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Un perito afirma que las licencias de la casa del exalcalde son ilegales

Un dictamen encargado por el Juzgado concluye que los permisos que concedió el Ayuntamiento de Candelaria para la construcción y reforma de la vivienda de Sindo García incumplían el planeamiento

Un extenso informe elaborado por el arquitecto Juan Jesús Cabrera, encargado por el Juzgado de Instrucción Número 1 de Güímar, concluye que las dos licencias concedidas por el Ayuntamiento de Candelaria al exalcalde Gumersindo García para construir y reformar su vivienda son ilegales. A lo largo de un dictamen de 52 folios, al que ha tenido acceso mirametv.com, el perito judicial da la razón al técnico municipal que en 2013 alertó de presuntas irregularidades en el expediente, Federico López del Amo.

El exdirigente del PSOE y el exconcejal de Urbanismo Domingo Ramos tuvieron que declarar en calidad de imputados por la concesión de las licencias, tras una denuncia presentada por el exportavoz del PP José Fernando Gómez. Tras la conclusión del dictamen pericial, la instrucción entra ahora en la recta final. 

En el informe se destaca que las licencias de obra aprobadas por el Consistorio tinerfeño "no tienen cobertura legal urbanística". El perito recuerda que tanto el permiso para la construcción de la vivienda, que se otorgó en 2006, como el posterior para la reforma del inmueble, de 2012, tienen "incumplimientos urbanísticos que hubiesen sido suficientes por sí mismos, cada uno de ellos, para que no se hubiesen concedido por incumplir el planeamiento vigente en cada momento".  

Según el criterio del experto, la licencia de obra inicial incumplía los parámetros de edificabilidad, de ocupación en sótano, el retranqueo de las construcciones auxiliares, y las alineaciones y rasantes. El perito recuerda que el permiso no tuvo en cuenta la existencia de una edificación que no se computó en el proyecto, por lo que la licencia no podía haber sido concedida "sin el correspondiente proyecto de demolición", que nunca se presentó. En el dictamen se concluye que la primera de las licencias no cumple ni con las Normas Subsidiarias de 1987, ni con el Plan General de Ordenación (PGO) aprobado provisionalmente, ni "con la concurrencia de ambos". 

Algo similar ocurre con el permiso que en 2012 se concedió para la reforma del inmueble, en la que, entre otras irregularidades detectadas, se proponía un aumento de la superficie del sótano, por lo que tenía que haberse tramitado "como una nueva licencia de obra mayor y acogerse al planeamiento vigente". También se incumplían otros parámetros urbanísticos como la edificabilidad, el tipo de cerramiento frontal de la parcela, así como, de nuevo, las alineaciones y rasantes.

Otro de los aspectos cuestionados por el perito judicial en su dictamen es la tipología arquitectónica de la vivienda. El experto asevera en su informe que se aprecia "un interés de ocultar el carácter rural que tiene que prevalecer" según la normativa municipal vigente. 

 

Revisión de oficio

No hay que olvidar que el pasado mes de noviembre, técnicos del Ayuntamiento de Candelaria pidieron en un informe la revisión de oficio de las licencias al apreciar la posible existencia de causas de nulidad.

La petición de la revisión de oficio que realizaron las juristas muncipales María Eugenia Barreto y María del Pilar Chico surgió a raíz del recurso que contra ambas licencias presentó otro técnico municipal, Federico López del Amo. El aparejador del Ayuntamiento de Candelaria solicitó en octubre de 2013 que se emitiera un nuevo pronunciamiento sobre los permisos urbanísticos, después de advertir en un informe que elaboró el 5 de junio de ese año, sobre la autorización de la primera ocupación, que la vivienda vulneraba lo dispuesto por el Texto Refundido del Plan General de Ordenación.

Un criterio que corroboró otro informe técnico fechado el 28 de julio de 2015, en el que se concluye que el inmueble incumple el planeamiento "por las construcciones auxiliares existentes". En 2012, la Oficina Técnica ya alertó de que el proyecto omitía una edificación de 107 metros cuadrados que existía en la parcela.

Los escenarios que el derecho urbanístico abre ante estas situaciones son muy amplios. Con independencia de las responsabilidades que se pueden dirimir en la vía penal, donde se investiga si el exalcalde y el exconcejal de Urbanismo actuaron a conciencia a la hora de adjudicar las licencias supuestamente ilegales, de anularse los permisos habría que instar al derribo de la parte de lo edificado que no cumpla con el PGO y la legalización, si cabe, del resto de la construcción.