Mirame Tv

Un cochino negro para comer y licencias urbanísticas de postre

La Audiencia juzga a un guardia civil por su papel como presunto intermediario en el 'Caso Arona' / El empresario Pedro Suárez admite que se reunió con políticos en su finca para tratar expedientes

La Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife juzga desde este lunes a un miembro de la Guardia Civil por su papel como presunto intermediario en el conocido como caso Arona. José Manuel Rodríguez, al que la Fiscalía pide seis meses de prisión y una multa de 30.000 euros por un delito de tráfico de influencias, compareció en el Palacio de la Justicia en la primera sesión de la segunda pieza separada de las cuatro que, junto con la principal, componen una de las investigaciones por presunta corrupción más extensas de Canarias.

No fue el único que declaró. Entre los testigos que se dieron cita delante del Tribunal destacaron el exalcalde José Alberto González Reverón, el exconcejal de Urbanismo Antonio Sosa, el exportavoz del PSOE Francisco Santamaría, y Pedro Suárez, expresidente del Círculo de Empresarios del Sur e impulsor de varias promociones urbanísticas en el muncipio de Arona. 

El también vicepresidente del CD Tenerife pudo explicar los motivos que llevaron en abril de 2008 a celebrar una reunión en una de sus fincas particulares en la que, entre otros asuntos y con degustación de un cochino negro incluida, se intentó desbloquear una serie de expedientes urbanísticos que contaban con informes jurídicos desfavorables. 

Todos los testigos, incluido Pedro Suárez, reconocieron que en la reunión se encontraba el acusado José Manuel Rodríguez, a pesar de que no tenía ninguna vinculación directa con la política municipal. Aunque el miembro de la Guardia Civil negó que intermediara en asuntos urbanísticos, a preguntas de la fiscal, María Isabel Torres, reconoció que le preocupaba la situación que se vivía en Arona y por eso intentó reconciliar a Francisco Santamaría, autor de la querella que dio lugar a la investigación, y al exalcalde González Reverón. 

Además del encuentro en la finca de Suárez, José Manuel Rodríguez participó en otra reunión que tuvo lugar en un conocido restaurante del municipio tinerfeño y mantuvo varias conversaciones telefónicas con González Reverón en las que hablaron de expedientes urbanísticos, como la sanción por irregularidades que el Ayuntamiento puso a la instalación del Camping Nauta, propiedad de la familia del exportavoz del PSOE, presuntamente como represalia a la presentación de la querella en la Fiscalía.

Aunque insistió en varias ocasiones en que sus gestiones estaban vinculadas con "cuestiones personales", ante la insistencia del Ministerio Público llegó a admitir que ayudó a que se celebrara la reunión entre el empresario Pedro Suárez y los políticos en abril de 2008

Rodríguez manifestó que actuó siempre como un ciudadano preocupado por la situación del municipio y en calidad de representante de un colectivo vecinal, pero "nunca" en su condición de miembro de la Guardia Civil. Pese a ello, explicó que ha sufrido "una tortura de siete años", y que tras conocerse su imputación fue trasladado de destino y vio reducidos sus emolumentos profesionales.

 

En la finca de Suárez

A pesar de que ha sido una de las personas más nombradas en el juicio por la pieza principal del caso Arona, Pedro Suárez no había sido citado a declarar por la Audiencia Provincial hasta la mañana de este lunes. En su defensa, aunque no está acusado, aclaró que actuó en representación del Círculo de Empresarios del Sur y negó haber participado en la convocatoria del encuentro que se celebró en su finca particular, aunque dijo no recordar quién le había citado. 

Suárez también desmintió haber pedido que el Ayuntamiento de Arona aprobase licencias urbanísticas con informes desfavorables que le afectaran directamente: "Nunca he comprado a nadie". Hay que recordar que varias promociones residenciales de Gomasper, empresa de la que es propietario, recibieron permisos del Consistorio en parcelas de uso hotelero donde, en las mismas fechas, se informaba en contra de la urbanización que impulsaba la familia Ansorena, a los que presuntamente se extorsionó para que pagaran 45 millones de pesetas

En los pinchazos telefónicos interceptados durante la investigación, un empresario que nunca se llegó a identificar, durante una conversación con el exconcejal Juan José Alayón, se refirió a Pedro Suárez como "el hombre de los negocios de ATI". El dueño de Gomasper y vicepresidente del CD Tenerife, sin embargo, aseguró que pertenece "a una familia pobre, en contra de lo que la gente piensa".

El exalcalde González Reverón, que declaró como testigo, admitió que las reuniones para desbloquear las licencias urbanísticas se llevaron a cabo "fuera del Ayuntamiento", y aseveró que el objetivo era buscar el apoyo de los concejales socialistas para que se aprobaran los permisos con el mayor consenso posible.

Después de la reunión en la finca de Pedro Suárez, que para la Fiscalía se trató de una trampa para implicar en la concesión de licencias ilegales a los ediles del PSOE, los representantes socialistas pidieron asesoramiento al actual consejero del Cabildo de Tenerife José Antonio Valbuena, que les aconsejó que no votaran a favor si había informes jurídicos desfavorables. 

Este martes tendrá lugar la última sesión del juicio con la toma de nuevas declaraciones y la lectura de las conclusiones de la Fiscalía y el abogado de José Manuel Rodríguez.