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La Fiscalía pedirá al Supremo investigar a una senadora del PP

El Ministerio Público concluye que Milagros Pérez prevaricó de forma continuada en una veintena de contrataciones y solicita que se acredite la condición de aforada de la exalcaldesa de Santa Úrsula

Un extenso escrito elaborado por el fiscal Santiago Guibert, al que ha tenido acceso mirametv.com, pone contra las cuerdas el futuro político de Milagros Pérez, senadora del PP por la isla de Tenerife desde las pasadas elecciones de diciembre. A lo largo de doce folios, el representante del Ministerio Público relata al detalle unos hechos de los que considera que "se aprecian indicios suficientes de la comisión de un delito continuado de prevaricación" por parte de la exalcaldesa de Santa Úrsula, a raíz de una veintena de contrataciones que se llevaron a cabo durante los años 2011 y 2012. 

La Fiscalía, que también ve responsabilidad penal en las actuaciones del por entonces socio del PP en el Ayuntamiento tinerfeño, el concejal del PSOE Víctor Hernández, pide al Juzgado de Primera Instancia e Instrucción Número 1 de La Orotava que "se acredite en autos la condición de senadora de la investigada Milagros Pérez". No hay que olvidar que la exalcaldesa pasó a estar aforada tras los pasados comicios de diciembre, cuando su partido decidió colocarla de candidata a la Cámara Alta pese a que ya la jueza instructora había finalizado la investigación y apreciado indicios suficientes para la apertura de juicio oral.

El Ministerio Público recuerda en el escrito que, una vez que se acredite formalmente la condición de senadora de Milagros Pérez, "se elaborará una exposición motivada de hechos que deberá remitirse a la Sala Segunda del Tribunal Supremo". Consciente del retraso que este trámite puede provocar en una causa que ya estaba vista para juicio, Santiago Guibert también reclama que "se interese la declaración de complejidad" de las actuaciones, al "presumir que no podrá razonablemente completarse en el plazo" que fija la Ley de Enjuiciamiento Criminal tras, precisamente, la reciente reforma aprobada por el Gobierno del PP. De aceptarse la propuesta del fiscal, la instrucción se podría prorrogar durante 18 meses y hasta un máximo de tres años.

No parece que sea necesario agotar el plazo, ya que el representante del Ministerio Público adelanta gran parte de sus conclusiones en el escrito enviado al Juzgado de Instrucción de La Orotava, en el que repasa hasta once expedientes en los que considera que la senadora del PP actuó con "ánimo de imparcialidad y el injusto fin de eludir la aplicación imperativa de los principios constitucionales de igualdad y mérito"

Es el caso de un decreto firmado por Milagros Pérez en agosto de 2011 para llevar a cabo la incorporación de un capataz agrícola, "simulada a través de la figura de la contratación de servicios sin publicidad", por un importe mensual de 1.711 euros durante un período de diez meses. Todo ello en contra del criterio del abogado municipal y del interventor, que advirtieron de que lo "procedente sería acudir a los procesos selectivos".

Cuando se cumplieron los diez meses, en esta ocasión a través de un decreto de Víctor Hernández de julio de 2012, "con el visto bueno de la investigada Milagros Pérez", se firmó un nuevo contrato con la misma remuneración pero con una duración de 33 meses. El jurista del Consistorio volvió a alertar de que se incumplía la legislación vigente en materia de acceso de personal. De nuevo, las advertencias cayeron en saco roto. 

 

Indemnizaciones

Pero las irregularidades de este expediente no terminaron ahí. En noviembre de 2012, cuando solo habían transcurrido cuatro meses de la segunda contratación, la exalcaldesa del PP decidió rescindir el acuerdo y conceder una indemnización al capataz agrícola de 5.028 euros. El beneficiado, como recuerda el fiscal en su escrito, "fue alumno de clases particulares de EGB del investigado Víctor Hernández".

Un ejemplo similar encuentra el Ministerio Público en la contratación de Carolina Rodríguez como técnico del área de Obras y Servicios, a través de un decreto firmado por Milagros Pérez en agosto de 2011, con una remuneración de 1.636 euros y una periodicidad de diez meses. La historia se repite casi de manera idéntica. Cuando expira la relación laboral, que se simula a través de una prestación de servicios, el primer teniente de alcalde, en julio de 2012, autoriza un nuevo contrato en el que no solo se amplía la duración a 31 meses, sino que también se incrementa el sueldo de la beneficiada hasta los 1.850 euros mensuales. 

Como en el primer caso, el abogado del Ayuntamiento y el interventor municipal pusieron de manifiesto que el procedimiento elegido no era el adecuado, además de advertir de que el argumento que se había dado para justificar la contratación, reforzar a la Oficina Técnica ante la carga de trabajo existente, "no procede" porque la actividad del departamento había "decaído considerablemente por la situación de crisis".

Una vez más, cuando solo habían transcurrido cuatro meses del segundo contrato, la exalcaldesa decidió despedir a la técnico y aprobar una indemnización de 4.976 euros. En este caso, también existen vínculos entre la beneficiada y los políticos, tal y como recuerda la Fiscalía al afirmar que "la contratación de Carolina Rodríguez se inició a través de su amiga Estefanía Rodríguez, que era la asesora política del investigado Víctor Manuel". El mismo modus operandi se siguió en las contrataciones, y posterior despido, de Palmira Álvarez como técnico en psicomotricidad. Siempre en contra de los criterios manifestados por los filtros de fiscalización del Ayuntamiento tinerfeño.

Especial mención merece otro de los casos destacados por el fiscal en su escrito. En septiembre de 2011, Milagros Pérez acordó la contratación, a través de una prestación de servicios, de Pedro Perera como técnico pedagogo (1.800 euros durante diez meses). Las irregularidades, que también fueron alertadas por el abogado municipal, son más flagrantes si cabe porque en el momento en el que se dictó el decreto de la exalcaldesa "se encontraba en vigor la bolsa de trabajo para psicólogo como personal laboral no permanente", creada tan solo siete meses antes por el anterior Gobierno local.

El escrito del Ministerio Público relata una por una la veintena de contrataciones que considera contrarias al ordenamiento, aunque el modo de proceder siempre era el mismo: contratos sin respetar la publicidad e igualdad de acceso, simulados a través de prestaciones de servicios. En prácticamente todos ellos, el fiscal encuentra algún vínculo personal entre los beneficiados y los dos políticos investigados. 

Llamativo es el ejemplo de la contratación de Noelia Martínez, cuyo hermano mantenía una relación sentimental con la concejala Tamara Medina. O la de Marilyn de Jesús Correa, prima del por entonces concejal Valentín Correa, que incluso le llegó a indicar que se diera de alta como autónoma para ser incorporada en el Consistorio.   

La ingeniería del Ayuntamiento de Santa Úrsula para camuflar las contrataciones ilegales no acabó ahí. El fiscal hace una mención especial a la conexión que se creó con la empresa de trabajo temporal Adecco, a través de la que se realizaron seis contrataciones presuntamente ilegales.

La Fiscalía incide en que la exalcaldesa alcanzó un acuerdo con Adecco para simular que la empresa participase en la selección de los seis beneficiados que quería colocar en el Consistorio, cuando la realidad era que ya habían sido previamente seleccionados y "directamente designados" por la propia Milagros Pérez. Dos de esas personas, María de los Ángeles García y Clemente Correa, mantenían vínculos directos con el PP. La primera se presentó a los comicios locales como número 10 de la lista conservadora, mientras que el segundo "colaboró activamente" en la campaña electoral de 2011.