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El fiscal pide siete años de inhabilitación para Gumersindo García

Anticorrupción acusa al exalcalde de Candelaria y al exconcejal de Urbanismo de prevaricación por adjudicar sin concurso varias obras al empresario Antonio Plasencia / La defensa pide la absolución

La Fiscalía Anticorrupción de Santa Cruz de Tenerife solicita siete años de inhabilitación especial por un delito de prevaricación para Gumersindo García, exalcalde de Candelaria, y Domingo Ramos, exconcejal de Urbanismo, por adjudicar sin concurso al empresario Antonio Plasencia las obras de reforma de varias instalaciones del campo de fútbol de Barranco Hondo, que generaron un coste total de 243.000 euros para el Ayuntamiento tinerfeño.

El Ministerio Público rebaja en un año la petición inicial de penas para los dos acusados, para los que solicitaba inicialmente ocho años de inhabilitación, al reconocer la existencia de dilaciones indebidas en la causa, tras la celebración en la mañana de este jueves de la única sesión de la vista oral, que tuvo lugar en el nuevo edificio judicial de La Laguna. El abogado de Gumersindo García y Domingo Ramos reclama la libre absolución y plantea una vulneración de derechos de sus representados al haberles costado este caso su carrera política. 

Aunque el fiscal, Jaime Serrano-Jover, admite que los dos acusados "no sacaron provecho" con la adjudicación a la empresa Promotora Puntalarga de las obras sin el obligatorio concurso público, considera que eran conocedores de la ilegalidad que cometieron en el proceso de contratación. El abogado de la defensa, Jorge Díaz, por su parte, reconoce que "podría haber existido un ilícito administrativo", pero aclara que "no un delito de prevaricación".  

Los hechos se remontan al año 2004, cuando se llevó a cabo la contratación de la empresa de Antonio Plasencia, que acudió al Juzgado como testigo pero finalmente no declaró al desestimarlo las partes, para reformar las instalaciones deportivas del campo de fútbol de Barranco Hondo, donde un año antes la propia Promotora Puntalarga había acometido los trabajos para la instalación de césped artificial. Las mejoras se adjudicaron de tres veces por un total de 98.000 euros, muy por encima de los 60.000 euros que fija la Ley como límite que obliga a convocar un procedimiento abierto. Para la Fiscalía, detrás de la forma de operar del Ayuntamiento había una intencionalidad de "fraccionar" los contratos para eludir el concurso público.

El expediente estuvo plagado de irregularidades, como la falta de un control previo del gasto de la obra y de otras cuestiones técnicas que fueron puestas sobre aviso en un informe de una aparejadora municipal, que fue despedida del Ayuntamiento de Candelaria tras elaborar un dictamen desfavorable en 2009.

 

Sobrecoste

Las alarmas saltaron cuando la empresa presentó facturas por 324.00 euros, un montante muy superior al precio de la adjudicación. El interventor, Nicolas Rojo, planteó reparos al pago de las cuantías solicitadas por Promotora Puntalarga, y el Ayuntamiento de Candelaria, finalmente, desembolsó un total de 243.000 euros, lo que supuso un sobrecoste del 148% para las arcas públicas.

Para el fiscal Jaime Serrano-Jover, los acusados "no cumplieron prácticamente con nada", al recurrir a un "fraccionamiento evidente", eludir la fiscalización previa de la Intervención municipal y "obviar la posibilidad de acudir a una mesa de contratación". Concluye el representante del Ministerio Público que tanto Gumersindo García como Domingo Ramos “tenían conocimiento de todo ello” y provocaron con su actuación "consecuencias injustas para el resto de ciudadanos".

 Durante su declaración, el exalcalde del PSOE intentó desmarcarse en todo momento de su participación directa en el expediente. Aseguró que solo examinó los contratos "por encima" y que la persona que llevó la iniciativa fue, precisamente, "Domingo Ramos", el otro acusado. Una y otra vez, Gumersindo García insistió en su desconocimiento de los hechos: "No sé por qué no salió a concurso porque no participé en esa contratación". Ante la insistencia del fiscal, el exdirigente socialista reconoció que hubo irregularidades en el expediente, pero que se enteró "con posterioridad", en concreto, cuando se fueron a pagar las facturas a la adjudicataria.

El exconcejal de Urbanismo también se desvinculó, pese a su cargo, de cualquier responsabilidad directa en la adjudicación. Al igual que García, Domingo Ramos admitió que "es evidente que lo que hicimos en esa obra no fue correcto, por eso estamos aquí", pero se lavó las manos sobre la decisión última, que atribuyó "a la técnico municipal". 

Ramos terminó por reconocer que si hubieran pedido un informe a la secretaria municipal "hubieran salido de dudas". Aunque le costó, tras varias preguntas del fiscal, señaló al exalcalde como el responsable de "firmar los contratos". Según declaró, la decisión de elegir a Promotora Puntalarga se basó en que "la empresa ya estaba dentro del campo de fútbol y era la oferta más ventajosa".