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El juez eleva al Supremo la causa contra la senadora Milagros Pérez

Un auto concluye que hay indicios de prevaricación continuada en una veintena de contratos de la exalcaldesa de Santa Úrsula / Recuerda que su aforamiento se produjo con la instrucción finalizada

El Juzgado de Instrucción de La Orotava ha elevado a la Sala Segunda del Tribunal Supremo la causa contra la exalcaldesa de Santa Úrsula Milagros Pérez, que en las pasadas elecciones generales adquirió la condición de aforada como senadora del PP por Tenerife. Así consta en un extenso de auto de 33 folios, al que ha tenido acceso mirametv.com, en el que el juez Sergio Oliva concluye que existen indicios de prevaricación continuada en una veintena de contrataciones que se llevaron a cabo en el Ayuntamiento tinerfeño en los años 2011 y 2012.

El juez asume los planteamientos de la Fiscalía, que en febrero solicitó que la causa pasara al Tribunal Supremo al adquirir Milagros Pérez su acta como senadora en los comicios de diciembre. Al igual que el Ministerio Público, el responsable de la instrucción ratifica que la actuación de la exalcaldesa fue "arbitraria", en unas contrataciones en las que "se prescindió total y completamente del procedimiento legal".

En su exposición motivada, el juez recuerda que la investigación ha tenido una "amplia trayectoria, con multitud de diligencias practicadas" que llevaron al instructor en julio a considerar que los hechos denunciados por la Fiscalía "eran indiciariamente constitutivos de un delito de prevaricación continuada". Durante las diligencias se tomó testimonio a un total de 33 testigos.

Aunque la instrucción acabó en julio, tal y como se recuerda en el auto, y el Juzgado abrió la fase de procedimiento abreviado, paso previo a la convocatoria del juicio oral, el PP colocó a Milagros Pérez como candidata al Senado, acta que logró en las elecciones de diciembre. La estrategia política ha obligado a que el juez eleve ahora la causa al Tribunal Supremo, que pasa a ser el competente para enjuiciar a la exalcaldesa.

Ahora se plantea la duda sobre la decisión que tomará el PP con respecto a Milagros Pérez si se repiten los comicios en el mes de junio, toda vez que el procedimiento penal ya ha sido trasladado al Tribunal Supremo.

En el auto dictado por el juez Sergio Oliva también se alude a que se siga la instrucción en el Supremo contra el otro investigado en el procedimiento, el exprimer teniente de alcalde Víctor Hernández, pese a no estar aforado, al considerar que "no parece que sea posible tramitar separadamente la causa". En el auto se alude a que "estamos ante unos hechos únicos", en los que el concejal socialista "habría participado según los casos en calidad de autor o de partícipe por cooperación necesaria en este único delito continuado de prevaricación".

 

Hechos

Entre los expedientes investigados se encuentra un decreto firmado por Milagros Pérez en agosto de 2011 para llevar a cabo la incorporación de un capataz agrícola, "simulada a través de la figura de la contratación de servicios sin publicidad", por un importe mensual de 1.711 euros durante un período de diez meses. Todo ello en contra del criterio del abogado municipal y del interventor, que advirtieron de que lo "procedente sería acudir a los procesos selectivos".

Cuando se cumplieron los diez meses, en esta ocasión a través de un decreto de Víctor Hernández de julio de 2012, "con el visto bueno de la investigada Milagros Pérez", se firmó un nuevo contrato con la misma remuneración pero con una duración de 33 meses. El jurista del Consistorio volvió a alertar de que se incumplía la legislación vigente en materia de acceso de personal. De nuevo, las advertencias cayeron en saco roto. 

Pero las irregularidades de este expediente no terminaron ahí. En noviembre de 2012, cuando solo habían transcurrido cuatro meses de la segunda contratación, la exalcaldesa del PP decidió rescindir el acuerdo y conceder una indemnización al capataz agrícola de 5.028 euros. El beneficiado "fue alumno de clases particulares de EGB del investigado Víctor Hernández".

Un ejemplo similar encuentra el Ministerio Público en la contratación de Carolina Rodríguez como técnico del área de Obras y Servicios, a través de un decreto firmado por Milagros Pérez en agosto de 2011, con una remuneración de 1.636 euros y una periodicidad de diez meses. La historia se repite casi de manera idéntica. Cuando expira la relación laboral, que se simula a través de una prestación de servicios, el primer teniente de alcalde, en julio de 2012, autoriza un nuevo contrato en el que no solo se amplía la duración a 31 meses, sino que también se incrementa el sueldo de la beneficiada hasta los 1.850 euros mensuales. 

Como en el primer caso, el abogado del Ayuntamiento y el interventor municipal pusieron de manifiesto que el procedimiento elegido no era el adecuado, además de advertir de que el argumento que se había dado para justificar la contratación, reforzar a la Oficina Técnica ante la carga de trabajo existente, "no procede" porque la actividad del departamento había "decaído considerablemente por la situación de crisis".

Una vez más, cuando solo habían transcurrido cuatro meses del segundo contrato, la exalcaldesa decidió despedir a la técnico y aprobar una indemnización de 4.976 euros. En este caso, también existen vínculos entre la beneficiada y los políticos, tal y como recordó la Fiscalía al afirmar que "la contratación de Carolina Rodríguez se inició a través de su amiga Estefanía Rodríguez, que era la asesora política del investigado Víctor Manuel". El mismo modus operandi se siguió en las contrataciones, y posterior despido, de Palmira Álvarez como técnico en psicomotricidad. Siempre en contra de los criterios manifestados por los filtros de fiscalización del Ayuntamiento tinerfeño.

 

Bolsa de trabajo

Especial mención merece otro de los casos destacados por el fiscal en su escrito. En septiembre de 2011, Milagros Pérez acordó la contratación, a través de una prestación de servicios, de Pedro Perera como técnico pedagogo (1.800 euros durante diez meses). Las irregularidades, que también fueron alertadas por el abogado municipal, son más flagrantes si cabe porque en el momento en el que se dictó el decreto de la exalcaldesa "se encontraba en vigor la bolsa de trabajo para psicólogo como personal laboral no permanente", creada tan solo siete meses antes por el anterior Gobierno local.

Llamativo también es el ejemplo de la contratación de Noelia Martínez, cuyo hermano mantenía una relación sentimental con la concejala Tamara Medina. O la de Marilyn de Jesús Correa, prima del por entonces concejal Valentín Correa, que incluso le llegó a indicar que se diera de alta como autónoma para ser incorporada en el Consistorio.   

La ingeniería del Ayuntamiento de Santa Úrsula para camuflar las contrataciones ilegales no acabó ahí. El fiscal hace una mención especial a la conexión que se creó con la empresa de trabajo temporal Adecco, a través de la que se realizaron seis contrataciones presuntamente ilegales.

La Fiscalía y el juez instructor inciden en que la exalcaldesa alcanzó un acuerdo con Adecco para simular que la empresa participase en la selección de los seis beneficiados que quería colocar en el Consistorio, cuando la realidad era que ya habían sido previamente seleccionados y "directamente designados" por la propia Milagros Pérez. Dos de esas personas, María de los Ángeles García y Clemente Correa, mantenían vínculos directos con el PP. La primera se presentó a los comicios locales como número 10 de la lista conservadora, mientras que el segundo "colaboró activamente" en la campaña electoral de 2011.