia civil en un encuentro entre políticos y empresarios para hablar de cuestiones urbanísticas a golpe de cochinillo? Esa, básicamente, es la duda que mueve toda la argumentación de la Fiscalía, que también recuerda que Rodríguez se interesó después, en varias llamadas telefónicas, por el expediente sancionador que se abrió al Camping Nauta, propiedad de la familia Santamaría, supuestamente por no haber prosperado el acuerdo para implicar a los concejales socialistas en la aprobación de las licencias. 

Silva Torres cree que "al señor Santamaría le habían prometido algo, pero al final no se lo dieron". Lo cierto es que nunca se cerró el trato, los concejales del PSOE no llegaron a apoyar la aprobación de licencias, aunque para el recuerdo quedará su presencia en encuentros en fincas privadas de grandes empresarios. "Esas cosas se tenían que tratar en el Consistorio", asevera la Fiscalía.

En el rincón contrario, las cosas se ven de otra manera. Para el abogado José Ramón Pitti, el cabo de la Guardia Civil actuó "por altruismo" y no por los intereses que se le achacan "a base de elucubraciones, porque no hay elementos probatorios que lo demuestren". Según el letrado, Jose Manuel Rodríguez "está sentando en el banquillo por bobo", por lo que pide su libre absolución. 

"Afortunadamente, todavía existen hombres buenos". Esta frase, del propio Pitti, va en la línea de lo que este lunes defendió el acusado al ser interrogado. Según su relato, actuó de intermediario con la mera intención de reconciliar a Reverón y Santamaría, y se interesó por las licencias urbanísticas como cualquier vecino que se preocupa por los problemas del municipio. Para el abogado, que el acusado José Manuel Rodríguez lleve siete años imputado por este caso "le ha arruinado la vida".